"Nosotros tenemos 17.000.000 de habitantes" de esa cifra buscan vacunar a la población de riesgo que significan más de 5.000.000. Hasta ahora solo se ha llegado a 1.000.000 y en tres meses.
Pocos días después de que el presidente Alberto Fernández, en su primer cadena nacional afirmó lo que venía estando en boca de toda la comunidad médica y científica los últimos días: "en muchos países con la llegada del otoño, o incluso antes, se inició una segunda ola, en muchos casos con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados" y reconoció que su llegada al país es inminente. Sin ir más lejos, los últimos días se registraron en el país más de 8000 contagios diarios, las cifras más altas desde comienzos de febrero.
La realidad muestra que aún los planes de vacunación son poco confiables ya que las vacunas que ingresan al país son a cuenta gotas, muy lejos de los números prometidos por el Gobierno.
El mismo Alberto Fernández reconoció este jueves la escasez de vacunas a nivel global, donde los países más ricos acaparan la mayor cantidad de fármacos a costa de que los países más pobres aún no tuvieron acceso a la vacuna contra el coronavirus.
Es en medio de esta guerra de intereses entre los distintos Estados y los laboratorios que siguen lucrando con la necesidad de miles de millones de personas en el mundo que al día de hoy no tienen la certeza de cuando podrán inmunizarse contra esta enfermedad.
Por eso es imprescindible la liberación de las patentes, como también exige la Unesco y la OMS, para que se produzca lo que se necesita y todo el mundo tenga acceso a las dosis.
Por otro lado, en Argentina, las medidas que deberían acompañar a la espera de la vacuna, no forman parte de los anuncios de Kicillof.
Desde el comienzo de la pandemia la izquierda planteó la necesidad de hacer testeos masivos, para encontrar rápidamente los casos, aislarlos y evitar contagios, es decir la política de rastreo, testeo y aislamiento que luego fue reconocida incluso por científicos afines al gobierno. | 
