El miércoles pasado en la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó en general el proyecto que crea un royalty al cobre y el litio, el cual fue encabezado por el diputado de la FRVS Esteban Velásquez desde el año 2018.
Este proyecto ha sido foco de debate en la superestructura política, el cual desde un comienzo ha sido rechazado por el gobierno de Piñera y que en palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, declararon que harán reserva constitucional al encontrar que el proyecto es inconstitucional, argumentando que el único que puede tener la facultad de crear un tributo es el Presidente.
A eso se suma las declaraciones del mismo Ministro, quien el mismo día en la lógica de desacreditar la necesidad de un royalty, que con la ley vigente del Impuesto Específico a la Minería (IEM), dado el precio del cobre de US$4 la libra, se estaría aplicando un impuesto cercano al tope máximo que tiene el IEM del 14%.
Michel Jorratt, ex director del Servicios de Impuestos Internos, quien es parte del equipo económico de Paula Narváez, desmintió las declaraciones del ministro Cerda, a través de un estudio planteando que “con un precio de US$ 4 por libra, las tasas efectivas alcanzarían apenas un 6,2%, con US$ 5, un 7,3% y con US$ 7, tasas de 8,8%, todos lejos del 14%.”
La derecha busca con todo poder evitar un royalty minero del 3% como lo promueven los regionalistas, lo que incluso es algo mínimo que sucede en otros países mineros en los cuales al igual que aquí, se explotan recursos naturales que no son renovables, pagando por ello una retribución porcentual no en torno a la renta o ganancias que tiene una compañía minera como sucede en Chile con el IEM actualmente, sino sobre el valor que tienen los minerales extraídos. Lo que debería ser un derecho mínimo democrático.
Además, según el mismo estudio de Jorratt, la escala entre el 5% y el 14% del IEM, tienen diversas variables para ser determinadas, y una de esas son los “contratos de invariabilidad tributaria”, es decir contratos con firmas mineras que no han aumentado su tributación al fisco durante años, la que se ha aplicado desde el año 2006, la que es responsable de que hasta la actualidad de que quienes se han acogido a esta ley de invariabilidad han mantenido las tasas bajas de IEM entre el 4%y el 5%.
Este es el “oasis” de los empresarios en Chile del que tanto se jactaba Piñera, del cual se regalaron US$114.000 millones en el período del 2005 al 2014 a las 10 principales mineras privadas más grandes que hay en el país entre cátodos de cobre refinado y concentrados de cobre, según lo publicado por un artículo durante el año 2018 en la Revista de CEPAL N°124, en el cual se anunciaba que sólo con US$5.000 millones al año se podría financiar de forma gratuita todos los niveles de educación.
Pero, este saqueo también se expresa en el robo descarado de decenas de metales llamados “impurezas” que vienen en el concentrado de cobre. Y que ya durante el año 2014, el Profesor y Decano, Doctor de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, Juan Camus denunciaba que mientras “el 98% del metal rojo producto de 100 toneladas de concentrado, tienen un valor de US$ 192.121 (considerando a 4 dólares la libra) y, el resto, el 2% lo que representa las “impurezas” estimaba un valor de mercado equivalente a US$ 9.264.979,55 (por cada 100 toneladas-tn- de concentrado)”. Es decir, que en las llamadas “impurezas” que entre todos sus metales contiene oro, plata, zinc, platino, níquel, molibdeno, renio, titanio, las grandes compañías mineras privadas se roban más de US$9 millones por cada 100 toneladas de concentrado de cobre.
Esto último, también se puede visualizar en el estudio del año 2019 de Michael Hanni y Andrea Podestá llamado “Manipulación del precio del comercio internacional de productos del cobre: un análisis de los casos de Chile y el Perú”, en el cual se denuncia el saqueo bajo secretismo aduanero del concentrado de cobre, donde se acusa con cifras claras el fraudulento negocio internacional de la minería privada a través de la exportación de este producto desde Chile. En un párrafo de este estudio, se estipula la baja que ha habido del valor FOB (valor de la mercancía estipulado en factura comercial) respecto a la exportación del concentrado de cobre de la siguiente manera “En Chile, durante el período analizado (2006-2016), el valor de las exportaciones de concentrado de cobre subvaluadas alcanzó 3.035 millones de dólares, que equivalen al 2,2% del valor FOB exportado, de acuerdo con la estimación en la que se considera la composición del concentrado que consta en las declaraciones de aduana. La mayor parte de este monto corresponde al subperíodo 2006-2010 cuando el valor subfacturado representó en promedio el 4% del valor exportado. En los años siguientes se observa una reducción del monto subfacturado, con un promedio del 0,9% del valor exportado entre 2011 y 2015”.
Esto es parte del circuito del saqueo de los recursos naturales que hasta el día de hoy actúa en el país. Y no bastando con esto no es sólo el secretismo aduanero, donde no se sabe cuántas son las toneladas de metales que se roban las grandes transnacionales, sino también lo denunciado por Jorratt, en torno de que en Chile tampoco es pública la información, de cuántas son las empresas acogidas a los contratos de invariabilidad tributaria, es decir, para la mayoría de la población no hay conocimiento real de cuánta es la magnitud de dinero que por décadas se han saqueado, menos cuáles son las cuentas reales que tienen estas empresas.
¿Por qué el control y la administración obrera de la producción y las industrias y no la cogestión?
Hace más de una semana, la carta presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, abrió el debate respecto al tema de la cogestión o codeterminación en las empresas, la cual para este implicaría una democratización en los lugares de trabajo, si es que en los directorios de las empresas no sólo hubiesen accionistas, sino también representantes de los trabajadores y sindicatos. La necesidad de esta cogestión que plantea Boric, reside en que a través de esta se podrían mejorar las condiciones laborales, el ambiente laboral y mejoras en algunos derechos para los trabajadores, como también que seamos los trabajadores parte de algunas decisiones estratégicas que impulsen las empresas como una política de efecto positivo en la formación de capital.
La idea planteada por Boric, tiene sostén en la experiencia de ciertas empresas en Alemania, pero también aquí en Chile existe una experiencia que vive hasta el día de hoy, como lo es la formación del directorio de CODELCO, que dentro de sus integrantes tiene un representante de las y los trabajadores a través del cupo otorgado por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). Pero esta experiencia ha presentado varios problemas, y es que partiendo de los marcos legales que rigen a los sindicatos en Chile, el Código del Trabajo está hecho prácticamente como una máquina de producir burócratas sindicales, esos llamados dirigentes vendidos que en sus sillones se hacen carrera para su bienestar personal.
Ejemplo claro de esto, es el caso del ex dirigente por 22 años de la FTC, Raimundo Espinoza, quien tenía sueldo de gerente por representar a las y los trabajadores en el directorio, el que anualmente llegaba a un sueldo de $59.347.267, es decir, durante las décadas que estuvo en el sillón sindical recibió más de $1.300 millones. Siendo un gerente más, alejado de la realidad de cualquier trabajadora o trabajador común y corriente, no es de sorprenderse que como dirigente avalara planes de despidos en políticas estratégicas para CODELCO e incluso llegase a criminalizar las huelgas y movilizaciones de contratistas, como lo hizo el año 2015, aún cuando la policía asesinara a Nelson Quichillao.
En contraposición a lo planteado por Boric, para nosotros una real democratización en los lugares de trabajo debe partir por el control obrero de la producción, el que para nosotros como planteaba León Trotsky tiene que ver con el “período de dualidad de poder en la industria, que corresponde al paso del régimen burgués al régimen proletario”, es decir, la vigilancia y la comprobación del trabajo de un organismo por otro organismo", el cual se puede conquistar con la organización y fuerza de las y los trabajadores.
El mismo Trotsky escribía en torno al control obrero y el secreto comercial en el Programa de Transición, que “El secreto comercial de la época actual es un constante complot del capital monopolizador contra la sociedad (...) Los primeros objetivos del control obrero consisten en aclarar cuáles son las ganancias y gastos de la sociedad, empezando por la empresa aislada, determinar la verdadera parte del capitalismo aislado y de los capitalistas en conjunto en la renta nacional, desenmascarar las combinaciones de pasillo y las estafas de los bancos y de los trusts; revelar, en fin, ante la sociedad el derroche espantoso de trabajo humano que resulta de la anarquía del capitalismo y de la exclusiva persecución de la ganancia.”
Por lo que la perspectiva de luchar por el control obrero de la producción, llevándolo incluso a la polémica por la discusión del royalty minero y el saqueo del cobre, permitiría que las y los trabajadores y el conjunto de la población tuviese conocimiento público de cuántas son las empresas que tienen invariabilidad tributaria, cuáles son sus cuentas que lo llevan a eso y qué dicen sus libros de contabilidad e incluso cuestionando la sobreproducción y la sobreexplotación dado los ritmos productivos que impone los capitalistas que enferman comunas enteras, se podrían enfrentar problemas como la contaminación y las zonas de saturación. Lo mismo con el saqueo del concentrado, se podría terminar con el secretismo aduanero a través del cual por décadas se han robado miles de millones de dólares que nadie sabe.
En una “cogestión” como la planteada por Boric, no es garantía que todos estos secretos se den a conocer, es más no habría una “vigilancia” real por parte de los trabajadores a las políticas económicas y productivas de la empresa, CODELCO es el gran ejemplo de ello, la cual siendo una minera estatal, funciona igual que una minera privada. Por lo que las y los trabajadores no tendrían una incidencia real, menos podrían ocuparse como hasta ahora los recursos para resolver los problemas reales de la población trabajadora y pobre. Por eso es que el control obrero de la producción, también va acompañado de recuperar los sindicatos de forma democrática, para que las decisiones pasen por el conjunto de las y los trabajadores, donde las asambleas sean soberanas y las acciones de los representantes de los trabajadores no se desvíen del por qué fueron electos.
En medio del debate por el royalty y la codeterminación, en medio de un proceso constituyente, se hace fundamental discutir realmente qué hacer con los recursos naturales estratégicos como el cobre, el litio, incluso el agua. Nuestra lucha es por el control obrero de la producción, pero más allá ante las problemáticas que millones durante octubre gritaron en las calles, como los de la educación, la salud, las pensiones, salarios, entre otras, es necesario fortalecer la organización de la clase trabajadora, no sólo para controlar la producción, sino para dar un paso importante hacia un Chile que aún se encuentra en crisis, para cuando la lucha de clases se ponga nuevamente al centro y los empresarios quieran amenazarnos de retirar sus inversiones o cerrar lugares de trabajo, y plantear la recuperación total de los recursos, a través de la nacionalización sin pago de estos, bajo la administración de las y los trabajadores y las comunidades, no sólo para controlar lo que hacen los capitalistas, sino para recuperar los recursos naturales y que su administración en nuestras manos apunte a resolver los reales problemas de la mayoría de la población a través de la una distribución racional y realmente democrática de nuestras riquezas. |
