Como ya lo anunció el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, a partir del 31 de Marzo ya no habrá extensión del DNU porque ahora hay nueva Ley de alquileres y la AFIP lanzó el Registro de Contratos de Locación.
Con el fin del congelamiento, el Gobierno habilita a que a partir de ahora desalojen a todos aquellos que no puedan pagar el alquiler ya sea por el impacto de la crisis, por haber perdido el laburo, por haber sufrido recortes en los salarios o por ser precarizados.
En los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2020 relevados por el INDEC acerca del desempleo, en nuestra ciudad se registró una tasa nacional de 11,5% de trabajadores y trabajadoras desocupados. Esta situación se enmarca en un aumento de la pobreza que afecta a 19,2 millones de personas en el país, golpeando duramente a 6 de cada 10 niños y niñas.
El problema profundo y estructural que afecta en todo el país es el déficit habitacional. Nacionalmente alrededor de 3 millones de inquilinos están en una situación de endeudamiento, y en la provincia de Santa Fe son más de 200.000 los que deben de 1 a 6 meses de alquiler. Se necesita tierra para vivir. Tan crítica es la situación que hace dos semanas un pequeño grupo de familias intentó tomar una porción de tierra ociosa en la zona sur de Empalme y fue impedido rápidamente por la Policía de Perotti. Ni siquiera les dieron la oportunidad de recuperar sus materiales.
Los aumentos y tarifazos que se vienen dando en los últimos meses no tienen ninguna relación con la economía de las amplias mayorías. Estos aumentos no solo hacen que cada día sea más difícil llegar a fin de mes sino que cada vez sea más difícil poder pagar un alquiler. En los momentos de renovación de contratos hay que juntar sumas exorbitantes para pagar los gastos para ingresar a un contrato que incluyen comisión inmobiliaria (que es el 5% del total), el sellado siendo un 0,85% del total, un mes de depósito, la averiguación de garantías que son tan difíciles de conseguir por los bajos montos de los recibos de sueldos y una seña para reservar el inmueble que es el valor del mes de alquiler.
En Villa Constitución este problema no es ajeno, las viviendas que se construyen en nuestra ciudad son escasas para las demandas de la población y no hay un plan ni municipal, ni provincial, ni nacional de conjunto para resolver el déficit habitacional. Hace años que no se llevan adelante planes de viviendas acorde a la problemática sino más bien el gobierno da lugar y protagonismo al negocio inmobiliario maximizando sus ganancias, como Autocrédito y otros empresarios locales que construyeron edificios en los últimos años o la disputa por la propiedad de los terrenos de Barrio Unión donde viven más de 400 familias desde hace casi 70 años que vienen resistiendo a las amenazas y los desalojos a cuentagotas conducidos por este grupo inmobiliario. Sin mencionar la enorme estafa en los terrenos de Villa Don Carlos que golpeó duramente a decenas de familias.
Una salida de fondo para el problema de vivienda, que termine con la especulación en las grandes ciudades, sería un verdadero plan de obras públicas. Miles de personas ya lo cuestionaron el año pasado en los hechos con las tomas de tierras como las 2500 familias en Guernica. Se trata de entender que la vivienda no es un negocio, es un derecho. La plata está, hace pocos días Alberto Fernández señaló que “con la mitad de lo que tenemos que pagarle el año que viene al fondo podríamos construir 260 mil viviendas”. Reconoce que pagare al FMI es detrimento de la construcción de viviendas, sin embargo ya sabemos a quién elige. Las familias trabajadoras no pueden seguir esperando en medio de esta pandemia mientras los gobiernos les dan la espalda. | 
