El Gobierno de Formosa consideró este martes que “más de la mitad” de las muertes por coid-19 en la provincia, desde el inicio de la pandemia, “se produjeron durante el mes de marzo, tras las protestas promovidas desde el arco político opositor” contra las reiteradas violaciones a derechos humanos ejecutadas por la gestión de Gildo Insfrán, denunciadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
“Formosa está transitando el mayor pico de contagios, casos activos y fallecimientos por covid-19 desde el inicio de la pandemia”, dijo el ministro de la Comunidad provincial, Aníbal Gómez, en un comunicado de prensa difundido por la agencia estatal Télam.
Según la versión oficial, “el 4 de marzo se estableció la fase 1 y el 5 de marzo se iniciaron las marchas, 13 días después, el 18 (de marzo), hubo un incremento en la tendencia de muertes por coronavirus en la provincia”.
“Solo en el mes de marzo se diagnosticaron 1.084 nuevos casos y 20 fallecimientos. Es decir, más de la mitad del total de fallecimientos ocurridos en la provincia desde el inicio de la pandemia”, explicó Gómez, par quien “muchos de esos contagios están directamente relacionados con las aglomeraciones de personas y marchas organizadas en violación de las medidas sanitarias dispuestas para el cuidado, la salud y la vida de los formoseños y formoseñas”. Un provocador.
Buscando polarizar con el mediocre oportunismo de referentes de Juntos por el Cambio, el ministro cuestionó “la irresponsabilidad” de quienes promovieron las manifestaciones y movilizaciones “desde el arco político opositor”. Y puso como ejemplo al “diputado Ricardo Buryaile, quien viajó a Buenos Aires siendo covid positivo y omitiendo sus síntomas en la declaración jurada obligatoria para subir al avión”.
Pero de lo que no habló el ministro de Insfrán es de las reiteradas denuncias que diversos organismos de derechos humanos que actúan en el país y a nivel internacional viene realizando desde hace muchos meses respecto a la represión y las restricciones violentas a las libertades democráticas que sufren miles de formoseñas y formoseños.
Como se informó la semana pasada, Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins publicaron un extenso informe en el que acusan directamente al gobierno de Formosa de implementar “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del covid-19”.
Entre otras consideraciones, ambas instituciones afirman que Insfrán restringe el trabajo “de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia”, al tiempo que las autoridades provinciales “habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban” por las medidas restrictivas “y durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
Otro tanto había denunciado previamente Amnistía Internacional, por “las reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridos en Formosa, que se sostienen en el tiempo”. La organización desde el año pasado “realizó pedidos de información a las autoridades” y mantuvo reuniones con representantes del Gobierno nacional, al tiempo que denunció la situación “ante organismos internacionales de derechos humanos”.
Vale decir que, pese a todas las denuncias y las imágenes de represión en las calles y del confinamiento casi esclavizante de personas sospechadas de contagios que se viralizaron en los últimos meses, Insfrán sigue contando con el respaldo invalorable del presidente Alberto Fernández, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de todo el arco político que integra el Frente de Todos.
Tan es así el gobernador formoseño, si bien no integra la nueva conducción del Partido Justicialista (que ya preside Fernández), sí presidirá el próximo Congreso Nacional del PJ. Una especie de homenaje que le hacen sus compañeros y compañeras peronistas. | 
