El joven de 19 años denuncia que está preso porque “lo tenían marcado”. En 2020 le rompieron la pierna a tiros y lo coimearon para no abrirle una causa. Hoy lo acusan de una entradera. “Tenemos pruebas de que no estuvo ahí”, dice la familia, pero la fiscal no la escucha. Crece el reclamo por su libertad.

Esta historia debería ser de ficción. Pero es real. Tan real que hoy una familia está moviendo cielo y tierra para hacer oír la voz de un joven de 19 años que pasa sus días encerrado en una comisaría de Monte Grande, imputado de un delito que, aseguran, pueden probar que no cometió.

Contexto

El 30 de mayo del año pasado el policía federal Osvaldo Rendichi mató en un pasillo de Dock Sud (Avellaneda) y de 18 balazos a Lucas Barrios. La muerte del joven de 18 años ese sábado fue noticia. Al policía lo detuvieron durante un mes, pero en julio lo liberaron tras un cambio de carátula.

Algunas horas después, a unas 50 cuadras al sur de donde Renchidi mató a Barrios, otra bala salía de una 9 milímetros. También contra un joven. El ejecutor del disparo es miembro de la Policía Bonaerense. Sebastián Ventorino no murió de casualidad. Pero desde entonces su vida no fue la misma.

Involuntariamente, Paula Trotta se convirtió en la relatora más importante de esta historia. Ella no querría ser quien cuente lo que le está pasando a su hijo. Pero asume el rol, porque él y sus tres hijas son lo único que tiene. Y porque sabe que “Sebas” no es el único.

Lamentablemente, con diferencias de lugares, tiempos y consecuencias, historias como ésta son “normales” y “comunes” en el conurbano bonaerense. Y en el resto del país.

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Gatillo fácil

Paula recuerda que el primer ataque policial contra “Sebas” se produjo la noche del 30 de mayo. Él y un amigo andaban en moto por las calles de Wilde cuando fueron detenidos por policías de la Comisaría Quinta. Tras bajarse, Sebastián escuchó que desde el patrullero le gritaban “¡corré, pibe, corré!”.

Corrió. Pero cuando estaba a unos 60 metros, del grupo de policías salió un disparo que en milésimas de segundos se convirtió en dolor insoportable. La bala ingresó desde atrás, le atravesó la tibia y el peroné derechos y se alojó en el muslo (el recorrido se explica porque iba corriendo).

Después le contaría a la familia que, antes de llevárselo detenido, estando aún en el piso, el comisario Oscar Torres se paró frente a él, se sacó el chaleco antibalas y le dijo “ahora estamos de igual a igual”.

Una amiga, enterada del hecho, le avisó a Paula. Ella empezó a recorrer hospitales de la Zona Sur hasta que llegó al Policlínico Perón de Sarandí (ex Finochietto). Primero le dijeron que su hijo no había ingresado allí, después que sí, pero que la Policía ya se lo había llevado. “No te podemos dar más información”, se excusaron.

Fue a la comisaría más cercana. No sabían nada. De ahí fue a la Quinta. Allí el comisario la llevó a una oficina y le dijo “su pibe está acá, está bien, tuvo una herida de bala en la pierna pero está perfecto; tuvo suerte, porque si el tiro se lo pegaba un inexperto hoy a su pibe lo saca en un cajón”.

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Antes de ser liberado, en la madrugada del domingo 31 de mayo, a Sebastián le pusieron un sobre enfrente. “Si no firmás acá no te vas a tu casa”, le dijeron sin mostrarle el contenido. Su madre esperaba afuera. Asustado, firmó.

Terminó internado un mes y medio en el Hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires. Su pierna perdió masa muscular y debieron practicarle una fasciotomía. Estuvo cerca de una amputación. La bala rompió una arteria, dejó lesionadas otras dos y quedó alojada en el muslo.

Rompe cabezas

El siguiente hecho fue días antes de fin de año, cuando Sebastián salió de la casa de su abuela, siempre en Wilde, a comprar milanesas. Al volver de la carnicería, mientras caminaba por la calle, una patrulla de la Quinta se le acercó y le pidió que se detuviera.

Paula afirma que lo detuvieron por no tener DNI, pero que lo más terrible es cómo lo golpearon. “Nos contó que, como no quiso que lo esposaran, un policía lo tiró al piso. Le aplastó la cabeza tantas veces que, apenas Sebas llegó a lo de mi mamá, se desmayó. No quiso ir al hospital por miedo, se quedó escondido en casa”, recuerda.

La familia asegura que esa vez lo largaron porque la abuela decidió pagarles. La mujer, junto a su otra hija y tía del joven, había salido a buscarlo por todos lados. Sin resultados, volvieron a la casa. Al rato, después de hacerlo dar “una vuelta” por Wilde en patrullero, los oficiales tocaron a la puerta.

La condición para liberarlo era una “contribución”, $ 15.000 a cambio de dejar en la nada una causa por “resistencia a la autoridad”. Pidiendo prestado, las mujeres lograron juntar poco menos de la tercera parte. “Está bien, es por las fiestas”, les dijeron al irse.

Sebastián estaba terminando el secundario. En enero debía rendir algunas materias y estaba anotado en Derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda (“con orientación en derechos humanos”, dice Paula). Pero el 17 de enero todo quedó suspendido en el aire.

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Entradera armada

Paula cuenta que “ese día Sebas se fue a Don Bosco (Quilmes) a ver si un amigo lo llevaba en moto a Monte Grande, donde tenía que encontrarse con alguien. Como era muy lejos para ir en moto, el amigo le dijo que no, pero le recomendaron a un conocido que tenía remís y le haría precio. Seba lo conocía de vista. Hicieron trato y salieron”.

Cuando ya estaban por Monte Grande empezó a seguirlos un patrullero. El conductor le dijo a Sebastián que sería mejor que se bajara y se fuera caminando. No entendía nada, pero se bajó y caminó hasta un bar, donde se metió a esperar no sabía qué. Al rato la Policía entraba a buscarlo.

“Te agarramos en un auto robado, estás hasta las manos”, le dijeron los efectivos de la Bonaerense mientras lo metían en el calabozo de la Comisaría Primera, a cargo del comisario Emanuel González.

Desde hace dos meses y medio es el único imputado en una causa por “robo en poblada o en bando agravado por el uso de arma de fuego no comprobado su uso para el disparo”, que tramita en el Juzgado de Garantías 11 del Departamento Judicial de Avellaneda, a cargo del Juez José Arabito. La “investigación” está cargo de la fiscal María Alejandra Olmos Coronel, titular de la UFI 1.

Según el expediente, el 15 de enero a las 14:30 una mujer fue víctima de una entradera en su casa de Sarandí. Cuatro hombres, que “usaban diálogo tumbero”, llevaban gorras y barbijos y estaban armados con pistolas “iguales a las de la Policía”, habrían ingresado a su domicilio y le habrían robado celulares, computadoras y el auto.

Recontraescrito

Apenas Sebastián fue detenido, desde la Comisaría llamaron a la mujer de Sarandí y le pidieron que fuera a buscar su auto. Casi como si estuviera esperando el llamado, una hora y media después ya había recorrido los 30 kilómetros conurbanos que separan una localidad de otra.

Con la mujer en la entrada, sacaron a Sebastián de adentro de la comisaría y lo subieron a un patrullero. Otra “vuelta”, como en diciembre. Parecía obvio que querían cruzarlo con la mujer de Sarandí para que ella lo identificara. Y ella cumplió.
En su declaración la mujer dijo que Sebastián es quien entró a su casa, que le pegó culatazos en la cabeza y se llevó computadoras y celulares. Aunque en la denuncia original (radicada en Avellaneda) había dicho que todos tenían barbijos y gorra, imposibles de identificar.

De casualidad, la abuela y la tía presenciaron el momento en que la mujer “identificó” a Sebastián. Habían llegado desde Wilde tras recibir un llamado desesperado del joven. La familia sospecha que todo estaba armado y por eso le permitieron llamarlas y decirles que lo fueran a buscar.

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Paula relata con detalle cómo en la comisaría les pidieron plata a cambio de zafar que le abrieran una causa: “cuando lo llevaron a la comisaría lo recibió una oficial, de apellido Paz, que le hacía preguntas mientras cargaba sus datos. Ella le dijo ‘bueno, pibe, ¿cómo podés ayudarme vos a mí para que yo te dé una mano a vos? Porque es domingo, tengo chicos y me quiero ir a mi casa’”.

“Sebastián se lo veía venir. Llorando le dijo que él no tenía nada que ver con ningún delito. Entonces la mujer le dijo ‘bueno, si me hacés clavar acá, este domingo, te voy a tener que recontraescribir’. Y ahí nomás sacó la causa de la entradera en Sarandí”, detalla la madre.

La familia tiene fotos de ese mismo 15 de enero, a las tres menos cuarto de la tarde, donde se lo ve en la gomería de un amigo, en Wilde, comiendo fideos. Quienes lo acompañaban aseguran que él los amasó e incluso que estaba ahí desde el mediodía. Así desmienten que a las 14:30 (hora de la denuncia de Saradí) pudiera estar entrando a una casa desconocida a cincuenta cuadras de la gomería de su amigo.

En la calle de la gomería hay una cámara del Municipio de Avellaneda. La familia pidió que la Fiscalía tome las filmaciones como prueba, donde se debería ver al joven ese día en el local de su amigo. Pero hasta ahora la fiscal Olmos Coronel se niega a dar curso al pedido, como a tomar en cuenta las fotos.

Paula dice que “primero lo acusaban de encubrimiento, por viajar en un auto robado. Después, con los dichos inconsistentes de la mujer cambiaron la carátula a ‘robo en poblada o en bando agravado por el uso de arma de fuego no comprobado su uso para el disparo’. Presentamos tres testigos que podían demostrar que Sebas no tenía nada que ver, pero la fiscal no los llamó”.

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Injusticia

Paula habla con total convicción. “Yo creo que tienen una lista de pibes, un listado hasta con fotos, y en cuanto pasa algo todos levantan la perdiz y se ponen a ver a quién ‘acomodan’”, dice al buscar alguna explicación.

Sebastián primero estuvo en la comisaría Primera de Monte Grande, después en la de El Jagüel y hoy está en la de Las Colinas (todo en Esteban Echeverría). A la última llegó horas después de que su madre tuviera una reunión con autoridades de la Procuración General de la Provincia, donde denunció a la fiscal.

Paula cuenta que antes de ser trasladado a Las Colinas a su hijo le dejaron un tajo de 20 centímetros en las costillas y que les mostró a ella y a su abogada la herida a través de una videollamada. El parte médico oficial (hecho en la Clínica Santa Marina) no menciona lesiones.

Paula se comunicó con la fiscal Olmos Coronel apenas detuvieron a su hijo. Pero dice que la funcionaria le cortó el teléfono. “Cuando la llamé pregunté ‘¿María Alejandra?’ y me dijo ‘sí’. Le dije que era la mamá de Sebastián Ventorino y que se estaba equivocando, que él no hizo nada. Ahí me dijo ‘yo no soy la fiscal, soy su secretaria’ y cuando quise seguir hablando me cortó”. Intentó comunicarse por WhatsApp, pero nunca le respondió.

La madre del joven decidió denunciarla ante la Procuración General de la provincia, que conduce Julio Conte Grand. El subsecretario del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados, Miguel de Lezica, le dijo que Olmos Coronel es “de ese tipo de fiscales que meten presos como por un tubo”. Ella pidió reunirse con el procurador, pero hasta ahora no la llamaron.

Política

Paula acusa de gran parte de la responsabilidad sobre lo que le pasa a su hijo al comisario mayor Javier Villar, superintendente de la Región AMBA Sur I de la Bonaerense, quien controla las estaciones policiales de Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Villar ocupa ese puesto desde unos días antes que a Sebastián le rompieran la pierna de un tiro, en mayo de 2020. Cuando Axel Kicillof y Sergio Berni lo ascendieron, junto a otros uniformados, en el decreto de designación aseguraron que Villar reunía “los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para el desempeño” de su cargo.

Vale recordar que ese mes fue uno de los más trágicos en la provincia de Buenos Aires, donde el gatillo fácil y hasta las desapariciones (como la de Facundo Castro) eran cosa de todos los días.

Con su hijo internado en el hospital Penna, a principios de junio Paula fue a la Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda, que conduce Claudio Yacoy. Allí le confirmaron que la Policía estaba “muy cebada” y casos como el de su hijo crecían. Aunque no veían responsabilidad política alguna en el empoderamiento que el Gobierno le estaba dando a la fuerza con la excusa de la cuarentena estricta.

La Secretaría la acompañó a presentar una denuncia por el violento ataque a su hijo. Tiempo después sería despedido el jefe de guardia del Policlínico Perón y el tirador de la Comisaría Quinta de Wilde desplazado (aunque sigue en actividad). Pero nada impidió que Sebastián siguiera siendo perseguido y verdugueado.
En la Secretaría de Derechos Humanos también le dijeron a Paula que la fiscal Olmos Coronel “tiene buenas migas con la Policía”. Y agregaron que no podían tomar el caso por una cuestión de “jurisdicción”.

La familia de Ventorino, con asesoramiento de la Comisión Provincial por la Memoria, ya presentó un habeas corpus correctivo ante el juez Arabito, pidiendo el arresto domiciliario o la excarcelación de Sebastián. Pero el magistrado lo rechazó, por cuestiones procedimentales.

Paula dice que su abogada, aunque no se especializa en causas armadas, está haciendo todo lo que puede. Con ella intenta superar la mala experiencia con el Ministerio Público de la Defensa. “El defensor oficial que tuvimos al principio ni siquiera apeló la prisión preventiva y terminó renunciando a la causa. No sabemos si la Policía lo apretó o qué, pero nos dejó en banda”, dice.

Solidaridad desde abajo

Por momentos Paula habla con un hilo de voz, como si fuera ella misma a deshilacharse. Pero enseguida la bronca le da impulso y vuelve a la carga denunciando a quienes, injustamente, le están haciendo pasar un momento terrible a su familia.

Con esa bronca y con ese amor sale a la calle a gritar “¡libertad para Sebastián Ventorino!”. Y recorre medios. Y difunde una página de Facebook donde consigue aliento y adhesiones a su lucha. Y busca mucha firmas en un petitorio simple pero problemático para el poder de turno. Y vuelve a gritar. Y pide que no la dejen sola.

A Paula acaban de informarle que Emanuel González, el comisario de la Primera de Monte Grande (donde detuvieron a Sebastián y le pidieron $ 20.000 a cambio de su libertad) fue apartado de la comisaría a raíz de la denuncia. Eso le da fuerzas para seguir por todo lo que falta.

Intenta ver el caso de su hijo en perspectiva, más allá de lo personal. Y ya sacó algunas conclusiones. “Acá la Justicia juega muy sucio junto con la Policía; acá se libera a femicidas, a pedófilos, a gente que comete crímenes aberrantes mientras se arman causas donde quedan detenidos muchos pibes y pibas inocentes”, afirma.

Está segura de que “esto es responsabilidad de la dirigencia política, de quien conduce el Estado, del Poder Ejecutivo. Y no sirve de nada cambiar las leyes si quienes son responsables de ejecutarlas siguen siendo los mismos que se enquistan en el poder, que son parte de mafias y tienen un pensamiento retrógrado, represor, de mano dura. Hay una justicia para pobres y otra para ricos. Lo estamos viviendo en carne propia”.

Hoy Paula se rodea de madres, padres y hermanes de personas que fueron víctimas del gatillo fácil o que están padeciendo causas armadas por el contubernio policial-judicial. Y de ahí es de donde saca fuerzas para luchar contra un enemigo de muchas cabezas y poder. Sebastián sobrevivió al gatillo fácil. Ahora su familia exige su libertad.