Desde que llegó a la presidencia, el gobierno de AMLO se ha presentado como un exponente de la segunda y tardía oleada de los llamados progresismos latinoamericanos. Los índices de popularidad difundidos por encuestadoras y medios de información (un 65 % de aprobación), señalan que mantiene parte importante del respaldo electoral manifestado en 2018, basado en las expectativas generadas en amplios sectores del movimiento de masas, hartos de las anteriores experiencias neoliberales, priistas y panistas. Esto le permitió aparecer como un gobierno hegemónico, potenciado por el peso adquirido al interior de las instituciones, así como por la crisis de los partidos tradicionales de la burguesía mexicana. Gracias a esto pudo manejar, no sin desgaste, pero controlando hasta ahora los costos políticos, la crisis sanitaria y económica que azotó a México durante el 2020.
Ya planteamos en otros momentos las características fundamentales que definen a la Cuarta Transformación, la cual deviene tanto de su carácter social como de la relación que el actual gobierno estableció con el movimiento de masas. López Obrador, mientras administra los intereses capitalistas y sostiene la dependencia respecto al imperialismo estadounidense, despliega una retórica progresista y medidas puntuales con las que pretende distanciarse del neoliberalismo y mantener el apoyo social de sectores populares. Nos referimos, por ejemplo, a los planes sociales, los incrementos al salario mínimo, las pensiones para adultos mayores o, como un ejemplo reciente, a la legalización de la marihuana para uso lúdico, por citar algunos ejemplos. También, como veremos, es parte de esto la discusión abierta en torno a la nueva reforma de la industria eléctrica, con su intención de limitar – hasta cierto punto – la política de entrega de este sector estratégico, que se impuso durante el Pacto por México.
Sin embargo, los límites del progresismo lopezobradorista y su carácter de clase se evidencian en su sostenimiento de políticas reaccionarias y conservadoras, profundizadas por la crisis económica y sanitaria [1]. Es el caso de la política educativa –desde los despidos anunciados en la SEP hasta la falta de pagos a los profesores universitarios–, y su actitud ante el movimiento de mujeres y sus justas demandas. También la imposición de la UMA como medida de cálculo de las pensiones, la cual fue seguida de un aumento del monto de las pensiones para los adultos mayores y la reducción de la edad para recibirla, presentada por el gobierno como una compensación. Es importante considerar en este orden, las políticas de fortalecimiento de las fuerzas armadas, que han sido encumbradas a través de la administración de puertos y aduanas, los fideicomisos, la intervención en tareas sanitarias y de seguridad pública o el papel asumido en la campaña de vacunación. Hay que hacer notar que la relación establecida con las fuerzas armadas representa un rasgo eminentemente bonapartista del gobierno de AMLO [2].
Esto se expresa también en la relación entre el gobierno y la nueva administración estadounidense, que le pide a México que mantenga su rol de policía fronteriza, en tanto miles de niños migrantes permanecen en cárceles en territorio de EE. UU. Se trata entonces de un gobierno que emergió de una profunda crisis en la relación entre gobernantes y gobernados y, en particular, respecto a los viejos partidos de la burguesía mexicana. Y que combina la administración y la defensa de los intereses históricos de la clase dominante, con la necesidad de responder parcial y puntualmente, a algunas de las expectativas populares, para así mantener la estabilidad política y social y su propia hegemonía.
Estos aspectos cruciales de la política lopezobradorista son parte de un dinámico panorama nacional en el cual se están desarrollando distintos procesos políticos y de resistencia social.
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El trasfondo: la crisis económica y sanitaria
No cabe duda de que la pandemia ha tenido un saldo muy duro para el pueblo mexicano. 200 mil fallecidos hasta ahora es testimonio de eso; en su mayoría trabajadores y de los sectores populares. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cantidad de muertes por COVID, sólo después de Estados Unidos y Brasil.
Esto no puede comprenderse sin atender a la responsabilidad del gobierno federal y de los mandatarios estatales pertenecientes a la oposición, quienes impulsaron la criminal reapertura económica desde mayo del 2020 en la frontera norte, la cual se extendió a todo el país, siguiendo los imperativos de las trasnacionales y el propio gobierno estadounidense. Las consecuencias de esto fueron devastadoras.
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Ahora, el gobierno pretende, con la campaña de vacunación, esquivar un nuevo pico de la pandemia, que cada vez se ve más probable. De ahí también el acuerdo con la administración de Joe Biden, que supone el canje de vacunas por un reforzamiento de los controles fronterizos. Sin embargo, la política aperturista –que incluye ahora la pretensión de reanudar clases presenciales sin que esté toda la población vacunada– abre el camino a una nueva oleada de contagios, que no podrá ser contrarrestada si se mantiene el lento ritmo de vacunación y el acaparamiento de los biológicos por parte de Europa y Estados Unidos.
La previsión de crecimiento económico para este 2021 se ajustó de 3.5 a 4.5 %, lo cual evidentemente dependerá tanto del plan de vacunación como de la evolución de la pandemia. Aun así, se encuentra atado a la dinámica de la economía de EE. UU., donde se estima un incremento de 6.5 % del PIB. Si bien en Palacio Nacional consideran que esto fortalecerá al T–MEC, es indudable que estamos ante un panorama incierto. Aunque se evitó un escenario catastrófico de la economía –a tono con la dinámica internacional donde la intervención estatal en los países imperialistas jugó un rol muy importante– México sigue siendo uno de los países más golpeados de la región.
Para probar esto, más allá de los datos macroeconómicos, están el aumento de la pobreza, la precarización, así como el desempleo y la pérdida de fuentes de ingreso, que afectaron a 18 millones de personas, un 15 % de la población total.
En este contexto, para los analistas económicos sería prudente no echar las campanas al vuelo, considerando que el crecimiento pronosticado se asemeja más bien a un “efecto rebote” y que llevará años recuperar el terreno perdido. Hay que considerar, por ejemplo, que la producción automotriz en los tres países de América del Norte cayó entre un 19 % y un 28 % durante el 2020, más del doble de lo que cayó China, según la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [3]. Además, es importante considerar el carácter dependiente del capitalismo mexicano, el cual evidentemente puede dificultar la recuperación: por dar un ejemplo, durante la misma pandemia, por ejemplo, la producción automotriz se frenó, entre otros factores, por la falta de microconductores (chips), que no se producen aquí. Cuestiones tales como las remesas, apuntaladas por el paquete de ayuda económica de Biden, aunque favorecen a la economía nacional, están lejos de resolver las contradicciones estructurales.
Es importante considerar que la dinámica económica puede tener consecuencias para la propia popularidad del gobierno. Aunque hasta ahora lo evitó, una situación económica que no sea decididamente favorable podría afectar los recursos para planes sociales y otras medidas similares que el gobierno puso en juego para responder, de forma paliativa, a las expectativas de cambio. Iniciativas como la reforma eléctrica, aunada a la reducción del gasto público, tienen entre sus causas evitar este escenario.
Elecciones y polarización política
La situación, entonces, está abierta. ¿Estas condiciones pueden afectar al gobierno, más que como hasta ahora? Sin duda. AMLO pretende evitarlo y para ello apuesta a un buen resultado en las próximas elecciones.
En junio, el Morena se juega a consolidar su papel preponderante en el régimen político que logró en 2018, apelando incluso a alianzas poco “progresistas” con partidos de la calaña del Verde Ecologista, las Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo y Nueva Alianza, a la par que ha buscado integrar a sus listas a personalidades provenientes de los movimientos sociales, como es el caso de la abogada Susana Prieto en Chihuahua, como una estrategia política de cooptación. En este camino, el partido en el gobierno federal espera superar las disputas intestinas que, al mejor estilo del sol azteca, se le abrieron por las candidaturas en los meses previos.
Bajo la conducción directa de Mario Delgado y siguiendo los dictados de AMLO, el oficialismo pretende conquistar la gubernatura de las 15 entidades en juego y la mayoría parlamentaria; las encuestas pronostican que podría lograrlo en 13 de las mismas. Además, no hay que olvidar que están en disputa los estados del norte del país, los cuales tienen una importancia sustancial, tanto por estar todavía bajo el control de la oposición, como por su peso económico y el rol de la industria de exportación y maquiladora. Las posibilidades que Morena tiene en algunos de estos estados, y los escándalos que estallaron como el del gobernador de Tamaulipas, demuestran la debilidad que arrastra la oposición. Vamos por México podría inscribir en su lema “no nos une el amor, sino el espanto”, el temor del PRI, el PAN y el PRD a no poder remontar la crisis en este turno electoral, y arribar muy débiles a las próximas elecciones presidenciales, lo cual es un escenario muy probable.
En este panorama –cruzado además por el crecimiento de la violencia y los enfrentamientos entre el narco y las fuerzas del Estado que se intensificarán en los siguientes meses– hay que comprender los recientes acontecimientos nacionales y de la lucha de clases.
La reforma eléctrica y los roces con las trasnacionales
Iniciamos este artículo planteando una definición del gobierno de López Obrador, considerando tanto su carácter social como la relación que tiene con el movimiento de masas, sus expectativas e ilusiones.
A la luz de esa conceptualización se comprende que una de las actuales y fundamentales discusiones, generada a partir de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el gobierno, veta determinados privilegios de las empresas para la producción y distribución de energía eléctrica.
Como plantea Bárbara Funes en este artículo “Durante el gobierno de Felipe Calderón, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa fueron las ganadoras con el avance de la privatización de la industria de la energía eléctrica. Repsol, a su vez, como abastecedora de gas natural para las centrales de ciclo combinado, también está entre las empresas más beneficiadas. Trasnacionales de otros giros adoptaron la moda del “capitalismo verde”, con el consumo de energías renovables”.
Como se plantea en el ya citado artículo, el presidente presentó la reforma eléctrica como un avance hacia la “recuperación de la soberanía energética”, en tanto priorizaría el suministro de energía eléctrica a la paraestatal Compañía Federal de Electricidad respecto a las centrales privadas de energías renovables y de ciclo combinado, que usan gas natural como combustible. Con la intención de contar con mayores recursos y reducir el saqueo a las arcas públicas que representa subsidiar en los hechos a dichas trasnacionales.
En ese contexto, la medida de AMLO encontró una oposición denodada por parte de un importante sector del empresariado nacional y trasnacionales imperialistas, como es el caso de Iberdrola, Wall Mart, Bimbo, Oxxo y otras. Estamos presenciando entonces una crisis en la relación entre el gobierno de AMLO y determinados sectores capitalistas, que se trasladó –como no podía ser de otra manera– a los medios de comunicación y al poder judicial, el cual intenta sepultar la iniciativa legislativa tras una multitud de fallos adversos de claro corte proempresarial.
Esta acción gubernamental –evidentemente motivada por la intención de garantizar preponderancia a la CFE en la producción y la venta de la energía eléctrica– ha generado una muy tangible crisis respecto a un sector destacado de las grandes empresas, que se beneficiaron de una de las leyes estelares de Peña Nieto, y a quienes les afecta económicamente la iniciativa morenista.
A la par, no significa, en sí misma, una política que eche atrás la apertura al capital privado y la entrega del sector energético a las transnacionales, del cual es parte la industria eléctrica. El mismo AMLO ha intentado tranquilizar las aguas en ese sentido, al afirmar que “no se trata de expropiar ni de nacionalizar”, dejando claros los verdaderos alcances de esta medida.
Lo cierto es que el gobierno abrió un nuevo y convulsivo frente, al cual, mientras estamos cerrando este artículo, se suma la iniciativa de reforma petrolera, que persigue objetivos similares: fortalecer a la paraestatal Pemex, sin que eso implique echar atrás el conjunto de la reforma neoliberal. Está por verse si las brechas existentes se profundizarán, o si primará “moderación” que le exigen los medios derechistas.
Por el momento, la polarización y la disputa con el poder judicial y los empresarios le convienen a López Obrador, en la medida que le permiten, en un año electoral, fortalecer su posicionamiento como “antineoliberal”. También, abona a echar un velo sobre otras políticas nada progresistas de Palacio Nacional, en particular frente a los procesos de movilización y organización que recorren al movimiento de mujeres y a sectores de trabajadores.
Del zoom a las calles: 8M, movimiento educativo y resistencias
Mientras la pandemia continúa, lo nuevo en el panorama político es la emergencia de distintos procesos de protesta social. Este mes de marzo inició con nuevos aires de movilización, con sana distancia y cubrebocas.
El 8M, decenas de miles de mujeres tomaron las calles en la capital del país, con réplicas en distintos estados. México se mostró una vez más como parte de ese fenómeno internacional que llegó para quedarse. Lo que también se evidenció es que el movimiento de mujeres es el principal y más masivo fenómeno político y social de oposición al gobierno, cuestionando por izquierda su actuación conservadora y reaccionaria, la cual favorece y le hace el juego a la derecha antiderechos.
La situación de violencia estructural que enfrentan las mujeres y que no cedió durante la pandemia, la negativa a derechos elementales como el aborto –bandera de lucha en México y el mundo–, así como la situación de violencia y precarización laboral, se combinaron este 8 de Marzo con la indignación ante las más recientes acciones gubernamentales, empujando una irrupción masiva y en las calles.
La confirmación inicial de Salgado Macedonio como candidato de Morena en el estado de Guerrero –por el momento cancelada por el Instituto Nacional Electoral–, a pesar de las denuncias por violación y abuso sexual, y el vallado de Palacio Nacional mostraron la verdadera cara de la 4T ante el movimiento de mujeres. Sin duda, al interior de este potente movimiento de mujeres está abierto el debate político y estratégico y, en particular, la necesidad de que se desarrolle un movimiento masivo y combativo, independiente tanto del gobierno como de la oposición burguesa, que ponga en su agenda la lucha por el derecho al aborto, contra la violencia y la precariedad laboral, y que busque de manera prioritaria la unidad con las y los trabajadores.
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Justamente, uno de los elementos más notorios del actual panorama político es la emergencia de distintos procesos de resistencia entre sectores de trabajadores. Durante la crisis sanitaria se mantuvieron distintos conflictos –como la huelga del Sutnotimex, el movimiento de los profesores de la UACM o de los trabajadores despedidos organizados de General Motors– y surgieron otros. Entre estos podemos mencionar las movilizaciones y paros en las maquiladoras del norte del país, de los repartidores de las apps, así como entre los trabajadores de la salud, que desde la primera línea protestaron contra sus condiciones de trabajo y la falta de vacunas.
En las últimas semanas, presenciamos el despliegue de distintas protestas en el sector educativo, como respuesta al ataque sobre sus condiciones laborales, propiciado bajo la actual administración. Es el caso de las y los profesores de asignatura de la UNAM ante la falta de pagos y la precariedad de sus trabajos. El de las trabajadoras del IEMS, contra los despidos impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México. Así como del magisterio de distintos estados, que se movilizó a la capital del país, y sobre el que pende la amenaza de despidos –anunciada por la nueva secretaria de educación pública–, así como de un regreso a clases que pondrá en riesgo a los maestros y al resto de la comunidad.
Debe considerarse, sin embargo, que esto es la punta del iceberg. La situación estructural que enfrenta la mayor parte de la plantilla docente de la UNAM es compartida con el resto de las universidades del país, que enfrentan duros recortes presupuestales, uno de los verdaderos efectos de la austeridad republicana propugnada por el presidente. Lo mismo podríamos decir de los miles de maestros movilizados en días recientes: las causas de su protesta son las mismas que enfrenta el conjunto del magisterio de México. A la par, es significativa, y altamente progresiva, la participación de miles de estudiantes que pararon la UNAM, en solidaridad y apoyo a sus profesores, incorporando a su vez otras sentidas demandas, retomando así el correcto y urgente camino de la unidad obrero estudiantil.
Hay que considerar que este nuevo momento de protestas y movilizaciones que estamos presenciando, es resultado del descontento ante la creciente precarización y el empeoramiento de las condiciones salariales y laborales. Éstas son las verdaderas políticas de la Cuarta Transformación hacia los trabajadores, que en este terreno continúa con las políticas neoliberales de las administraciones previas. Ante eso, estamos viendo, en estos sectores de trabajadores y jóvenes, una primera experiencia crítica respecto al accionar gubernamental.
Merece además destacarse que estos procesos irrumpen cuando todavía estamos en plena pandemia; ¿estarán indicando un resurgir de la protesta entre sectores más amplios de los explotados y oprimidos del país? Sin duda debemos apostar a desarrollar esa posibilidad. En la situación dinámica que analizamos previamente, cruzada por la crisis sanitaria y económica, la polarización política y las acciones del gobierno que lo confrontan con sectores del empresariado, sectores de trabajadores pueden irrumpir y poner en juego, como ya están haciendo inicialmente en los procesos mencionados, sus propias reividicaciones y aspiraciones.
En este panorama entonces, uno de los desafíos es avanzar en la coordinación y articulación de los procesos de protesta obrera y popular, rompiendo toda tendencia al corporativismo, que no casualmente fomentan las burocracias sindicales y políticas.
Enfrentar la precarización laboral y los efectos de la crisis económica y sanitaria, y a la vez propiciar el triunfo de los procesos actuales, requerirá que los millones de asalariados del país adquieran un verdadero protagonismo en la escena política nacional. Eso pone a discusión el rol de los grandes sindicatos y en particular de sus direcciones, que se encuentran –aun aquellas que se consideran democráticas– en una verdadera tregua con el gobierno de la Cuarta Transformación. Que éste, así como los partidos e instituciones al servicio de la clase dominante, sostengan políticas reaccionarias frente a los trabajadores, y que se mantenga la herencia neoliberal bajo la actual administración, no puede entenderse sin comprender este rol de las burocracias. Las mismas, además, son adversarias de que la clase obrera confluya con otros sectores que se mantienen activos, como el movimiento de mujeres, la juventud o el movimiento ambientalista.
Se requiere entonces de una política para que la clase trabajadora aparezca de forma decidida en la discusión nacional, de manera independiente tanto respecto al gobierno como, por supuesto, a la derecha neoliberal. Que confíe sólo en la fuerza y los métodos de lucha de la clase trabajadora y sus aliados y no en las instituciones. Que se apueste a darle continuidad a la movilización, imponiéndoselo a las burocracias sindicales y políticas, sin confiar en que votando por el mismo o por otro de los partidos del régimen, la situación de los trabajadores y el pueblo cambiará.
El Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas apuesta todas sus energías al servicio de desarrollar esta perspectiva, con el horizonte de poner en pie un partido revolucionario, socialista, antiimperialista e internacionalista. |
