Luego de los hechos ocurridos el pasado sábado en un comunicado publicado este lunes, Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, buscó deslindarse de toda responsabilidad mencionando que “La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal”, en el mismo el gobernador llamó a que cada nivel de gobierno haga su trabajo pues según sus dichos, en Jalisco su administración ha cumplido con su parte disminuyendo los delitos de fuero estatal.
En respuesta Andrés Manuel López Obrador indicó que se reforzará la vigilancia con más elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, recalcando que desde hace ya varios meses su gobierno se coordina con el gobierno de Jalisco y que existe una importante presencia de la Guardia Nacional.
El multihomicidio en Tonalá se suma al atentado en el restaurante Los Otates, así como a la balacera que dejó 5 muertos en Tlaquepaque, todo el pasado mes de febrero.
Es importante mencionar que este caso se suma también al asesinato por parte de elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos de Giovanni López quien era también trabajador de la construcción, este hecho ocasionó diversas movilizaciones encabezadas por la juventud que terminaron con privaciones de la libertad de decenas de jóvenes que se manifestaban en las inmediaciones de la Fiscalía General de Jalisco.
Entre el narcotráfico y la represión estatal
Ante la desaparición de los jóvenes durante las movilizaciones por justicia para Giovanni, Enrique Alfaro declaró primero que elementos de la Fiscalía habían actuado por su cuenta y que estaba infiltrada por el crimen organizado, después mencionó que la institución de justicia gozaba de autonomía, al mismo tiempo que intentó cooptar de forma torpe a algunas de las víctimas de la represión, quienes después se delimitaron y denunciaron las maniobras para desmovilizar y simular acciones para democratizar las instituciones políticas.
A todos estos hechos de violencia se suman mas de 11 mil personas desaparecidas en el estado, hecho que ningún gobierno ha podido frenar y son las familias de personas desaparecidas quienes siguen luchando por dar con el paradero de las víctimas que en medio de esta difícil situación se enfrentan no sólo al asedio y acoso de los grupos del crimen organizado sino también a incontables trabas por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.
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Militarización, continuación de la guerra contra el narcotráfico
La nula respuesta de Enrique Alfaro ante la profunda violencia se suma a una impotente y poco racional solución propuesta por el gobierno federal quien sugiere que la medida a la actual crisis de violencia en Jalisco y otros estados es mayor militarización, utilizando así la misma fórmula que han usado los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Calderón.
En México, la guerra contra el narcotráfico que tantas vidas ha costado continúa y lejos de acabarse se profundiza con nuevas corporaciones como la Guardia Nacional que siguen llevando adelante una política de exterminio con 80 mil desaparecidos y desaparecidas y cientos de miles de asesinados, así mismo esta nueva corporación tuvo su flamante estreno en la represión de cientos de migrantes y refugiados que buscaban llegar a los Estados Unidos.
No podemos olvidar tampoco que fueron elementos de la Marina quienes en 2018 desaparecieron al joven Ulises Adair Cardona Flores en el municipio de Tecatitlán, Jalisco.
Todas las fuerzas represivas que AMLO podría enviar como refuerzo para combatir el crimen organizado están cuestionadas, ya sea la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina, la situación actual no podría mejorar con el aumento de la militarización muy por el contrario se esperaría que subieran los índices de desaparición forzada, feminicidios y violaciones a los derechos humanos.
Impulsar un amplio movimiento democrático contra la militarización
El fin de la violencia no vendrá de la mano de Alfaro o del gobierno federal, ya que la única salida que proponen ambos es la militarización.
La salida real reside en la organización del pueblo pobre y trabajador, de quienes resentimos todos los días la violencia en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo, en las rutas de transporte, en los jóvenes que han salido a repudiar la violencia y han realizado importantes experiencias de organización reclamando por la aparición de les desaparecides, en los familiares de desaparecides que llevan años luchando contra la violencia y las instituciones del Estado que no pueden resolver el problema que ellos mismos han creado.
Es necesario que las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicatos y la izquierda bregue por construir un movimiento amplio y democrático en contra de la militarización del país, porque no confiamos en su policía ni en su Guardia Nacional.
Por otro lado, la guerra contra las drogas es un gran negocio capitalista, que, sobre la ilegalidad, desarrolla el poder de carteles de la droga, que recaudan anualmente más de 500 billones de dólares a nivel mundial.
Ante este escenario, la legalización de las drogas sería una medida elemental para desbaratar las redes entre mafias y empresarios de esta sangrienta “rama de la producción” capitalista. Para combatir realmente el narcotráfico hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.
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