A principios de la pandemia, los índices de desempleo aumentaron a más del 11%, y comenzaron los despidos por necesidades de la empresa, sobre todo con la mal llamada "Ley de protección del empleo"-conocida como "ley de suspensiones"-, promulgada el año pasado por el Gobierno, con el apoyo de los empresarios y el conjunto de los partidos en el Congreso, desde Revolución Democrática, el Partido Comunista, hasta la UDI, que permitió que los empresarios puedan “suspender” el contrato laboral, sin pagar el sueldo de los trabajadores, protegiendo las ganancias de los empresarios y destruyendo el salario de los trabajadores.
Todo lo anterior, con el silencio cómplice de la CUT, que incluso hoy no sale abiertamente a exigir su derogación, cuando ha quedado a la vista de trabajadores y trabajadoras que estas medidas del Gobierno son parte de una estrategia de grupos empresariales para disminuir la contratación de trabajadores, sobrecargar el trabajo en menos trabajadores y mantener los bajos salarios, amparados en una crisis donde ellos no han perdido ninguna ganancia; es más, son los que han aumentado sus riquezas como la familia Piñera o Luksic, que duplicó su fortuna.
Hoy, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en Chile no ha tenido una gran variación, es más durante el trimestre móvil diciembre 2020-febrero 2021 fue de 10,3%. En el trimestre móvil anterior (noviembre 2020-enero 2021) el indicador fue de 10,2%.
Esta situación ocurre mientras los grandes empresarios generan millonarias ganancias, sobre todo en la región de Antofagasta, gracias a la sobreexplotación en el ámbito minero, donde no sólo no ha parado la producción, sino que han aumentado los ritmos productivos con menos dotación, donde incluso trabajadores han denunciado que han sido despedidos por contagiarse por Covid 19.
¡Plata hay! ¡Que la crisis la paguen los grandes empresarios!
Un grupo de investigadores de la Universidad de Chile (Sturla, Accorsi, López, Figueroa) calculó el monto de la renta económica que se apropian las mineras privadas que manejan los diez yacimientos más grandes del país, como una renta que debería haber sido pagada al Estado de Chile como propietario del mineral. Su investigación determinó que entre 2005 y 2014 dichas empresas se apropiaron de 120 mil millones de dólares (de 2016), es decir, un monto promedio anual de 12 mil millones de dólares, muy superior a los 1.500 millones que se anuncian en la prensa tradicional. Los investigadores establecen, por ejemplo, que ese monto anual permitiría resolver la gratuidad de la educación en el país, entendida como el financiamiento estatal completo y en todos los niveles de la educación.
Como vemos, el desempleo por la pandemia ha ido en ascenso, mientras que los políticos, protegen sus intereses, aprobando leyes que benefician a estos grandes empresarios. Por eso es importante luchar por un plan de emergencia con impuestos extraordinarios a las mineras y grandes fortunas, para enfrentar la pandemia.
Lester Calderón, trabajador industrial y candidato a gobernador por Antofagasta, refirió que junto a diversos sindicatos y organizaciones sociales, personalidades, están impulsando la exigencia del impuesto extraordinario, pero evalúa como un aspecto clave la coordinación de las y los trabajadores, para enfrentar esta situación crítica por la que estamos cruzando a nivel internacional, tanto a nivel sanitario como económico.
Como también, frente a las medidas del gobierno de Piñera, como el cierre de los sectores no esenciales, se hace fundamental la exigencia por no más despidos, la derogación de la ley de suspensiones y goce de sueldo íntegro. En este punto es fundamental que la CUT y los grandes Sindicatos, llamen a la organización de esta coordinación, para el cumplimiento de estas demandas mínimas.
Además, Calderón señala como importante solventar sueldos de emergencia acorde a la canasta familiar, de 550 mil pesos para quienes se encuentran cesantes, la implementación de medidas como la reducción de la jornada laboral a 5 días a la semana, 6 horas diarias, sin rebaja salarial, para así dividir el trabajo entre ocupados y desocupados, para que todos y todas podamos trabajar. |
