El encuentro tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dirigentes sindicales y empresarios del sector.
El presidente Alberto Fernández encabezó este martes un acto en el que firmó el decreto del régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz y anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Promoción Inversiones para ese sector y su cadena de valor.
El encuentro comenzó a la 11.30 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada y también participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, además de empresarios, dirigentes sindicales y directivos del sector.
El jefe de Estado firmó un decreto que implica la eliminación del régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz para las firmas que exporten este año, un monto superior en dólares respecto del año pasado. Esto quiere decir que para las empresas que exporten más que el año pasado (un año de ventas bajas por la crisis) les serán eliminados los impuestos de exportación.
Además, anunció el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Promoción Inversiones en la Industria Automotriz y su Cadena de Valor.
“Uno de los primeros actos como presidente a los que fui, fue en SMATA para hablar de la necesidad de construir un plan para el desarrollo de la industria automotriz a largo plazo. Les dije lo que sigo creyendo ahora, la actividad automotriz es para nosotros una suerte de nave insignia, entonces tiene que funcionar muy bien, producir y crecer mucho” arrancó el presidente.
“Visité varias automotrices. En todas los casos fuimos viendo cómo el sector en plena pandemia se recuperaba y apostaba al desarrollo y al crecimiento. Inclusive hacían inversiones fuertes en favor de ese crecimiento y desarrollo”, agregó. Esto es el reconocimiento más claro de que el Gobierno decide beneficiar más a patronales que no dejaron de ganar durante la pandemia.
Vale aclarar que este mismo martes trascendió que el complejo sojero se mantuvo como el principal sector exportador del país en 2020, a pesar de una caída interanual del 12,3%. En segundo lugar se ubicó el complejo maicero y en tercer lugar el sector automotriz.
Incluso, a costa de la salud de trabajadores y trabajadoras, dado que hubo varias denuncias por muertes y contagios en las fábricas automotrices, porque las patronales no cumplían los protocolos sanitarios y exponían a su personal.
En otro pasaje de su discurso, el presidente felicitó a sus “amigos sindicalistas”, presentes en el anuncio. Se refirió en dos oportunidades muy amigablemente a Antonio Caló (UOM) y a Ricardo Pignanelli (SMATA). “Han sido muy importantes como sindicalistas del SMATA y de UOM en el compromiso de ver cómo llevar adelante una recuperación de la actividad que hacía falta”, sostuvo. Claramente, si colaboraron el algo fue en el desarrollo de la actividad y las ganancias empresarias, no de los salarios de los trabajadores del sector. Menos en la protección de su salud en el marco de la pandemia.
Para finalizar, el presidente aseguró que esta “es la primera experiencia de lo que yo espero sean unas muchas experiencias” de las que se están discutiendo en el marco del “Consejo Económico y Social. Esto que empezó antes que el Consejo, que se concentró en un sector, yo espero se extienda a todos los demás sector de la economía”.
Antes que el presidente tomó la palabra el ministro de Economía Martín Guzmán. “Hace unos meses teníamos una imagen parecida que fue la del plan gas y lo mismo estamos haciendo con todos los sectores de la economía capaces de generar divisas, cuando pensamos en la estabilización macroeconómica y de forma más general alcanzar una economía tranquila, capaz de generar trabajo, agregar valor”, sostuvo.
Sin embargo, la industrial automotriz, además de generar enormes ganancias para unos pocos, es una fuente de pérdida de divisas. Por cada dólar que entra al país, salen al menos dos debido a las importaciones necesarias para la fabricación en este rubro. Un claro ejemplo del nivel de atraso de la industria argentina.
“Muchas veces se confunde la sostenibilidad fiscal con un concepto de derecha y no es así. Lo que nos da es un Estado fuerte, capaz de tener una moneda robusta, crédito, de tener condiciones para políticas productivas que son necesarias para que el sector público y privado, de la mano, puedan generar conjuntamente una economía más dinámica y con más oportunidades. Por eso en cada una de estas mesas de trabajo con los distintos sectores de la economía argentina hemos trazado como principio que se debe respetar una no caída de los ingresos fiscales y trabajar sobre la base de proveer incentivos sobre los incrementales de exportación, sobre las nuevas inversiones. Y ese es un principio que se ha respetado aquí”, detalló el ministro de Economía.
Las aclaraciones sobre si la sostenibilidad fiscal es de derecha o de izquierda, son necesarias para el Gobierno porque lo que esconde tras ese eufemismo, es el ajuste que recae sobre los bolsillos populares. Mientras se beneficia a las patronales que más ganaron, se consolida, mediante los acuerdos alcanzados en el Consejo Económico y Social, de la mano de los empresarios y la dirección de los sindicatos, la pérdida de poder adquisitivo del salario de alrededor de un 20 % desde 2015, incluyendo la caída de 2020.
Los anuncios son similares a los recientes destinados a “incentivar” la construcción. A fines de febrero, el Senado sancionó una ley que habilitará un amplio blanqueo de fondos no declarados con el objetivo de “fomentar” la construcción. La ley se aprobó junto a otro proyecto impulsado por el Ejecutivo, de "consenso fiscal".
La norma fue sancionada por unanimidad de 62 votos, pero la bancada de Juntos por el Cambio votó en contra del capítulo referido al blanqueo. Obviamente no apelaron al argumento de que el blanqueo es una forma de legalizar la evasión y perdonar a los evasores, sino que la oposición de derecha criticó que el incentivo propuesto por el Poder Ejecutivo se limite a la construcción, excluyendo otros sectores productivos.
Mientras, la pobreza supera el 40 %, el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la indigencia. El Gobierno se vanagloria de sus acuerdos con empresarios y sindicalistas, mientras la clase trabajadora lucha en defensa de sus salarios y por sus puestos de trabajo a lo largo de todo el país.
Los únicos reclamos que el Estado escucha y resuelve "imaginativamente", cómo se jactó Fernández de haber hecho con la medida que anunció, son las exigencias de los empresarios.
