Para empezar, el royalty es una compensación o regalía al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables, en este caso el litio y el cobre. En este sentido, lo que propone la iniciativa de la diputada de RD Catalina Pérez, el diputado de la FRVS Esteban Velásquez y compañía, es la compensación de un 3% del valor de los minerales extraídos, de los cuales un 50% deberían destinarse a un Fondo de Convergencia Regional ligado al desarrollo regional y comunal, y el otro 50% para financiar proyectos que aporten a mitigar, reparar o compensar los impactos ambientales producto de la explotación minera.
El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, en representación del Gobierno, rechazó el proyecto declarándose inadmisible e inconstitucional. Expresando así los mismo argumentos que levantaron los grandes capitalistas mineros asociados en el Consejo Minero el año 2019 en su documento de “OBSERVACIONES DEL CONSEJO MINERO” ante el mismo proyecto presentado. Según el conglomerado empresarial, primero el proyecto es inconstitucional porque es rol del Presidente de la República tomar este tipo de decisiones; y segundo porque bajo la lógica de royalty existe en el país un Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), pero que la misma modificación que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos no es un impuesto como tal, sino una compensación por la explotación de estos recursos no renovables, es decir, un “royalty minero”.
Es más, sinvergüenzas hablan de que sería una desproporción o injusto en perjuicio de la minería un impuesto más, como si no les bastase que gracias a la dictadura y su legado, la producción minera se encuentra en un 71% en las manos de privados transnacionales como BHP y grandes grupos económicos nacionales como Luksic o Ponce Lerou. Para estos magnates ya es mucha la retribución que hacen al Fisco a partir de sus ganancias, lo que es un descaro total si revisamos los números millonarios de estos 30 años de saqueo. Se lavan la boca porque entre los años 2010-2016 las 10 compañías mineras obtuvieron utilidades de más de US$54.000 millones, aportando al Fisco un 3,8% en IEAM, un 27% por impuesto a la renta que es lo que hace cualquier empresario en el país y que aún así sigue siendo menos la entrada por estos conceptos al Fisco que lo pagado por la mayoría de la población a través del Impuesto de Valor Agregado (IVA); tampoco hablan de los más de US$120.000 millones que saquearon durante los años 2005 al 2015.
La irracionalidad de los grandes empresarios del cobre y el litio, que han explotado a destajo los recursos naturales enfermando a miles en la región de Antofagasta, no tiene límites. Por un parte, en Chile no existe un impuesto a las ventas, menos a la extracción de los minerales estratégicos, sólo a las ganancias, por donde se fugan millones de dólares si pensamos en las numerosa empresas filiales que tienen estas compañías, que también se hacen de las ventas del cobre y el litio. Por otro lado, y peor, lo que es un secreto a voces, alegan una desproporción de haber más impuestos, pero callados mantienen el “saqueo refinado” de estos 30 años por cuenta de la venta de concentrado de cobre.
Tomando un estudio que hizo el año 2014, el entonces Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, el profesor Juan Camus y en sus “Cuadernos de Educación” del 2012, este sostenía que “el 98% del metal rojo producto de 100 toneladas de concentrado, tienen un valor de US$192.121 considerando a 4 dólares la libra (que es el precio de hoy) y, el resto, el 2% lo que representa las “impurezas” estimaba un valor de mercado equivalente a US$ 9.264.979,55 (por cada 100 toneladas-tn- de concentrado). Aquí tenemos una diferencia sustantiva respecto al cobre ya que sólo el 2% de las “impurezas” valen más de 9 millones de dólares y el 98% de cobre no alcanza los 200 mil dólares. En ese 2% de mal llamadas impurezas que van en el concentrado, contienen oro, plata, zinc, platino, níquel, molibdeno, renio, titanio, entre otros metales que sería largo enumerar. A estas “impurezas”, hay que agregar el azufre que no se valora, porque se considera un lastre; sin embargo, las 100 toneladas de concentrado, contiene 30 toneladas de azufre con el cual se pueden producir 100 toneladas de ácido sulfúrico y, esto, nunca se ha considerado en los cálculos, es decir, se regala al igual que el resto de las “impurezas”, o material estéril”. Esto quiere decir que por cada 100 toneladas de concentrado, se regalan a vista y paciencia del mundo más de US$9.000 millones, pero eso no es una desproporción para el Gobierno, menos para los grandes capitalistas mineros, ahí para estos es preferible callar o hacerse los desentendidos.
Impuestos extraordinarios a las grandes mineras para enfrentar la pandemia y nacionalización de los recursos naturales como el cobre y el litio bajo control obrero y de las comunidades
Los números anteriores son los que esconden el saqueo de recursos tan importantes como el cobre y el litio, son décadas de regalías en cantidades exorbitantes de dinero que el Estado chileno ha dado a las grandes trasnacionales y grandes empresas nacionales privadas de la minería.
A pesar de que la propuesta rechazada muestra lo mínimo que se exige, porque ante las ganancias y ventas abismales que traen las toneladas de cobre, concentrado de cobre y litio un 3% es una migaja; la posición del Gobierno y los saqueadores del Consejo Minero sólo es una muestra que incluso en medio de un proceso constituyente, las trampas del régimen están hechas para no entregar nada de lo que nos han robado y mantener lo fundamental de la herencia de la dictadura para que nada cambie de fondo como lo es el saqueo de estos recursos. Y no sólo el cobre y el litio, también saquean y privatizan el agua entubando literalmente ríos como sucede en la región de Antofagasta y el Desierto de Atacama, sumando a la vez que hay 33 proyectos que hablan de energías limpias, pero energías no al servicio de la población trabajadora y pobre, sino que energías en las manos de transnacionales como Engie para fortalecer la producción en la industria minera.
Mientras tanto, son por lo menos dos millones de personas que quedaron desempleadas en medio de la pandemia con la ayuda del Gobierno a los empresarios; son más de 7 mil familias en la región de Antofagasta que no tienen acceso a la vivienda y la mayoría no tienen acceso a recursos básicos como el agua o la electricidad; los hospitales de las comunas de Calama y Antofagasta se encuentran diariamente saturados y no dan abasto ante el coronavirus, mientras miles de trabajadores y trabajadoras de la salud están con un agobio profundo, y más de 60 mil personas se encuentran bajo el empleo informal, es decir, bajo una precarización profundizada por la pandemia.
En ese sentido es que desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios planteamos la necesidad de levantar una campaña y luchar por un impuesto extraordinario del 20% a las grandes mineras y fortunas del país, para paliar las consecuencias de la pandemia que afecta al pueblo trabajador y pobre.
Pero, a la vez, viendo las necesidades que aquejan a las familias trabajadoras y que se pusieron en la palestra a partir de la rebelión de octubre del 2019, como la salud, educación, sueldos, pensiones y vivienda, es necesario discutir y retomar el camino de la organización y la movilización para conquistar la recuperación de los recursos naturales, a partir de la nacionalización de todos los recursos estratégicos como el cobre, el litio y el agua bajo el control de las y los trabajadores junto a las comunidades; porque somos la mayoría quienes vivimos los azotes del saqueo de estas últimas tres décadas, y poner las grandes riquezas al servicio de las grandes mayorías, porque no se trata de administrar la miseria de lo posible o distribuir el saqueo como lo plantea Catalina Pérez de RD, o el regionalista de la FRVS Esteban Velásquez, sino que se trata de arrebatar nuestros recursos a esa minoría empresarial que nos ha entregado 30 años de miserias. |
