Son más de 1200 familias que de un día para el otro se quedaron sin ingresos. Denuncian un desalojo unilateral y exigen garantías para sus fuentes de trabajo. Reclaman el acceso al informe técnico y el derecho a poner un perito de parte para examinar el establecimiento.

Los puesteros del Mercado del Norte se movilizaron esta mañana hacia la intendencia de la capital en repudio al desalojo y la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales ante la clausura de más de 1200 fuentes de trabajo.

"Hay 150 puestos y más de 1200 personas que dependen directamente del Mercado del Norte. De un día para el otro nos dejaron en la calle, hace nueve días que estamos sin ingresos, vivimos al día. Desde el gobierno provincial tampoco nos están dando ninguna solución", nos cuenta un puestero empleado en una pizzería del mercado.

Vienen reclamando que les permitan poner un perito de parte y denuncian que el perito oficial hizo la inspección en apenas 48 horas, cuando los estudios sísmicos no demoran menos de una semana. Por eso reclaman que les permitan acceder al informe técnico que dio sustento a la clausura total del establecimiento.

La virulencia contra los puesteros por parte del intendente, Germán Alfaro, que los acusó de no pagar un canon municipal que desde 2008 se dejó de cobrar, así como la amenaza represiva para garantizar el desalojo inmediato del establecimiento, generan un manto de sospecha sobre el futuro de las 1200 familias que dependen del establecimiento.

"Ningún político se acercó a hablar con nosotros. Vienen cuando hay elecciones y nos piden que los ayudemos con el voto. Ahora están todos borrados. La semana pasada nos movilizamos para pedir una ayuda al gobierno provincial, pero no nos dan ninguna solución", comenta Miguel, que trabaja en una carnicería.

Hay que rechazar cualquier intento de convertir el Mercado en un emprendimiento privado, algo que muchas veces intentaron pero no fue permitido por la gente que trabaja allí. Realizar asambleas y exigir una comisión técnica independiente que determine las condiciones de la estructura y en caso de paralizarse las actividades comerciales, que el Estado garantice un subsidio para que las familias no queden en la calle, sin sustento, como cínicamente está haciendo Alfaro. Que el Estado provincial y municipal se hagan cargo de reacondicionar y emprender las obras que hagan falta sin que ello implique dejar a miles de familias sin su sustento.