Desde hace días vecinos y vecinas de La Quiaca se vienen movilizando para exigir una sala de terapia intensiva en el Hospital Jorge Uro, como también otros reclamos como el acceso a una vivienda o un terreno en el que poder construir. En ese marco realizaron cortes parciales de la ruta nacional 9 los días pasados y frente a la amenaza de desalojo de las fuerzas represivas decidieron realizar otras medidas de protestas. Es así que referentes de la Fundación Altos de La Quiaca realizaron el día de ayer una crucifixión simbólica para que su reclamo sea escuchado y atendido por las autoridades. También iniciaron una huelga de hambre.
Parece que crucificarse también es delito para el Gobierno de Morales ya que los vecinos recibieron una notificación Contravencional por la protesta que llevaron delante de manera simbólica. La misma fue labrada por el Juez Contravencional Isaac Condorí junto al subcomisario Cristian Burgos.
Uno de los referentes exigió al Juez que le indicara dónde está expresado que “crucificarse sea un delito o un acto ilegal, Contravencional”. A lo que agregó que “Quiero que me informen si hay un artículo que diga eso. Para mí es un acto de fe. Somos vecinos que necesitamos respuestas sociales”.
Un régimen policíaco
El Código Contravencional votado por la UCR y el PJ durante el gobierno de Fellner, se convirtió en el caballito de batalla de Gerardo Morales contra la protesta social. En un breve repaso de las últimas semanas fue utilizado como única respuesta contra todo sector que se movilice, reclame o proteste. Así pasó con los docentes que se movilizaron contra el decreto 1807, o las vendedoras ambulantes que reclaman por la posibilidad de trabajar, también con las vecinos y vecinas del Barrio Campo Verde que defienden el derecho a la educación y al deporte planteando “Escuela si, cancha también” contra las mentiras del Gobernador.
También el Frente de Izquierda viene siendo atacado por el régimen por ser la única fuerza política que está acompañando cada reclamo del pueblo trabajador. No sólo se proscribe desde hace 10 meses que Gastón Remy no pueda asumir la banca de diputado en la Legislatura porque Morales no quiere, sino que junto a sectores de trabajadoras y trabajadores sufrieron la represión en la Casa de Piedra sin que nadie se haga responsable de la misma y también se los notificó de una contravención por realizar una vigilia y encadenamiento en diciembre del año pasado. Como la militancia del Frente de Izquierda y los sectores de trabajadorxs solidarixs también sufrieron la represión las vecinas de Campo Verde en la madrugada del día internacional de la mujer, el pasado 8 de marzo.
La Formosa de Morales
Nada tiene que envidiarle Gerardo Morales a Gildo Insfrán, en cuanto a montar un régimen policíaco que persigue, reprime, proscribe o encarcela a todo aquel que le oponga, mostrando que el relato republicano y la mentada división de poderes es tan solo eso: un relato o slogan de campaña, pero algo inexistente en la realidad. Sin ir más lejos, fue el propio Gobernador luego de la represión sobre los vecinos de Campo Verde quien ordenó en medio de su discurso al Fiscal de Estado que procediera a iniciar causas penales a todos los manifestantes y sectores solidarios. Al otro día, el funcionario cumpliendo las órdenes del Gobernador se paseó por los medios de comunicación anunciando el inicio de acciones legales. Para montar un régimen de este estilo Morales no está solo y cuenta con la permanente colaboración del PJ conducido por Rubén Rivarola.
Para enfrentarlos y pararles la mano hay que impulsar la mayor unidad de todos los sectores que están en lucha, para lo que urge imponer a las conducciones gremiales que abandonen su pasividad y convoquen a asambleas en todos los sindicatos para poner en pie un plan de lucha contra el ajuste y por todos los derechos del pueblo trabajador y para terminar con un Código Contravencional completamente inconstitucional. | 
