La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección presentado por una de las mujeres afectadas, por un embarazo por responsabilidad de las pastillas anticonceptivas defectuosas, que le entregaron en un Cesfam de Talagante. Son 170 mujeres afectadas, los anticonceptivos no sirvieron, no respondieron del centro de salud la solicitud para una interrupción del embarazo por riesgo de vida de la madre. Nos siguen negando el derecho a decidir, mientras la salud de mercado precariza las condiciones de vida.

Hace unas semanas se conoció un grave escándalo: entre marzo y septiembre del 2020 las pastillas anticonceptivas que entregaban en los centros de salud públicos estaban defectuosas, pero la marca Anulette CD se siguió distribuyendo, quedando 170 mujeres embarazadas por el no funcionamiento de estas pastillas.

El fallo de la Corte de Apelaciones, a favor de la denunciante, señaló que existió una omisión caprichosa, arbitraria e ilegal del centro de salud al no responder la solicitud de interrupción del embarazo por causal de riesgo de la madre, sin siquiera evaluar las condiciones de la mujer. Es decir, el Estado entrega una salud pública paupérrima, en la que se deja de lado a las mujeres, en pleno contexto de crisis por el coronavirus donde la vida de las mujeres ha retrocedido en 10 años, con 700 mil que se han quedado sin empleo en el último año.

En Chile el aborto es legal solo en tres causales: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre. Un derecho limitado que ni siquiera se respetó en estos casos, comenzando porque jamás se debió haber distribuido pastillas anticonceptivas que estaban falladas. Las mujeres solo conquistaremos nuestros derechos organizadas y movilizadas; ya hace unos años veíamos que el aborto en tres causales solo correspondía a 3% de los casos de abortos clandestinos en nuestro país.

Esta medida es insuficiente, con la crisis sanitaria actual más las precarias condiciones de vida de las mujeres, no se puede continuar con una salud pública de mercado que solo privilegia las ganancias de los privados y farmacéuticas. Estos son problemas de salud pública; es urgente que el Estado garantice un aborto legal, libre, seguro y gratuito, anticonceptivos de calidad y una educación sexual integral en todas las escuelas.