Este lunes se llevó adelante por vía virtual la primera audiencia convocada por la Secretaría de Energía para tratar el aumento del cuadro tarifario de las empresas de gas, la misma fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto. Allí, la funcionaria señaló que para “cubrir los costos” será necesaria la asignación de partidas presupuestarias adicionales o aumentar las tarifas entre 17 % y 35 %.
Esas cifras parten de considerar el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema que fue dolarizado durante el gobierno de Cambiemos y que Alberto Fernández se comprometió a pesificar, pero hasta el momento no lo ha hecho. Esta materia prima representa aproximadamente el 40 % de la factura que abonan los usuarios y su dolarización se reflejó rápidamente en las tarifas que subieron más de un 2000 % entre 2016 y 2018. Las empresas del sector multiplicaron así sus ganancias.
Videla Oporto describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”. De afectar las ganancias de las corporaciones ni hablar, mucho menos de reestatizar un servicio que fue privatizado en los ‘90.
La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $ 110.586 millones y $ 132.963 millones. Pero requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde $ 36.736 millones hasta $ 56.087 millones mantener las tarifas congeladas, dependiendo de cuál sea la inflación. El primer caso sería con una inflación del 29 % como prevé el Presupuesto 2021 y el segundo si alcanza el 48 % que estiman las consultoras relevadas por el Banco Central.
En medio de una de las crisis económicas más graves que afectaron al país en las últimas décadas, con la pobreza superando el 40 %, el Gobierno está llevando adelante una audiencia para convalidar los tarifazos aplicados por el macrismo y obligar a millones de trabajadores a seguir destinando gran parte de su salario a pagar los servicios esenciales. La prioridad es mostrar un ajuste en el gasto del Estado para que el FMI acepte renegociar la deuda externa que el Frente de Todos denuncia fue una estafa para financiar la campaña electoral de Mauricio Macri.
La segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará este martes a partir de las 9, en este caso convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Allí no se pondrá en cuestión la necesidad de terminar con los negocios de unos pocos que poseen el monopolio de los servicios, sino que se legalizara su continuidad. Es momento de poner en debate una verdadera estatización de los servicios esenciales bajo gestión de sus propios trabajadores, para que tener acceso al gas, el agua y la luz vuelva a ser un derecho.
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