Funcionarios defensores de los derechos de la niñez afirma que “ningún niño debe estar en la calle” y que las políticas de contención mínimas son insuficientes y deficitarias. El caso de la niña que vive en una carpa en Villa Lugano y estuvo tres días desaparecida destapa una olla de la que emergen cientos de miles de realidades parecidas, mientras el Estado no resuelve ninguna de esas necesidades básicas.
Este jueves el jefe de la Oficina de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Hernández, afirmó ante los medios que “una niña no puede estar en situación de calle”. Se refería obviamente al caso de Maia. Por estas horas se debate qué se hace con estos casos que involucran directamente al sistema de protección y los organismos de niñez y adolescencia.
“Aquí seguramente falló la coordinación entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires”, dijo Hernández en relación a los cuestionamientos que generó la desaparición durante tres días de la niña de siete años que vive con su mamá en una carpa en Villa Lugano, a metros de la autopista Luis Dellepiane.
El funcionario (cuyo organismo depende de la Defensoría General porteña) criticó las escasas alternativas que ofrece el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a las personas en situación de calle. Y consideró “intolerable” que una niña y su madre carezcan de una vivienda.
Por su parte, la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación, Marisa Graham, en declaraciones a El Destape reconoció el “déficit en materia de políticas públicas para abordar el desamparo que viven las niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle”, que en la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por “bajos subsidios y pocas plazas disponibles en paradores”.
Estos funcionarios reconocen la realidad del sistemático vaciamiento de los programas y dispositivos de atención a las familias vulnerables. Una realidad que les estalló en la cara con el caso de Maia.
La aparición de la niña fue posible gracias a la movilización de la familia y vecinas que cortaron reiteradas veces la autopista Dellepiane, instalando en la agenda nacional la búsqueda. Mientras Sergio Berni hace un uso político del caso para su campaña electoral, no hay respuestas a la pregunta sobre qué va a pasar con la vida de esa pequeña cuando las cámaras se vayan.
Las estimaciones de Unicef en la Argentina arrojaron que el 62,9 % de los niños y niñas son pobres, esto significa que en el 2020 se sumaron 1,3 millones a los índices de pobreza infantil. La Encuesta Permanente de Hogares del Indec estableció en el segundo semestre del año pasado arrojó que el 56,3 % de personas menores de 14 años eran pobres.
Según el último censo de la Ciudad de Buenos Aires, realizado en 2019, había 7251 personas sin hogar en todo el territorio porteño. El 16 % (871) eran niños, niñas y adolescentes. Del total, 5412 personas no accedían a comedores, merenderos ni establecimientos con convenios con el Gobierno de la ciudad.
En el distrito gobernado por el PRO desde 2007 hay 464.000 chicos y chicas en situación de pobreza, más de 7.000 familias en situación de calle y un 10 % de la población habita en hogares precarios en villas.
Las organizaciones sociales y civiles que tratan esta temática afirman que hay más de 2000 niños y niñas que viven en las calles porteñas y advierten que las cifras aumentaron este año tras el impacto de la pandemia de coronavirus.
“El presupuesto destinado a la protección de las personas en situación de calle no contempla ningún aumento presupuestario para el 2021 y la meta de familias asistidas por los subsidios habitacionales (Decreto N° 690/2006) se mantiene fija en 19.600 familias, aunque se estima que esta población aumentó notablemente en el actual contexto de crisis”, señala la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Recién en abril de este año, por primera vez, se hará un relevamiento de manera conjunta entre el Gobierno de Rodríguez Larreta, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa.
Carola Bianco es docente de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y desde hace muchos años se especializa en temas relacionados con la niñez y adolescencia. Durante diez años dirigió el programa de extensión Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de esa facultad. También fue miembro del Espacio No a la Baja de Edad de Punibilidad, con fuerte intervención política y judicial a favor de las pibas y los pibes criminalizados.
En una entrevista con La Izquierda Diario del año 2019 (cuando los efectos de las políticas macristas estaban a la vista), Bianco dijo que “la política de muerte, aplicada contra los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, es una política de Estado”.
Sobre la relación entre la niñez y la adolescencia pobres y criminalizadas y la sujeción al Fondo Monetario Internacional ante la que se encuentra Argentina, la abogada aseguró que en el marco del ajuste en curso “este grupo social, en término de vulneraciones, es uno de los más expuestos y de los que sufren lo peor”. Claramente en dos años esta situación no solo no ha mejorado sino que se agravó.
La mirada de Bianco sobre la responsabilidad estatal es contundente. “El Estado no puede exculparse de cumplir con sus obligaciones respecto a la niñez y la adolescencia diciendo que no tiene recursos. En ese sentido, al menos en cuanto al ‘interés superior del niño’ que ampara toda la legislación internacional, el Estado está en su derecho de negarse a pagar la deuda externa si es que alguno de los derechos de esa parte de la población están en riesgo”, sostiene.
La "herencia recibida" tiene mucho de peronismo
En todo el país, unos 316.000 niños, niñas y adolescentes vivían el año pasado en hogares indigentes con inseguridad alimentaria severa y sin percibir transferencias de ingresos directas, de acuerdo con las cifras del informe “Agenda para la Equidad (2017-2025)”, en base a relevamientos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA y proyecciones poblacionales del Indec.
La situación en la provincia de Buenos Aires no es muy diferente. El gran peso demográfico que tienen los partidos del Gran Buenos Aires hizo que durante 2020 esa región sea donde más aumentó la pobreza, siendo la jurisdicción que concentra un porcentaje mayor de población: 43 % del total.
La represión y el desalojo hace pocos meses a familias pobres en Guernica (Presidente Perón) y en Los Ceibos (La Matanza) y por estas horas en el barrio Manzanares (La Matanza) muestran cuál es la verdadera respuesta del gobierno de Axel Kicillof y Sergio Berni ante el reclamo por tierra para vivir de las familias golpeadas por la crisis.
Mientras el gobierno nacional continúa llevando adelante una política de ajuste a los más vulnerables a la medida del FMI, aún no hay cifras oficiales de pobreza e indigencia durante la pandemia. En abril el Indec actualizará esos datos. Tarde.
Solo tienen para ofrecer más ajuste y miseria
La inflación acumuló el 7,8 % en febrero, mientras la canasta básica aumentó un 47 %, ubicándose por arriba del índice general en un 40,3 %, lo que demuestra que en los sectores más vulnerables hay un índice de inflación más intenso que el índice general.
La canasta básica en la zona metropolitana ronda los $ 60.000 mensuales, superando al salario promedio que es de $ 57.000, el equivalente a tres jubilaciones mínimas. Una familia de cuatro integrantes necesita $ 24.575 para no ser indigente y $ 57.997 para no ser pobre.
Medidas de fondo para resolver la crisis habitacional
Los planes de viviendas que (no) construye el Gobierno solo benefician al negocio inmobiliario. Es necesario que se declare la emergencia habitacional. El caso de la pequeña Maia puso en debate qué hacer con las infancias sin techo.
Que se resuelva este problema estructural que afecta a millones en todo el país implica tomar medidas que ataquen la ganancia capitalista. La brecha entre ricos y pobres es de 25 veces. El Estado tiene los recursos para comenzar un plan de obras públicas con condiciones de habitabilidad dignas; urbanizar todas las villas y barrios populares; construir centros recreativos en los barrios populares; garantizar becas de estudio y boleto estudiantil; aumentar el presupuesto para la educación pública y asegurar vacantes en todas las escuelas del país. Un país que produce alimentos para 400 millones de personas tiene los recursos.
Para imponer este programa hay una sola salida posible: dejar de pagarle al FMI y que los millones de dólares que van a la deuda externa se destinen a las necesidades de las grandes mayorías populares y a las infancias empobrecidas.
