| Editorial |
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No será justicia
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El debate sobre casta judicial nuevamente en el centro, reformas que cambian algo para que todo siga igual; Poder Judicial no es sinónimo de justicia. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite todos los jueves de 22 a 24 hs. por Radio Con Vos, 89.9. |
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Link: https://www.laizquierdadiario.com/No-sera-justicia
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| El cambio en el Ministerio de Justicia con la salida de Marcela Losardo y la designación de Martin Soria después de varias idas y vueltas, puso al Poder Judicial nuevamente en el centro del debate.
Sin embargo, una vez más la discusión se desarrolla en torno a lo más superficial del tema o de la cuestión: si la exministra no funcionaba y pertenecía al albertismo, si el nuevo ministro es más cristinista, si se desatará una guerra o un reacomodamiento de fracciones en el Poder Judicial o si habrá un nuevo realineamiento político. Pero, no se problematiza la cuestión en sus dimensiones más importantes.
El tema de la “justicia” es abordado por todos los gobiernos y siempre con ínfulas “refundacionales”.
Hay que partir de un dato: el Poder Judicial (y en este caso con justicia) está entre las instituciones más desprestigiadas del país. En 2001 el “que se vayan todos” apuntó fuerte contra el Poder Judicial en general y contra la Corte Suprema en particular, en parte porque no fueron ajenos, sino cómplices de los saqueos que sufrió la Argentina.
Está en su propio relato autodesignarse como un poder “contramayoritario, es decir, inmune a cualquier mínima influencia popular. Es antidemocrático por principio, ajeno a la realidad por excelencia y alejado de las mayorías por naturaleza.
Además, lo que todo el mundo sabe: está integrado por personas que tienen múltiples privilegios, que no solo están por arriba de la sociedad, sino que son superiores a la media del resto de los privilegios de funcionarios o políticos. Recién ahora se discute si tienen que pagar ganancias u otros impuestos personas que tienen jugosos honorarios, cargos vitalicios, poseen relaciones íntimas y permanentes con todos los poderes fácticos.
Si vamos a la historia concreta y a sus momentos más oscuros, el Poder Judicial contribuyó con el régimen de la última dictadura y le proveyó legitimidad mediante diversos mecanismos: la denegación sistemática de hábeas corpus, la validez de las normas represivas, la instrucción de causas penales fraudulentas para extorsionar a personas, el apercibimiento a los jueces de instancias inferiores que realizaban las instrucciones penales o la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres, entre otros. Esto lo cuentan Juan Pablo Bohoslavsky y Roberto Gargarella en un libro que se titula ¿Usted también, doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura.
Y en la historia reciente (argentina y latinoamericana) asistimos a la actuación del Poder Judicial como partido político en defensa de los intereses de los más poderosos. El mecanismo que se denominó como lawfare: la actuación política de la casta judicial con jueces y fiscales –formados con la ideología y los vínculos del Departamento de Estado de EEUU- convirtieron a las causas por corrupción en el motivo para desplazar con “golpes blandos”, maniobras institucionales, detenciones arbitrarias a personal político con el que no coincidía en todos los aspectos y para facilitar la penetración de empresas internacionales a partir del avance sobre otras fracciones de las clases dominantes locales o de otras potencias. Es tan cierto que en Brasil las grandes constructoras que se derrumbaron con el Lava Jato no pueden ser “santas de devoción” de nadie, como que otras multinacionales más poderosas se beneficiaron de la caída de esos conglomerados empresarios.
No podría explicarse el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil —con todo el drama que ese país atraviesa hoy— sin tener en cuenta la operación del Lava Jato para impulsar la destitución de Dilma Rousseff primero y la posterior detención de Lula.
Todo este combo no es “la justicia”, es el Poder Judicial realmente existente en nuestro país y en la región.
Terminar definitivamente con esta casta de jueces privilegiados, estableciendo en su lugar juicio por jurados, que pasen a ser elegidos por el voto directo del pueblo y que puedan ser revocables, debería ser una medida elemental, mínima diría.
Es una demanda, un planteo que no necesariamente es “revolucionario”, “extremo” o “socialista”; cualquier demócrata consecuente debería partir de esto como exigencia básica. Entre otras cosas, porque el poder arbitrario de los jueces sobre los derechos democráticos conquistados históricamente y que hoy se utiliza para el arreglo de cuentas de los de arriba, mañana puede ser usado contra los de abajo.
No parece que la reforma que propone el Gobierno, ni la estridencia de Martin Soria apunten hacia allí. Se pretende un cambio, un maquillaje para una redistribución del poder de los jueces acorde a la nueva configuración política y a las necesidades electorales.
Sin esta perspectiva elemental de dos o tres cuestiones que terminen con una casta privilegiada, casi de sentido común (por eso la “opinión pública” rechaza a los jueces) podremos encontrarnos con cualquier cosa, con muchos cambios, con mucho ruido y múltiples guerras de bolsillo, pero lo último que se puede esperar es que se haga justicia. |
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