Estocada por parte del Consistorio madrileño de consecuencias impredecibles contra las familias más vulnerables. Este 31 de marzo se hará efectiva la cancelación de los 66 contratos de urgencia que repartían alimentos a las familias más pobres y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como personas mayores.
Almeida y su equipo de gobierno han considerado que las prórrogas de este plan de ayuda de urgencia tenían que llegar a su fin, dejando así a los servicios sociales y a los propios funcionarios que gestionan este programa en los diferentes distritos, completamente atónitos e indefensos.
“Dirán que hay alternativa, pero no la hay”, se quejaba un funcionario en unas declaraciones recogidas en El País. Y no es para menos. Las dudas sobre la gestión que el equipo de Almeida quiere hacer de esta situación son enormes.
En los últimos meses se han ido adelantando las nuevas normas. El contrato de cestas y lotes debería ir pasándose a la tarjeta Familias y no por los actuales contratos de urgencias. Silvia Saavedra, en el pleno de junio, lo explicaba en la primera sesión que se habló de la tarjeta: “Estos contratos de emergencia van a estar en vigor en los distritos hasta septiembre y octubre, y posteriormente se va a implantar la tarjeta monedero”, aseguró la edil de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana.
Pero obviamente no se están cumpliendo los plazos de esta transición a las tarjetas familiares y por ello los contratos de urgencia no finalizaron el pasado octubre, sino que se extendieron hasta este 31 de marzo. Pero los mismos problemas burocráticos que ralentizaron esa transición el último trimestre del 2020, siguen en la actualidad.
De hecho la gestión sigue siendo absolutamente nefasta, y dada las posibles consecuencias, negligente. Desde el equipo de gobierno se cifran en casi 1.200 las tarjetas familiares ya entregadas pero como le han recordado en el último pleno, para este primer trimestre del 2021 se estimaba el reparto de unas 22.000 tarjetas al mismo tiempo que se recriminó el presupuesto invertido hasta la fecha, 350.000 euros de los 27 millones presupuestados.
“Se está acelerando la entrega de las tramitadas. Solo del 2 al 15 de marzo se han entregado 541” asegura un portavoz del Ayuntamiento, pero lo cierto es que este 31 de marzo miles de familias se van a quedar sin poder acceder a las cestas de alimentos. Y es que algo que no puede ocultar ni el equipo de Almeida es ese retraso en la entrega de las tarjetas familiares.
“Hasta dos meses desde que se solicitó y aún no ha llegado”, se quejan funcionarios y servicios sociales que ven muy difícil, por no decir imposible, que el volumen de demanda pueda ser cubierto automáticamente el 1 de abril con el nuevo uso de las tarjetas familiares.
Los contratos de emergencia, garantizaron a cientos de personas dos comidas diarias a domicilio para personas mayores o confinadas, y se repartían cestas a las familias de los barrios más empobrecidos como Puente de Vallecas, Chamberí, Usera, Vicálvaro y Ciudad Lineal. Y a ellas hay que sumarles también a las personas mayores no vacunadas que podían recibir en su domicilio las cestas evitando así poner su vida en riesgo, algo que ahora no será así.
Porque a este último colectivo no solo le afecta la decisión negligente de Almeida y su equipo de cancelar los contratos de emergencia para alimentos, sino que les afecta también la criminal gestión de la pandemia que al igual que el gobierno central y el resto de autonomías, se está haciendo en Madrid.
Los datos de vacunación son dramáticos y demoledores. La Comunidad de Madrid informó de haber vacunado a 92.600 personas en la región mayores de 80 años. Solo en la ciudad de Madrid viven más de 240.00 personas en esta franja de edad fuera de centros sociosanitarios. Si bajamos hasta los 65, en la ciudad hay censadas 670.000 personas. 268 de ellas son las que en diciembre recibían la alimentación cocinada a domicilio y que ahora deberán salir cada día, estén vacunadas o no, a por su fiambrera.
Una muestra más, esta vez en Madrid, de como los diferentes gobiernos han puesto día tras día la gestión económica y sus beneficios por delante de las vidas de la clase trabajadora y los sectores más golpeados por la crisis sanitaria y económica. |