Parte del balance positivo que ha dado la lucha del movimiento de mujeres en México es la discusión de temas que antes solo se vivían en la oscuridad de lo privado. Hoy, las mujeres somos una parte importante de la fuerza laboral en el país, al tiempo que las lógicas de esta sociedad capitalista y patriarcal nos siguen oprimiendo en varias dimensiones, y aprovechando el prejuicio patriarcal para profundizar la explotación de nuestra fuerza de trabajo.
Cuando en los centros de trabajo se denuncia acoso sexual y hostigamiento, para la denunciante termina siendo un camino largo que la obligan a exponerse a procedimientos burocráticos y evasivos, con asesoría ineficiente por parte de instancias como INMUJERES o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Replicamos la denuncia que nos hace llegar una trabajadora con 16 años de servicio dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien a pesar del miedo y del abuso psicológico y sexual decidió denunciar, pero no obtuvo ninguna respuesta ni apoyo, por el contrario, fue despedida.
En 2018, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo la dirección de Gerardo Ruiz Esparza y el Dr. Ricardo Neri Vela, como titular de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, se suscitaron casos de acoso sistemático contra varias mujeres por parte de Roberto González Hernández, técnico en electrodiagnóstico, quien durante las jornadas laborales hacía uso excesivo de comentarios con orientación sexual para las compañeras que colaboraban junto con él.
En este caso, se denunció también a Roberto Cepeda González, Subdirector de Certificación Aeromédica y Marítima, también utilizaba el hostigamiento y violencia hacia las mujeres que trabajaban bajo su supervisión, es decir, sus subordinadas, abusando de su puesto; ambos eran amigos y muy cercanos a Ricardo Neri Vela.
Dentro de estas Secretarías se cuenta con órganos internos, acompañamiento a víctimas, protocolos contra el acoso y códigos de ética.
Sin embargo, denunciamos que estos departamentos ni acompañan a las denunciantes, ni sancionan a los funcionarios permitiéndoles continuar con sus dinámicas agresivas contra las mujeres, además se aprueban protocolos que no contemplan preservar la presunción de inocencia y que no garantizan la seguridad de quienes denuncian, separando a los denunciados mientras la investigación se realiza, evitando a toda costa que los protocolos de género se conviertan en un instrumento de la patronal para despedir trabajadores.
Demostrando que, a la institución no le interesan los derechos de sus trabajadoras, que merecen un trato digno y poder desempeñar sus labores libres de violencia. Y que estos protocolos sirven únicamente para lavarle la cara a instituciones que por dentro, reproducen la violencia estructural que vivimos a diario las mujeres y usados muchas veces para intereses únicamente patronales.
En marzo de 2019, seis personas, de las cuales la mayoría eran hombres, llegaron a su oficina a exigirle a la denunciante que ese mismo día antes de las 4:00 pm tenía que desalojar su área de trabajo, así, sin más, sin negociación ni liquidación, le habían advertido días antes que por ser personal de confianza no tenían ningún derecho laboral.
Tras ser separada de un puesto del cual estuvo a cargo por 16 años, la trabajadora acudió a la Función Pública a presentar su denuncia y a la par buscar alternativas acudiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAPRED e INMUJERES. Lamentablemente la respuesta que obtuvo de estas instituciones no fue favorable ya que le sugerían desviar la denuncia a un caso de despido injustificado en lugar de acoso sexual.
Lo que comenta la denunciante es lo siguiente:
“Ojalá pudiera ayudar a otras para que se cuiden de personas que nos violentan sistemáticamente y alertar que dentro de las Secretarías del Estado hay mucha corrupción y contubernio, cuando tienen la encomienda de servir al Estado, lo único que hacen, con sus cargos directivos es dañar a las colaboradoras”
Continua:
“Este es el camino que he recorrido desde hace 4 años, me pronuncio con un YA BASTA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO en cualquiera de las esferas sociales en las cuales participemos. Sigo en lucha y seguiré luchando porque tengo derecho a la justicia, o solo porque no tengo un familiar político o adinerado ¿no lo merezco?”.
“No soy invisible, existo, me dañaron económica y emocionalmente, pero creo en que la justicia no sea solo para unos cuantos. No basta con denunciar porque nunca pasa nada ante estas autoridades indolentes y totalmente ajenas a una realidad que nos aqueja día a día a muchas de nosotras”.
Es necesario integrar comisiones de mujeres en todos los centros de trabajo, que discutan las problemáticas de este tipo y cómo enfrentarlas, independientes de la patronal y la burocracia sindical, sin jefes o supervisores, organizando a las trabajadoras para luchar por mejores condiciones de trabajo, como la basificación y aumentos salariales de emergencia que les permitan una vida digna y libre de violencia. Combatir los atrasos y prejuicios machistas entre trabajadoras y trabajadores organizados, nos permitirá avanzar en unidad contra los ataques de las patronales, que descargan la actual crisis sobre nuestros hombros.
Expresamos toda nuestra solidaridad con la compañera denunciante y exigimos su reinstalación inmediata, alto al acoso sexual y labora, así como la destitución de los altos mandos involucrados en este atropello a sus derechos.
Las mujeres que conformamos la agrupación pan y Rosas, te llamamos a organizarte en tu centro de trabajo ante las injusticias de la patronal y te animamos a sumarte a nuestros comités, para fortalecer un feminismo socialista que con las trabajadoras al frente pelee por poner en pie un gran movimiento de mujeres combativo y en las calles, independiente del gobierno, la derecha, la patronal y la burocracia sindical, que lo paralice todo hasta que no haya #NiUnaMenos entre nosotras, sin trabajo, vivienda o estudios | 
