Mientras la tasa de paro ha aumentado por encima del 7,8% en 2020 y los despidos se multiplican, Macron y Borne lideran una gran ofensiva contra los más precarios a través de la reforma del subsidio de desempleo. El decreto debería publicarse el 1 de abril y aplicarse el 1 de julio. Esta reforma ataca, en primer lugar, a la accesibilidad a la prestación por desempleo (incrementando la duración del periodo trabajado para poder optar a la misma) y la cuantía de las prestaciones va a disminuir significativamente.
Si bien la crisis sanitaria ha provocado hasta ahora la pérdida o la amenaza de pérdida de unos 800.000 puestos de trabajo, este decreto supone un terrible ataque a los trabajadores despedidos y a los más precarios, hasta el punto de que todas las organizaciones sindicales afirmaron el 23 de febrero, en un comunicado conjunto, su "profundo desacuerdo" con unas medidas que "pesarán sobre la vida cotidiana de las mujeres y los hombres que pierden sus puestos de trabajo". Una oposición formal al proyecto que, sin embargo, no les ha impedido seguir con el "diálogo social" hasta el final, y que hasta ahora no se ha traducido en ningún plan de acción consecuente, para construir una relación de fuerzas contra el gobierno, en la calle y en las empresas.
Sin embargo, el gobierno está tratando de calmar la ira que podría estallar en torno a este nuevo ataque. En efecto, a pocos días de su publicación, la última versión del decreto transmitida a las organizaciones patronales y sindicales incluye algunas pequeñas modificaciones que son sobre todo medidas estéticas.
En un intento de justificar esta reforma en un contexto de profunda crisis económica, el decreto va a condicionar la accesibilidad a las prestaciones y su regresividad a ciertos indicadores: más de 2,7 millones de contrataciones, excluyendo los contratos temporales, en cuatro meses y un descenso del número de parados de categoría A de 130.000 en seis meses. Según el Ministerio de Trabajo, estos indicadores reflejan una recuperación sostenible de la contratación. En caso de confinamiento estricto, la reforma se congelaría durante seis meses.
Pero detrás de estas pequeñas enmiendas, está sobre todo la voluntad del Gobierno de hacer pagar la crisis a los más precarios, aprobando esta reforma cueste lo que cueste, sin modificar su estructura. A lo sumo, Borne y Macron buscan ganar tiempo para no enfrentarse a una cólera demasiado potente, ya que los efectos de la reforma no se notarán inmediatamente, sino que el decreto se publicará y aplicará como muy tarde en unos meses.
Como ya dijimos en un artículo anterior, frente a este gobierno empeñado en hacer pagar la crisis a los parados y a los trabajadores, es a través de la lucha y el equilibrio de fuerzas como será posible defender nuestros derechos. Por eso es importante hacer un llamamiento desde ya a las direcciones sindicales para que exijan un verdadero plan de movilización, en las calles y en los centros de trabajo, contra la reforma de la prestación por desempleo y los despidos. Como la convocatoria de manifestación contra el paro y la precariedad que tuvo lugar el pasado 20 de marzo, a iniciativa del movimiento nacional de parados y precarios que debe ser un primer punto de apoyo. Se trata de construir un frente lo más amplio posible para construir la respuesta de las bases contra el proyecto antisocial de Macron, porque no son los trabajadores los que deben pagar la crisis. |
