El Gobierno denunció penalmente a Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por el acuerdo con el FMI. A pesar de esta denuncia el ministro Martín Guzmán viajará en pocas semanas a Washington para reunirse con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y con el staff que conduce la negociación técnica para continuar las negociaciones de un acuerdo. Es decir, la decisión de honrar la deuda sigue en pie.
La acusación recae contra Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del BCRA.
La presentación la hizo el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, en el juzgado federal número 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. En la denuncia se los acusa de delitos de "defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos".
La denuncia se basa un informe del Banco Central y de la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación "sobre los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018”.
Se comunicó oficialmente que este viernes "la Oficina Anticorrupción realizó la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 en la causa nro. 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
El escrito detalla que los fondos del FMI que recibió el expresidente “debían utilizarse para incrementar las reservas internacionales y su venta debía resultar muy limitada” y añade que “sin embargo, tales circunstancias no se verificaron en la realidad, en tanto dichas divisas fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos”.
La denuncia afirma que "los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito; lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi USD 44,5 mil millones".
"Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones", señala la denuncia.
Para el Gobierno de Alberto Fernández "el FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución". "No resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018", agrega además.
La denuncia deja en evidencia que el acuerdo con el FMI está bastante flojo de papeles, además que financió la fuga de capitales, algo que está prohibido en los estatutos del Fondo. Entonces, por qué el Gobierno de Fernández insiste en renegociar un acuerdo con el organismo que impondrá más ajustes y contrarreformas como la laboral y la previsional. De la misma manera el Gobierno concedió grandes beneficios a los lobos de Wall Street al reestructurar la deuda sin realizar ninguna investigación. Lo realista sería rechazar el acuerdo con el Fondo y plantear el desconocimiento soberano de la deuda.
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