El 1 de marzo el Ministerio de Educación, a cargo del tecnócrata Raúl Figueroa, dio el vamos al año escolar pese a que ya en esas fechas se registraba un alza de contagios. Durante las primeras semanas del mes, 50 comunas retrocedieron en todo el país, a cuarentena (fase 1).
A nivel nacional, Chile cuenta con 12 mil establecimientos de educación básica y media. Atienden a 3,4 millones de estudiantes. Los profesores y asistentes de la educación son aproximadamente 250 mil.
Se estima que en marzo 3.090 escuelas y liceos decidieron abrir sus puertas para realizar clases presenciales costeando por sí mismos los insumos de higiene y seguridad. 800 establecimientos han tenido que cerrar por el retroceso a cuarentena y más de 100 lo hicieron la primera semana por brotes de contagio de Covid dentro de sus dependencias. Según Figueroa los contagios "son casos puntuales" y todos los establecimientos deberían abrir. Criticó fuertemente a las escuelas rurales que por voluntad han decidido no abrir. Lo cierto es que el plan de retorno está pronto a fracasar, las y los trabajadores de la educación y las familias lo saben, pero nuevamente son los estudiantes quienes pagarán los platos rotos.
Desigualdades en el acceso a la educación a distancia
La cuarentena determinará que los estudiantes deberán continuar el año escolar bajo modalidad telemática on-line, ya sea sincrónica o asincrónica. Volviendo al modo de enseñanza del año 2020. Las estadísticas son claras. El 50% de los hogares pobres no tiene acceso a internet, mientras los sectores ricos tiene conectividad completa. El estudio de CIPER "Escuela en la casa: retrato de nuestra desigualdad íntima" muestra cómo se enfrentan las familias pobres a la educación a distancia. Hacinamiento, mala calidad del servicio de internet y falta de computadores. El cuidado de los niños está quedando a cargo exclusivamente en manos de los padres determinando la educación según condición socio económica.
Las prioridades del gobierno son preservar las ganancias de los empresarios y aumentar la represión
Durante la pandemia los grandes grupos económicos han aumentado sus ganancias, en algunos casos, sobre el 80% en comparación con otros años. Las cuarentenas permiten el despido fácil y con ello el aumento del desempleo. Se destruyeron 2 millones de empleos el año pasado y la recuperación no viene siendo exitosa. A su vez el gobierno ha destinado miles de millones a equipar a Carabineros para reprimir a manifestantes y al pueblo Mapuche.
Es hora de invertir las prioridades y hacer que la crisis la paguen quienes la generaron. El Estado debe garantizar en lo inmediato acceso gratuito a internet y tecnología de calidad a todos los estudiantes del país. Es una medida mínima para reducir la desigualdad entre los estudiantes ricos y pobres. Junto con esto también es urgente un salario de emergencia de 500 mil pesos para todo trabajador desempleado y para las mujeres cuidadoras de niños por motivos de cuarentena. El problema de la vivienda es otra gran desigualdad que impide a los estudiantes aprender. En la Región Metropolitana hay 33 nuevas tomas y a nivel nacional 1,7 millones de personas viven en campamentos. Un plan de vivienda controlado por trabajadores y los comités de vivienda podría construir nuevos hogares de calidad.
¿De donde se pueden obtener recursos para financiar todas estas medidas de emergencia? En Chile recursos hay. Están concentrados en una capa muy reducida de la sociedad. Se debe crear un impuesto especial y progresivo a la fortuna de los super ricos, que ni siquiera viven en Chile, y destinar esos recursos para garantizar realmente el derecho a la educación y a la vivienda. | 
