Según datos del periódico La Jornada, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) publicó que en “2005 se tenía un registro de 199 asentamientos irregulares de alto riesgo en la capital del país, localizados en barrancas, lechos de ríos y laderas de cerros, en los cuales habitaban 28,176 personas”
La política del gobierno del D.F., lejos de resolver las condiciones de precariedad de la vivienda, ha hecho permisible la firma de contratos con empresas inmobiliarias que construyen asentamientos urbanos sin las condiciones necesarias para sostenerlos, y sin los materiales adecuados para el bienestar de sus habitantes.
De esta forma, la construcción de fraccionamientos o de unidades habitacionales a las orillas de la ciudad, alejados de los servicios públicos y de las zonas de trabajo, hacen que las personas que adquieren una vivienda en tales condiciones se vean obligadas a abandonar sus casas para buscar otro lugar donde vivir.
El D.F. es la zona con más población en todo México, en un territorio de tan sólo 1495 km cuadrados habitan más de 8.5 millones de personas, sin contar las que se trasladan desde otros Estados para trabajar en la capital del país.
Bajo estas condiciones es también uno de los terrenos más inestables y peligrosos para vivir; por ejemplo, el Centro Histórico se construyó sobre el fango de lo que era el antiguo lago de Tenochtitlán (antes de la “Conquista” española), por lo que el piso está en constante hundimiento y sus construcciones en constante deterioro.
Por otro lado, la Delegación Álvaro Obregón está construida sobre un territorio minado, que fue ampliamente explotado durante la década de 1920, lo que dejó huecos en lugar de piso firme, razón que ha provocado derrumbes de casas y hundimientos sin previo aviso.
Otra característica de las zonas altas de la ciudad, son los asentamientos en constante riesgo de derrumbarse debido al deslave y la erosión del suelo, así como a los desgajamientos que son muy comunes en temporadas lluviosas. Mientras que en las zonas planas se sufre de inundaciones debido a la contaminación y a la mala planeación de la circulación del agua.
Estas condiciones no son debidamente previstas cuando se proponen proyectos urbanos, desde zonas de habitación, grandes obras de transporte, comercios o trabajo.
El gobierno usa la política de “tapar el pozo una vez ahogado el niño”
El pasado 22 de junio una antigua casa se derrumbó en la colonia Centro de la Delegación Cuauhtémoc, hecho que, más allá de que no haya habido pérdidas humanas, significó la pérdida del inmueble para las familias que ahí vivían. Este suceso es parte de la realidad que existe en el D.F., en donde miles de personas carecen de una vivienda digna. Ya hace más de un año, la dirección de Protección Civil del Gobierno capitalino había alertado a las familias que debían desalojar el inmueble; sin embargo, no lo hicieron porque "no tenían a donde más ir".
Así mismo, durante el pasado mes de mayo en la delegación Álvaro Obregón se derrumbó una casa habitación que se construyó sobre territorio hueco, posiblemente a causa de la presencia de una mina. Ante esto, como se informa aquí, “el Jefe Delegacional Joaquín Meléndez Lira, se comprometió a dar todo el apoyo a la vecina afectada para que mientras se realicen los trabajos de demolición de su vivienda cuente con un espacio seguro donde pernoctar, así como el apoyo en las gestiones que deberá de hacer posteriormente.”
Existe un Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en México supuestamente planificado para este tipo de circunstancias. Sin embargo, el mismo no resuelve ni mínimamente las necesidades de las grandes mayorías en cuanto a la vivienda, pues hay una fuerte carestía de esta necesidad básica: comprar o rentar una casa queda fuera del alcance de miles de mexicanos que no cuentan con los recursos suficientes para solventar los gastos, conformándose con vivir de manera hacinada o en constante riesgo de pérdida de la vivienda y corriendo con el peligro de muerte.
Necesidad de una Reforma Urbana
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en julio de 2010, lejos de enfocarse en el bienestar del grueso de la población que habita en el D.F.; se reduce a plantear facilidades para que los grandes propietarios de bienes inmuebles puedan enriquecerse con proyectos de vivienda y edificios que no responden al problema de contaminación, de falta de accesibilidad a los recursos para sostener tales proyectos y de la máxima concentración de población que impide el tránsito de la gente a sus lugares de trabajo y de estudio.
Las condiciones de los créditos públicos para obtener una vivienda propia no son reales. El pago constante para solventar el costo es algo que resienten miles de familias, así como la ubicación de las casas, que están fuera del alcance de los servicios públicos, por lo que no aseguran una vivienda digna a sus habitantes.
Es necesaria la aplicación de una Reforma Urbana que asegure la planeación de construcciones adecuadas para resistir a los embates de la naturaleza, además de que deben estar previstas de todos los servicios necesarios para vivir dignamente los cuales deben ser baratos y accesibles para el pueblo trabajador. En ese sentido cobra importancia la propuesta de imponer impuestos progresivos y extraordinarios a los propietarios de viviendas ociosas, a la par que se establece un monto máximo del costo de la renta, de acuerdo al salario y la canasta básica. Al mismo tiempo, una Reforma Urbana en función de las grandes mayorías, debe estar vinculada a un plan de créditos baratos que permita el acceso de todas las familias trabajadoras a una vivienda, pues al menos el 50% de la población no tiene acceso a una oferta formal de vivienda propia. Para llevar adelante esto es fundamental un aumento salarial de emergencia para toda la población trabajadora. | 
