Hace casi un mes Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, celebraba la preservación del yaguareté a partir del nacimiento de dos cachorros en El Impenetrable. En esta misma región este viernes las comunidades qom y criolla de Interfluvio Teuco-Bermejito, en El Espinillo, realizaron tres cortes de ruta para oponerse al ingreso de representantes de la empresa china Feng Tian Food, que a partir de la firma de un convenio con el gobernador se propone instalar megagranjas porcinas en sus territorios.
La comunidad, que posee títulos de propiedad sobre esas 150 000 hectáreas, denuncia que el acuerdo se realizó sin consulta previa, libre e informada, el paso legal obligado según el Convenio 169 de la OIT para toda incursión que afecte sus modos de vida y los ecosistemas en que se desarrollan. A su vez, rechazan la ausencia de intérpretes que traduzcan a la lengua qom la letra del convenio suscrito entre el Gobierno provincial y la empresa china de capitales privados y estatales. En la asamblea del jueves los pobladores de distintos parajes de El Impenetrable reafirmaron su repudio al convenio y anticiparon que seguirán denunciando lo que consideran un perjuicio para la población.
Según informaron las comunidades, el intendente de El Espinillo, Zenón Cuéllar, recibiría este viernes a los inversores chinos con el fin de suscribir un convenio para instalar complejos porcinos en Interfluvio Teuco-Bermejito, una zona en la que desde hace tiempo se reportan desmontes ilegales de bosque nativo.
“El señor Cuéllar tiene que respetar a los pobladores”, dice un integrante de la comunidad qom ante la presencia policial en pleno corte. “Todos sabemos: el documento de él es de acá, pero el día viernes no vive acá. Nosotros y los amigos criollos vivimos en El Espinillo”. Otro protestó: “Mandan la Policía, como siempre”.
“No queremos aceptar gente extraña porque queremos conservar nuestros recursos naturales, nuestros trabajos tradicionales”, explica Carlos Leiva, integrante de la comunidad qom, que agrega que el intendente trabaja de manera “muy arbitraria” y que “se la pasa hostigando a las comunidades para que acepten cualquier proyecto”.
Extractivismo en Chaco
“Estoy a disposición para seguir trabajando por la defensa de la biodiversidad y la potenciación de nuestra flora y nuestra fauna”, había dicho el gobernador Capitanich a propósito del nacimiento de los cachorros de yaguareté. Sin embargo, según Greenpeace la provincia ostenta el récord de desmontes en los últimos tres años, y el gobernador chaqueño fue quien debutó con la firma del acuerdo porcino con la empresa china cuando la perspectiva de arribar a un memorándum de entendimiento entre Estados obtuvo los primeros escollos gracias a la movilización popular.
Estos megacomplejos porcinos son denunciados a nivel mundial por su potencial pandémico y la generación de virus de origen zoonótico. La propia China tercerizó la producción a causa de la gripe porcina africana por la que sacrificó cientos de millones de cerdos en 2018. También hubo problemas en Italia, México (como cuentan en el documental Una laguna negra), Chile y otros países.
Empresas y Gobiernos se ponen de acuerdo de espaldas a las comunidades y sin hacer estudios de impacto ambiental ni sanitario. Estos emprendimientos para la exportación de carne acarrean serios problemas sanitarios, sociales y ambientales por la cantidad de desechos que los cerdos eliminan. Estos megacomplejos, además, buscan ser instalados en zonas en emergencia hídrica, como la provincia de Chaco, afectando a su vez la calidad del aire, el agua y el suelo.
Aunque no tienen licencia social y se los intenta imponer sin consulta a las comunidades, los Gobiernos apelan a una supuesta generación de puestos de trabajo (que en verdad son pocos y de mala calidad), entre otras falacias del relato extractivista que a su paso deja contaminación y pobreza.
“Cada complejo estará integrado por cinco granjas de 2400 madres cada una; un frigorífico exportador; una planta de biodiésel; un biodigestor con generación de energía; y una planta de alimentos balanceados”, había anunciado Sebastián Lifton, ministro de Producción, Industria y Empleo, en octubre pasado. El requisito para ser “zona de elección” de este megaplan es contar con un lote de al menos cien hectáreas en una región en la que sea posible sembrar unas 12 000 hectáreas de maíz y otras 5000 de soja, proveyendo a su vez un millón y medio de litros de agua por día. Las comunidades están decididas a no dejar que rematen sus territorios ni los conviertan en zonas de sacrificio.
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