Con el argumento de “delitos de usurpación” el fiscal avanza en el juicio oral y público. La toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se dio en el marco de una lucha que comenzó con un paro de los docentes universitarios de todo el país en el 2018. Se dio por reclamos salariales y se extendió luego al movimiento estudiantil, que levantó sus propias demandas a las autoridades universitarias.
En la resolución del fiscal Hairabedian también se incorpora el pedido de iniciar una causa paralela a la abogada y docente universitaria Leticia Celli por el simple hecho de asesorar legalmente a los estudiantes, lo que implica un grave ataque a las libertades democráticas y al ejercicio de la profesión.
El insólito e inédito caso del pedido de juicio tiene el objetivo de sembrar un grave precedente donde todo estudiante que defiende los ataques a la educación púbica con los métodos tradicionales y democráticos, es perseguido por el poder judicial. Desde la vuelta de los gobiernos constitucionales a esta parte nunca se llevó a cabo un procesamiento a estudiantes por la toma de un edificio, un método extendido a lo largo de la historia del movimiento estudiantil de nuestro país y del mundo.
Cuando se trata de quienes pelean por sus derechos, en un contexto de ajuste, la justicia federal tiene una velocidad inusual, no pasa lo mismo cuando se trata de empresarios, negocios mafiosos de las fuerzas de seguridad o mujeres que denuncian violencia.
La decisión quedará en manos de Hugo Vaca Narvaja, quien a pesar de su perfil "progresista" y de querer jugar de árbitro durante el conflicto del 2018, fue uno de los primeros en avanzar con los procesamientos a los 27 estudiantes y la abogada y docente universitaria Leticia Celli. | 
