Foto: Isabel Sanginés / Somoselmedio.org
Se dio a conocer la primera orden de aprehensión contra José Luis Abarca como presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La orden la emitió el juzgado primero de distrito en procesos penales federales, con sede en el estado de Tamaulipas.
Hasta ahora Abarca permaneció detenido por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no por el caso de los normalistas.
Mientras tanto, el mismo juez ordenó la detención de María de los Ángeles Pineda, la esposa de Abarca, por delincuencia organizada, en virtud de la acusación de vínculos con cárteles del narcotráfico.
La autopsia de César Mondragón: una farsa
A su vez, los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) informaron que la causa de la muerte del joven Mondragón fue “un edema cerebral causado por fracturas múltiples de cráneo”, según informa La Jornada.
Pero respecto al hecho de que Mondragón fue hallado con el rostro arrancado, los peritos señalaron que se debe a la acción “de la fauna nociva del lugar”, y que tuvo lugar post mortem.
En el mismo medio, se dio a conocer que Afrodita Mondragón, madre de César, sus tíos y Marisa Mendoza, su viuda, declararon que el expediente de su asesinato, radicado en el estado de Guerrero, evidencia ‘‘una falta absoluta de respeto y de profesionalismo, además de que evidencia el desinterés’’ por esclarecer el homicidio.
El médico austriaco-mexicano Roberto Loewe comparó las fotografías del cuerpo de César Mondragón con otros ocho casos de muerte por tortura de desollamiento de rostro, y llegó a la conclusión de que la muerte del joven normalista no fue producto de un edema cerebral, sino de la tortura. Desmintió así la versión oficial.
Fue el Estado
Más allá de que estén en la cárcel Abarca y su esposa, lo cierto es que tanto los crímenes de los tres normalistas –entre ellos César Mondragón, y de una mujer, un conductor, y un adolescente jugador de futbol del equipo Avispones–, más las desapariciones forzadas de los 43 normalistas acaecidos el 26 de septiembre de 2014, continúan impunes.
Estos crímenes intentan amedrentar a los movimientos sociales y no lo han conseguido. Al contrario, desataron la indignación en amplios sectores del pueblo mexicano, como se vio en el amplio movimiento democrático que se desarrolló a fines del año pasado. Y se expresó el hartazgo frente a la infame clase política coludida con el narcotráfico mientras se llena los bolsillos a costa de la clase trabajadora y los sectores populares, frente a la represión y a la militarización que tantos muertos, desaparecidos y desplazados costaron al pueblo mexicano.
Como se dio a conocer en distintos medios de comunicación, entre ellos la revista Proceso, el ejército participó de la masacre de Iguala. El gobierno estatal y el federal estaban al tanto. Pero ambos quedaron fuera de las investigaciones y tratan de dejar afuera también al ejército.
Aun cuando el nivel de movilización disminuyó, el repudio, la indignación y la desconfianza frente al estado se mantienen como un sonido sordo. Para el gobierno de Peña Nieto no hay retorno de la crisis abierta por Iguala. El cuestionamiento a su gestión llegó también desde el exterior.
Incluso las elecciones no terminaron de fortalecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque haya obtenido la mayoría en el congreso. Y el régimen de la alternancia, donde el PRI junto al Partido Acción Nacional (PAN) gobernaban en turnos para aplicar los planes neoliberales y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) posaba como ala izquierda, ya no es más lo que era. El PAN y el PRD salieron profundamente debilitados de los últimos comicios.
Hoy enfrentan la indignación de los maestros que luchan contra la evaluación punitiva y la reforma educativa de la cual es parte. Pero el combativo magisterio no se olvida de Ayotzinapa, y reclama también por los 43.
Se abre una nueva oportunidad para redoblar la lucha por los normalistas desaparecidos. | 
