La política ideológica de la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983 contra las mujeres se caracterizó por reforzar el esquema patriarcal y el conservadurismo católico, llevando a cabo las prácticas más cruentas contra la integridad física, psíquica y sexual hacia las mujeres, que en esos años se atrevieron a desafiar el orden social. Son aquellas que tenían una vida política por fuera del hogar, las que rompían con los roles de género estereotipados. Ellas peleaban por sus derechos, organizadas con sus compañeros de la fábricas, lugares de trabajo y también de estudio.
El plan criminal de los genocidas incluyó a aproximadamente 500 niñas y niños que fueron secuestrados con sus padres o nacidos en algunos de los centros clandestinos donde estuvieron detenidas sus madres y posteriormente, fueron apropiados. Las “subversivas” fueron víctimas de torturas, violaciones y de violencias vestidas de un millón de formas para borrar sus ideas y su lucha.
De acuerdo al Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron un 33% del total de los desaparecidos, de las cuales el 10% estaban embarazadas. La ESMA, el Hospital Militar y Naval fueron las maternidades donde ellas tuvieron que transitar sus embarazos y partos en pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación. Algunos relatos nos cuentan que estuvieron todos los meses de la gestación con cadenas en los pies, atadas, acostadas, siempre quietas, con los ojos vendados y si intentaban moverse o pararse, inmediatamente las llevaban a torturar. Las “salas de partos” muchas veces eran sótanos de los centros de detención, donde había un médico, parteras y enfermeras (algunas monjas), que ponían su conocimiento en función del terrorismo de estado, mientras tanto, del otro lado, trabajadores de salud y estudiantes se organizaban poniendo la salud al servicio de las necesidades populares como es el caso del Hospital Posadas que forjó una alianza con el Barrio Carlos Gardel.
Los partos eran en presencia de oficiales uniformados y civiles armados y aun así, muchas veces las parturientas tenían que ser asistidas por sus propias compañeras y compañeros cuando nadie se acercaba. Hace unos días, la legisladora porteña Alejandrina Barry declaró en el juicio del Pozo de Banfield por sus padres y tíos detenidos desaparecidos. Ahí relató las torturas hacia su madre, por su rol de mujer y militante, en ese lugar y la cárcel de Olmos, donde incluso contaba que otras detenidas le dieron de amamantar dada las malas condiciones de salud en las que se encontraba su madre.
Luego del nacimiento de sus hijos e hijas se les permitía solo unos días a su lado antes de ser separados, para posteriormente ser engañadas diciéndoles que sus hijos serían devueltos a sus familias. Las mujeres permanecían durante un tiempo más en los centros clandestinos, maltratadas y torturadas sin saber cómo terminaría esta brutalidad: algunas, como sabemos, desaparecidas, y sus hijos, apropiados.
Nuestras tareas por delante contra la impunidad de ayer y hoy
Si hay algo de lo que sabemos las mujeres, es que nada conseguimos sin una pelea detrás. Venimos de copar las calles en diciembre pasado por nuestro derecho al aborto legal lo que significó una dura pelea contra los dinosaurios del Congreso, y la iglesia reaccionaria cómplice de la dictadura, de las apropiaciones ilegitimas, de las desapariciones y torturas a los y las miles de trabajadoras, muchas de ellas militantes y estudiantes que se oponían al régimen militar.
La dictadura dejó una herencia sobre la espalda de la clase trabajadora, que recae principalmente en las mujeres. Allí, es donde ocurrió el “parto de la precarización laboral’’ que posteriormente cuidaron y criaron varios presidentes desde peronistas hasta radicales. La precariedad laboral afecta a 5 de cada 10 trabajadoras, y en las más jóvenes la situación empeora siendo 7 de cada 10 las realizan los trabajos más precarios (cuidado, limpieza, textiles, etc.). Nos chocamos también con que la desigualdad salarial que según el Indec es del 21%, o sea que por cada $100 que cobra un varón, una mujer cobra $79 por el mismo trabajo. Y en salud, un trabajo principalmente femenino y con un rol destacado en la primera línea contra la pandemia, por cada 100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 89.
Todos los días nos levantamos con la noticia de un nuevo femicidio, de los cuales 1 de cada 5 es cometido por las fuerzas represivas, aquellas que siguen gozando de la impunidad garantizada por todos los gobiernos. Para dejar un dato, solamente en CABA se revelo que hay 282 policías de la dictadura que siguen en funciones. ¿Quién nos cuida de la policía? Esto es lo que se pregunta el movimiento de mujeres, que se movilizó en varias provincias del país por el brutal caso del femicidio de Úrsula y Graciela y denunciando al responsabilidad de Estado.
Esa, es la misma policía que en Octubre pasado reprimió a las mujeres que luchan por vivienda para ellas y sus hijos e hijas. Dimos una gran pelea en unidad este 8 de marzo con las mujeres de Guernica al frente, rodeada de las comisiones de mujeres de cada uno de los lugares de trabajo que se organizan, como la del Hospital Posadas, Madygraf, Coca-Cola, etc.
Nosotras no olvidamos ni perdonamos, ¡tomemos en nuestras manos la pelea por verdad y justicia! Por la encarcelación efectiva en cárceles comunes a todos los cómplices y responsables del genocidio, por la apertura de los archivos en manos de Estado y sus fuerzas, exigimos la restitución de su identidad para los más de 300 hijos e hijas apropiados y castigo a sus apropiadores.
Somos el hilo de continuidad de esas mujeres que se plantaron y por eso, sobran motivos para estar en las calles este 24 de marzo. Llenemos de estudiantes y luchadores la Plaza de Mayo y que las grandes organizaciones como sindicatos y centros de estudiantes se pongan a la cabeza. Exigimos en particular, a Nuevo Espacio conducción del CECIM-Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas que convoque a movilizar junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. |