En el actual escenario, posterior a la aprehensión de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y sus ex ministros, resurge, desde diversas posiciones de derecha el poner en duda que en Bolivia existió un golpe de Estado. Este cuestionamiento se da tanto desde sectores de políticos que fueron ideólogos y participes para la ruptura constitucional; hasta ciudadanos que cansados del prorroguismo de Evo Morales, mayormente compuesto de capas medias que abrazaron y abrazan tozudamente el discurso racista y conservador de los primeros actores y que nutren el cuerpo del movimiento denominado “pitita”. Por medio de este análisis, se pretende sentar algunas consideraciones que refutan esa aseveración de acuerdo a los siguientes elementos.
Tomando el concepto más básico de golpe de Estado se puede decir que consiste en la toma del poder de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta y a la fuerza vulnerando las normas legales de sucesión en el poder político vigente con anterioridad. A este concepto habría que agregar una característica distintiva de los golpes de Estado que se aplica principalmente en las semi colonias, como es el caso de nuestro país, ese rasgo es que los protagonistas de los golpes de Estado pretenden ocupar el aparato estatal para favorecer económicamente a grupos reducidos de la oligarquía nativa que tienen la finalidad de saquear el Estado en un grado de subordinación y dependencia en favor de los intereses del imperialismo, nunca en favor de los intereses soberanos del pueblo trabajador y explotado, sino más bien avanzando sobre las conquistas de estos sectores.
Los golpes de Estado con barniz democrático en América Latina
En las décadas del 60, 70 y 80, Latinoamérica ha estado plagada por golpes de Estado, protagonizados estos principalmente por las instituciones militares, desarrollaron una práctica sistemáticamente sangrienta de persecuciones, privaciones de la liberta, ejecuciones, restricción de la libertad de prensa y restricciones a la organización de los sectores obreros, campesinos y estudiantiles principalmente.
Es de conocimiento general que estos golpes han sido auspiciados y promovidos por el imperialismo norteamericano como una política de seguridad nacional, la denominada doctrina Monroe que se traduce en el dicho “América para los americanos”; el dominio es importante si se producen ganancias, ahí radica la motivación del imperialismo para someter a nuestros pueblos y llevar adelante una política golpista y saqueadora en la región.
Sin embargo, atendiendo la premisa de que todo se encuentra en continuo movimiento, las características de los golpes de Estado también adquieren nuevas particularidades, en el transcurso de los años la ejecución y procedimientos de los golpes de Estado han adquirido nuevas formas. Para comprender esto es oportuno tocar al menos tangencialmente los casos de Honduras, Venezuela y Brasil.
En el caso de Honduras, el 28 de junio de 2009 Manuel Zelaya presidente del país centroamericano, fue detenido en su domicilio por militares a punta de pistola. Su derrocamiento se produjo mediante una alianza de políticos, militares y empresarios, junto con el aval del imperialismo estadounidense, después de promover un referéndum sobre la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente que, según el bloque golpista, pretendía impulsar un modelo inspirado en el socialismo del siglo XXI del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ante la caída de Zelaya el Congreso hondureño nombró al empresario Roberto Micheletti como presidente de ese país.
Por su parte, en Venezuela es un claro caso donde se puede advertir que, con fines de tomar el país caribeño para el enriquecimiento de capitales nativos e intereses norteamericanos, la injerencia imperialista se disfraza de discurso democrático, soliviantando el movimiento que encabeza Juan Guaidó, y con esa acción: el imperialismo, sectores de derecha y empresarios “legitiman” el despiadado régimen policial y autoritario de Maduro.
En este sentido, las intentonas golpistas en Venezuela no tienen el efecto del debilitamiento del régimen de Maduro, sino que provocan su anclaje en políticas represoras, no solo contra sectores conservadores, sino más bien contra sectores populares y de trabajadores de la población.
En el caso brasileño, en septiembre de 2016 se produjo un golpe institucional cuando el Senado votó la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de ese país, posterior a un juicio político por supuesta malversación de fondos públicos; como consecuencia de esto asumió la presidencia el ex aliado de Dilma el derechista Michel Temer.
En las elecciones del año 2018 se proscribió la participación de Lula Da Silva, el favorito en intención de voto para esos comicios electorales, esa proscripción permitió el avance de la ultraderecha y la llegada del ex militar Jair Bolsonaro a la presidencia, quien cuando era Senador brindó su voto para destituir a Dilma dedicando el mismo al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador de Rousseff en la dictadura brasileña; las políticas desarrolladas por este mandatario son de corte abiertamente pro empresarial y contrarias a los intereses de las mayorías trabajadoras y pueblos indígenas.
Como vemos, el golpismo y la injerencia imperialista es un método que ha tomado distintos matices en los últimos años en distintas regiones de Latinoamérica, sin embargo, el punto en común que une a todos estos procesos es la toma del poder por parte de un grupo servil a los intereses de una casta empresarial y el imperialismo, así como la instauración de políticas anti populares.
Golpe de Estado en Bolivia
Analizando lo ocurrido en nuestro país en el último trimestre del 2019 consideremos que un sector de la población, compuesto principalmente de las capas medias citadinas, protestaron contra unas irregularidades producidas en las elecciones de octubre de 2019 atribuyendo a estas un fraude electoral, estos sectores movilizados pedían la segunda vuelta electoral entre Evo Morales y Carlos Mesa.
Las protestas se desarrollaron durante 21 días en los cuales no se contemplaba seriamente la posibilidad de desestabilización del gobierno de Morales, incluso los voceros del gobierno de ese entonces se daban el lujo de mostrar altanería y menospreciar a dichas manifestaciones de donde surge el denominativo “pitita” para estos movimientos, ya que al no contar con la cantidad de gente necesaria, se bloqueaban diferentes puntos de las ciudades con pitas o en algunos casos en zonas residenciales, con vehículos.
Sin embargo, mientras esta movilización se desarrollaba, los políticos de la vieja guardia contemplaban ansiosos el momento preciso para usufructuar en su favor este contexto convulsivo.
Fueron las elites conservadoras de la política nacional, quienes establecieron vínculos con sectores empresariales, altos mandos militares y policiales, como señala en una declaración el empresario Luis Fernando Camacho, en ese momento líder Cívico Cruceño y actualmente gobernador electo por el departamento de Santa Cruz; con esa articulación explosiva entre políticos conservadores de derecha, empresarios, policías y militares, la caída de Evo Morales fue cuestión de tiempo.
Tanto es así que el momento crucial se da cuando los policías se amotinan y al día siguiente las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado, sin esta participación de la policía y los militares, el movimiento “pitita” jamás hubiera conseguido sus fines políticos, ya que no representaban ninguna amenaza real contra el gobierno del MAS.
En medio de ese escenario, personajes sin ningún mandato de la población como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, así como el embajador de Brasil Octavio Enrique Dias, sostuvieron una reunión en la Universidad Católica donde de ese cónclave se resolvió el destino de la dirección del Estado, optando por elegir a Jeanine Áñez quien hasta ese momento era una ilustre desconocida en la política nacional.
No se puede dejar de decir que en aquella reunión también estuvo presente Adriana Salvatierra ex presidenta de la cámara de Senadores, que debió asumir la presidencia ante la renuncia de Evo Morales y García Linera, no obstante, por sus declaraciones se puede establecer que esa decisión de abdicar a su cargo se debió a factores políticos, es decir, que existió una coordinación con Evo Morales y Álvaro García Linera para adoptar esa posición, considerando que aceptar la presidencia sería una “traición”, lo que significa que en los hechos Salvatierra decidió no traicionar a sus jefes políticos pero sí negociar una salida legal con los golpistas contribuyendo a la desmovilización y aislamiento de los focos de resistencia en el país, para de esta manera darle la espalda a la población a la que le costaron vidas y cientos de heridos.
Al respecto, Salvatierra no fue ni siquiera interpelada por los militantes del Movimiento al Socialismo por la participación en aquella reunión, que deja ver la predisposición constante de negociación por parte, no solo de ella, sino de la cúpula del MAS. Este personaje, quizá por ese acatamiento disciplinado, gozó del beneplácito del jefazo para asumir una candidatura fallida a la alcaldía de Santa Cruz por el MAS. Salvatierra debe explicarle al país el motivo de su participación en dicha reunión golpista.
Así es como en una Asamblea Legislativa un reducido grupo de los secuaces de Áñez votan para que ésta asuma la presidencia del Estado Plurinacional, no existiendo el quorum necesario, soslayando los preceptos jurídicos referidos a la sucesión presidencial y siendo ungida con la banda presidencial por el ex comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman.
Respondiéndonos a la pregunta ¿cómo se puede concebir que un golpe de Estado se dé con una Asamblea legislativa funcionando?, se debe tomar en cuenta un conjunto de elementos, como ser la correlación de fuerzas que en ese momento estaba bastante equilibrada, es decir, un gobierno no legítimo gozaba del respaldo de los aparatos represores del Estado (Policía, Fuerzas Armadas y Justicia) y del rol cómplice y negociador de la cúpula del MAS; por otro lado, una población humilde y de sectores de auto convocados que se encontraba con la predisposición creciente para la resistencia, aunque con niveles artesanales de organización, esto a pesar de sus burocracias cobardes; en ese sentido el gobierno de facto no podía avanzar en el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque con seguridad esa posibilidad era bastante latente por los gobernantes de facto.
En lo que respecta a la consolidación e institucionalización del golpe, esta se puede explicar considerando la actitud claudicadora de la cúpula del Movimiento al Socialismo (MAS), donde algunos de sus principales dirigentes que gritaban a voz en cuello “patria o muerte” huyeron en desbandada, como es el caso de Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, Alfredo Rada, Valeria Silva por mencionar solo algunos, u otros que decidieron resguardarse en la embajada de México, asimismo una fracción que desde una posición más expuesta avaló y desarrolló acciones conciliadoras con el gobierno de Áñez, como ser Eva Copa y los asambleístas del Movimiento al Socialismo.
Actualmente a los protagonistas activos del sector golpista les provoca tanto estupor y miedo la reciente aprehensión de Jeanine Áñez y algunos de sus ministros, que reaccionaron inmediatamente con argumentos que desde ningún punto ponen en duda la existencia del golpe de Estado, señalemos por ejemplo algunos.
Tuto Quiroga sustenta su posición de que no existió golpe de Estado alegando que se aprobó la ley 1266 de 24 de noviembre de 2019, la cual tiene por objeto designar a Vocales del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Departamentales, así como dejar sin efecto las elecciones del 20 de octubre de 2019 y la realización de nuevas elecciones, esta ley está refrendada por los asambleístas del MAS.
Otro argumento que pone Quiroga sobre la mesa es la Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 001/2020, mediante la cual se prorroga el mandato constitucional de las autoridades electas tanto del nivel central como departamental.
Y, finalmente, otro elemento que esgrime Quiroga fue la aceptación de la renuncia de Evo Morales y García Linera por los asambleístas del MAS y de la oposición el 21 de enero de 2020.
Estos argumentos vertidos por Quiroga no desestabilizan la afirmación de la existencia de un golpe de Estado en Bolivia, sino que ponen de manifiesto las posiciones vaciladoras de los representantes del Movimiento al Socialismo, que como denunciábamos en su momento, convivieron y legalizaron el golpe de Estado, no constituyéndose en ningún momento en un partido u organización política combativa con intenciones de derrotar al gobierno de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López, sino más bien, sostuvieron una política deliberadamente consciente en negociar, dedicándose a desmovilizar cualquier intento de resistencia; recordemos lo sucedido en agosto del 2020, donde la masiva resistencia popular avanzaba, ya no solo en el pedido de elecciones, sino por la de renuncia de Áñez.
Carlos Mesa por su parte señala que lo que en realidad está tratando de hacer el MAS es disimular el fraude electoral, ya que si se aceptaría la tesis del golpe de Estado, se debería detener a parlamentarios del MAS, al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, por pedir la renuncia de Morales. Este punto es bastante interesante de analizar, ya que el pedido de renuncia por burócratas extraviados y oportunistas de la COB, dirigentes del magisterio pertenecientes al Partido Obrero Revolucionario quienes se alinearon a las movilizaciones golpistas, conservadoras y racistas, así como otras autoridades y gente movilizada, arrastradas por los movimientos reaccionarios, no pretendían la toma del poder para sí mismos, sino que con una brújula política descompuesta ejercitaron su derecho a la libertad de expresión, pidiendo la renuncia de Morales conscientes o inconscientes de que eso desembocaría en la toma del poder por parte de sectores de derecha.
El grupo selecto reunido en la Universidad Católica de la que formaron parte, como señalamos líneas arriba, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, el embajador de Brasil como representante de Bolsonaro y los Estados Unidos, así como los altos mandos policiales y militares son los que tenían la intención resuelta de desplazar a Evo Morales para que ocupara ese espacio alguien que haga de testaferro en el poder con el objeto de favorecerse ellos mismos y desmantelar el Estado.
La rosca de Áñez resulto en consecuencia, no ser una opción, sino una falta de opción para usurpar el poder e intentar un golpe barnizado de democrático, ya que ella ocupaba la segunda vicepresidencia de la cámara de Senadores. Así es como estos nefastos personajes como ser Áñez, Murillo, López, Cárdenas, Arias y demás llegan al palacio de gobierno, situación impensada tiempo atrás.
La desastrosa gestión de esta rosca que en poco más de un año se encargó de endeudar al país, realizar hechos bochornosos de corrupción, atentar contra el derecho a la educación y la salud, ubicar en puestos del Estado a familiares y personas de sus círculos íntimos, además de practicar y fomentar el racismo y la discriminación, produjo ese 55% que sacó el MAS las pasadas elecciones, ya no con una lógica de expectativa y esperanzas en ese partido, sino con una lógica del mal menor.
Ya llegando a algunas conclusiones podemos ver que las premisas para caracterizar lo ocurrido en noviembre del año 2019 como golpe de Estado están dadas, como ser:
1. El ejercicio de fuerzas policiales para coaccionar la ruptura constitucional.
2. La toma del poder por un grupo reducido reunido en la Universidad Católica, donde se decide el destino del país.
3. La toma del poder de forma ilegal, vulnerando la normativa de sucesión constitucional establecida.
4. El avance de posiciones conservadoras y racistas que están dirigidas a beneficiar a los sectores de la oligarquía nacional y al imperialismo norteamericano, contra de los sectores populares.
5. El establecimiento de un Estado policial donde los aparatos represores tienen carta blanca para reprimir a la población de trabajadores, campesinos e indígenas.
6. El desmantelamiento del Estado como política pública.
A no olvidar que el golpe de Estado del pasado noviembre del 2019 se dio en la forma contra el Movimiento al Socialismo y su burocracia uncida en el Estado, pero en el fondo se lo dio contra las clases populares de trabajadores y campesinos; los primeros no dudaron en rápidamente optar por convivir con la derecha golpista; los segundos optaron por reconquistar los derechos democráticos en las calles, resistiendo todo tipo de humillaciones arengadas desde los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos, entregando las vidas de los hermanos caídos para ese cometido de resistencia. Las elites de MAS no pueden condenar el golpe de Estado sin caer en la hipocresía.
Debemos tener presente que esa cúpula claudicadora del MAS que ahora infla el pecho frotándose las manos para acorralar a los verdugos, no estuvo en las calles de Senkata, Sacaba ni Ovejuyo exponiendo sus vidas, ni resistiendo el golpe.
Honor y gloria a los caídos de Senkata Sacaba y Ovejuyo, ni olvido ni perdón a los golpistas y conciliadores, la pérdida de nuestros hermanos en las masacres no se negocia, debemos impedir la rearticulación de la derecha con la autoorganización y autodefensa desde las bases, resultando urgente recuperar nuestros sindicatos y expulsando a las burocracias descompuestas que se venden al mejor postor. Esta necesidad de autoorganización y autodefensa se extiende a las organizaciones vecinales y las comunidades indígenas y campesinas para establecer una alianza estratégica que permita aplastar a los golpistas. |
