El lunes 8, el Supremo Tribunal Federal anuló todas las condenas de Lula hechas por la justicia de Paraná, aunque aún la Fiscalía General de la Nación puede apelar y revocar la decisión. Es necesario que la CUT organice a la clase obrera por la anulación de todos los procesos de Lula y por un plan de emergencia de la clase obrera contra la crisis sanitaria.
Para manipular las elecciones de 2018 y garantizar la victoria de Bolsonaro, el Poder Judicial, con la Corte Suprema a la cabeza, fueron un pilar del golpe de 2016, incluyendo varias reformas y privatizaciones que atacaron a la clase trabajadora. Estos mecanismos han servido para constituir un régimen político más autoritario y más acorde con los intereses de los grandes capitalistas, mientras la mayoría de la población sufre los efectos de la pandemia y la crisis económica. La restitución de los derechos políticos de Lula es un derecho democrático básico, pero no garantizado por el juez Fachin (quien, de hecho, implementó una maniobra este lunes para liberar el rostro de Moro y preservar el Lava-Jato).
Por otro lado, Bolsonaro y los gobernadores descargaron la crisis sanitaria y económica abierta por la pandemia sobre los trabajadores más pobres. Mientras tanto las grandes centrales sindicales permanecen en cuarentena y no llevan a cabo un plan de lucha nacional en defensa de los derechos mínimos de los trabajadores, como ayuda de emergencia para todos los desempleados, pruebas masivas y producción masiva de vacunas.
Bajo la administración de Bolsonaro, aunque hubo desacuerdos temporales entre el presidente y el Congreso, se aprobó una reforma previsional acordada por el Senado, la Cámara (de diputados), el Supremo Tribunal Federal (STF) y la presidencia, quitando derechos y aumentando la explotación de los trabajadores. En la pandemia, no hubo ningún esfuerzo para una organización científica de la cuarentena, con pruebas masivas, que incluso ahora es una medida muy necesaria.
En el plan económico neoliberal, miles de trabajadores fueron despedidos, o bien habían suspendido contratos y reducido salarios con el MP 936 (que permite despidos y suspensiones), que podría ser derogada. El gran alivio de la popularidad de Bolsonaro fue con la distribución de una ayuda de emergencia, con el fin de contener la revuelta masiva dada la miseria derivada de la crisis económica.
Por otro lado, en la izquierda, por así decirlo, el PT, que desde 2016 aceptó el golpe institucional y las manipuladas elecciones de 2018 sin resistencia real, ni siquiera movilizó a sus sindicatos de la parálisis desde el inicio de la pandemia, entre ellos está la Central Única de Trabajadores (CUT) o la Central de Trabajadore de Brasil (CTB). Ni la CUT ni la CTB (encabezada por el PCdoB), las centrales sindicales más grandes, organizaron huelgas masivas para bloquear el avance de la reforma de las pensiones. El PT en vez de fortalecer la huelga petrolera, para que se expandiera a nivel nacional y revirtir los despidos, sirvió para gestionar burocráticamente las huelgas que se estaban produciendo y terminarlas con acuerdos.
La CUT tampoco estuvo presente en la lucha por las pruebas masivas para la población, luchando por mejores condiciones laborales para los profesionales de la salud, una ayuda de emergencia de $ 2.000 reales para los desocupados, o la reorientación industrial de las fábricas automotrices para la producción de insumos. como respiradores y oxígeno, teniendo bases aliadas con los metalúrgicos. Estas afirmaciones y acciones de salud salvarían miles de vidas y evitarían colapsos en los sistemas de salud, como los que ocurrieron en Manaos a principios de este año y que pueden ocurrir en otros estados.
Existe una necesidad urgente de que la CUT organice un plan de lucha nacional. Dada, por ahora, la anulación de las condenas de Lula, es necesario fortalecer la lucha organizada de la clase trabajadora, fortaleciendo y masificando las huelgas contra los despidos de Ford, estableciendo el control obrero de las fábricas para la producción de equipos hospitalarios, como máscaras y gas oxígeno para abastecimiento hospitalario, estableciendo una ley nacional que prohíba los despidos, exigiendo ayudas de emergencia de al menos un salario para los desempleados, sin contrapartida de ajustes fiscales y recortes en salud y educación.
Sin ninguna confianza en el STF, que devolvió los derechos políticos a Lula (quien aún puede sufrir un revés por parte de la Procuraduría General de la República) es decir, el poder judicial autoritario que fue pilar del golpe institucional de 2016 allanando el camino para el ascenso de la extrema derecha. Este proceso que profundizó la pobreza y el desempleo, con reformas económicas y antiobreras vuelve fundamental la necesidad de que las centrales sindicales salgan de la cuarentena y se movilicen por un plan nacional de luchas en defensa de los trabajadores.
Artículo original publicado en Esquerda Diário
Traducción: Salvador Soler |
