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30 de marzo de 2021 Twitter Faceboock

Comarca Andina
Sigue el fuego, pero no llega la ayuda prometida a las familias afectadas
Ulises Crauchuk | Corresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk

Mientras continúa activo el incendio en inmediaciones de El hoyo, un relevamiento de la municipalidad de Lago Puelo arrojó datos sobre la magnitud de la tragedia. Sobre la realidad que sufren cientos de familias repite promesas de ayuda que aún no llegan a los damnificados ¿Quién es responsable de este crimen socio-ambiental?

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Este domingo era enorme la columna de humo que ascendía desde detrás del Cerro Piltriquitrón en la localidad de El Hoyo. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut, informó en horas de la mañana del lunes que 52 combatientes seguían controlando puntos calientes mientras zonas de difícil acceso continuaban con actividad. Los brigadistas trabajaban con el apoyo de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Este mismo lunes, la municipalidad de Lago Puelo informó sobre los datos del relevamiento que llevó a cabo entre las familias afectadas. Del informe, entregado por el intendente Augusto Sánchez al presidente Alberto Fernández, se desprende que 1055 personas fueron afectadas. Asimismo son 392 las viviendas perdidas totalmente y 102 con daños parciales de diferente magnitud sobre un total de 511 sitios relevados. Se contabilizan también perdida de alambrados, maquinaria rural, invernáculos e infraestructura.

El mismo informe anuncia que desde el Estado Nacional se anunciaron $ 171 millones en infraestructura y $ 348,5 millones para el financiamiento de viviendas, así como bonificaciones para beneficiarios de AUH y PAMI.

Promesas sobre las cenizas

La realidad sobre el terreno dista mucho de estos anuncios. Vecinos de la parcela 26, uno de los barrios más afectados por el incendio del pasado 9 de marzo con 103 viviendas totalmente perdidas, denuncian que a 20 días de la tragedia no han recibido ninguna ayuda del municipio a no ser por módulos alimenticios o vales de combustible, que incluso eran entregados a quienes pudieron demostrar su condición de indigencia. “Nosotros nos abastecemos de alimento, lo que necesitamos son soluciones estructurales para urbanizar el barrio”, cuenta Paula.

Históricamente, la urbanización de este barrio, surgido de una toma hace diez años, estuvo a cargo de los propios vecinos que abrieron caminos, limpiaron la plantación de pinos abandonada hace décadas y organizaron precariamente los servicios básicos que el municipio prometió y negó sistemáticamente administración tras administración.

La única ayuda que ha llegado efectivamente ha sido la de voluntarios que colaboran en la construcción de viviendas y centros de acopio y la enorme solidaridad que desde todo el país se ha expresado en envíos de donaciones de todo tipo.

Tanto la parcela 26, como la Ecoaldea o Bosques al Sur, son barrios surgidos de la necesidad de vivienda a lo largo de los últimos años. Los dos últimos se desarrollaron en terrenos que pertenecían a la brigada de incendios Las Golondrinas, y Bosques al Sur, fue un claro emergente de la crisis habitacional durante al cuarentena de 2020.

Los tres barrios fueron construidos en una zona carente de agua, de red o de pozo (un problema generalizado en la zona de Las Golondrinas), sin servicio de energía eléctrica más que el que los propios vecinos lograron gestionar, y en plantaciones de pinos. Este último hecho ha sido el determinante para que la intensidad del incendio fuera devastador.

Razones estructurales de un crimen socio-ambiental

La falta de planificación urbana, la especulación inmobiliaria y la concentración de tierras, fueron expulsando a la población local que no paró de crecer en los últimos 20 años de manera exponencial, llevando a los sectores de menores ingresos a extender del modo que pudieron las tierras habitables. Expulsados a los lindes de la zona urbanizada, comenzaron a crecer barrios en medio de zonas boscosas que implican un riesgo inminente de incendios de interface hace más de una década.

El propio Estado provincial así lo reconoció, cuando después de los incendios de 2012 comenzó la construcción de tanques australianos a manera de reservorios en varios puntos del paraje. Lo cierto es que aquel 9 de marzo, muchos estaban completamente secos.

Un verano particularmente seco en el que se acumuló gran cantidad de material inflamable, una red eléctrica deficitaria y obsoleta hace más de dos décadas, el desfinanciamiento sistemático de los sistemas de combate y prevención de incendios, la proliferación sin ningún tipo de control o raleo de plantaciones de pinos promovidas por el propio Estado y la falta de planificación urbana, encontraron si colofón en un inusitado día con vientos superiores a 90 km/h.

Este combo de especulada desidia, negligencia, desfinanciamiento y cambio climático provocó uno de los mayores crímenes sociales y ambientales del país. Tres vidas humanas, cientos de viviendas, miles de hectáreas de bosque nativo e implantado.
Una realidad que los fríos números del relevamiento municipal no alcanzan a cuantificar.

 
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