La comuna de Calama por décadas ha expresado la irracionalidad y el saqueo del capitalismo, bajo un modelo de desarrollo basado en la entrega de nuestros suelos, los recursos naturales como el cobre, el litio y agua, las energías que se encuentran en manos de transnacionales como Engie y AES Gener, la contaminación producto de la sobreexplotación a destajo de los recursos, que hizo declarar la ciudad desde el año 2009 como zona de sacrificio y saturación. La responsabilidad de las profundas contradicciones que aquí existen es de la empresa estatal- con lógica de empresa privada- como lo hemos visto últimamente con CODELCO, y de compañías estratégicas en manos de las transnacionales y grupos privados del país.
Este modelo sustentado en el sistema capitalista, refleja las profundas contradicciones que existen en la comuna. Expresión de ello es que mientras la producción de cobre nacional se encuentra la mayoría en manos de privados y sólo un 29% de producción estatal, de la cual la División Norte de CODELCO aquí en Calama produce más del 57% de cobre fino, la comuna se encuentra sumida en profundas desigualdades.
Producto de esto, es irracional ver que mientras la mayoría de la producción estatal de cobre se encuentra aquí, hay más de 900 familias viviendo en 5 campamentos, el nivel de pobreza llega casi al 20% de la población calameña, y más de 26 mil personas viven hacinadas y carentes de recursos básicos como el agua potable y la electricidad. Mientras tanto, el agua como recurso valioso se encuentra en manos de grupos transnacionales o nacionales privados como Luksic, a través del FCAB, o el mismo Ponce Lerou con la explotación del litio en SQM. Por su parte, CODELCO no se diferencia casi nada de estos grupos privados en lo que es la acaparación de aguas subterráneas y superficiales, es cuestión de ver los niveles de captación que tienen de los ríos de la comuna, destacando la captación del río Inacaliri o Siloli, extrayendo más de 160 litros de agua por segundo desde principio a fin del río para alimentar sus operaciones, mientras que el 13% de la población no tiene acceso al agua potable.
Lo mismo podríamos decir respecto a las energías, las que en su mayoría se encuentran en manos de transnacionales, como la francesa Engie, que posee planta fotovoltaicas y un gran parque eólico el cual proyecta generar 460 Gigawatts anual al Sistema Eléctrico Nacional este 2021, mientras miles de familias aquí carecen de este tipo de servicio. Distinto sería si estas plantas estuviesen en manos de trabajadores y la comunidad, pensando que sólo con el 2,1% de lo que planea generar Engie, se podría alimentar con electricidad a 5 mil hogares.
La comuna desde el año 2009 fue declarada como “zona saturada por material particulado MP10 [1] junto a su área circundante”, producto de la presencia de más de 30 faenas mineras, el puerto seco, la fundición de Chuquicamata de CODELCO y la insólita fundición de plomo que existe de la empresa RAM; todo esto aledaño a sectores habitados de la comuna. Según diferentes organizaciones sociales, incluida la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile (FENAPO), Calama como zona de sacrificio- llamada elegantemente “zona de saturación”- es responsable de que la mayor tasa de muertes en la comuna se debe al cáncer y durante el invierno son más de 2 mil casos de diferentes enfermedades respiratorias. Recordemos que Calama es parte de la región de Antofagasta, la que ha sido señalada como una región que tiene una alta contaminación por metales pesados, superiores incluso a las ciudades industriales de China [2]. Desde que fue declarada como zona de sacrificio el año 2009, en la comuna aún está pendiente el Plan de Descontaminación (PDA); es más, este año debería llevarse adelante, pero el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, se ha negado a firmar la solicitud del plan que fue respaldado por 15 mil personas en Calama. Es así cómo los empresarios y sus políticos juegan con la salud de las familias trabajadoras y pobres, poniendo las ganancias de los capitalistas por sobre nuestras vidas.
Luchas obreras y movimiento social en Calama
Previo al año del estallido de octubre de 2019 y posterior a la “revolución pingüina” de las y los estudiantes secundarios, la comuna de Calama fue protagonista de diversas luchas tanto en el movimiento obrero como en los llamados movimientos sociales de carácter ciudadano que antecedieron a las movilizaciones de Aysén, Freirina y Tocopilla.
Es así que durante los años 2007-2008 el movimiento obrero, más concretamente en el sector precario como son los trabajadores subcontratistas, se desarrollaron huelgas de varios días. La primera huelga encabezada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), dirigida por el Partido Comunista, duró 37 días ante la negativa de las empresas mandantes, en este caso CODELCO, que no tenía la intención de reconocer el derecho a negociar de las y los trabajadores contratistas; es más, el propio gobierno de Bachelet no se mostraba dispuesto a conversar ni negociar, sino que las amenazas de despidos fue la estrategia para el desgaste y debilitamiento del movimiento huelguístico. Pasado el mes de huelga contratista y resistiendo los intentos de división ante la amenaza, las y los trabajadores logran llegar a acuerdo en mesas de negociaciones, que por responsabilidad y adaptación de las dirigencias de la CTC terminó sellando el Acuerdo Marco. En un principio los acuerdos no fueron cumplidos hasta que el año 2008 se llevó adelante nuevamente una huelga; esta vez sería la presión de 29 días de huelga lo que terminó garantizando el acuerdo del año anterior. Si bien la consigna de las y los contratistas era “igual trabajo, igual salario”, la forma de lucha y organización de los contratistas implicó imponer a CODELCO una negociación en los hechos que no quería, decimos que las direcciones del PC terminaron pactando la legalización de la precarización laboral, y adaptándose a las lógicas de mercado, ya que el Acuerdo Marco, más allá de haber conquistado derechos mínimos que se encuentran en el propio Código del Trabajo-lo que refleja la precarización como el motor de ambas huelgas-, parte planteando que los organismos sindicales, CODELCO y las empresas contratistas, se comprometen al estricto cumplimiento de la Ley N°20.123 que es la ley sobre la Subcontratación.
Y es que el subcontrato no es más que la continuación de la obra de la dictadura de Pinochet, en las vías de la nueva tasa de acumulación de ganancias de los capitalistas, a través de la fragmentación productiva y con ella la fragmentación del mercado laboral, lo que fue coronado por el gobierno de Bachelet en los años de la huelga de los trabajadores contratistas. Por una parte, el subcontrato tiene un objetivo económico ligado a la amortiguación y reducción de costos por parte de la empresa mandante que tiene el conocimiento del monopolio de los mercados de destino, controla la gestión total de la producción y el comercio, mientras las empresas contratistas prestan servicios auxiliares a la producción, a la calidad, aseo, alimentación, entre otras la que llevan a la flexibilización salarial y laboral de los trabajadores llamados “colaboradores” que tienen peores condiciones que las y los trabajadores de las empresas mandantes. Pero, por otro lado, y más importante el objetivo del subcontrato, de la mano con la fragmentación productiva busca la fragmentación y atomización de la fuerza de la clase trabajadora, creando condiciones desiguales entre trabajadores de primera, segunda y hasta tercera categoría, lo que busca generar conflictos incluso a nivel subjetivo entre las propias filas de la clase trabajadora; además que dado el marco legal del Código del Trabajo en este país, mientras más empresas haya en un mismo lugar, la fuerza de los sindicatos más se debilita en innumerables sindicatos por empresa, lo que dificulta la unidad y solidaridad de las y los trabajadores.
El año 2009 se comenzó a fraguar el llamado movimiento social y ciudadano de Calama, donde a través de un cabildo se logró juntar a 200 personas y gremios que iban desde la salud, la CUT, la CTC, la Red de Mujeres El Loa, entre otras organizaciones sociales junto a la figura y caudillo político como el ex alcalde Esteban Velásquez. Este cabildo fue la base de la Asamblea Ciudadana de Calama, que en un principio planteó al gobierno de turno un petitorio de cinco puntos: 1) la recuperación del 5% de las utilidades del cobre en zonas productoras; 2) compensación por el traslado del campamento Chuquicamata a Calama; 3) declarar a Calama Zona Extrema; 4) compensar con US$400 millones por los 34 años durante los cuales la ciudad no contó con las utilidades del cobre; y 5) renacionalización del cobre y el agua [3].
Ante las fallidas negociaciones con el gobierno, cuatro días después del paro nacional del 24 y 25 de agosto que encabezó el movimiento estudiantil en el país, el día 29 de agosto del 2011 se realizó un Paro Comunal sin precedentes encabezado por la Asamblea Ciudadana de Calama, en el que participaron 18.000 personas del conjunto de Calama, con marchas de 4.000 personas, bloqueos a los accesos de Chuquicamata y la participación de sectores de la clase trabajadora como los del transporte, salud, la CTC, la CUT, del Pueblo Atacameño, la FENAPO, la Coordinadora en Defensa del Agua, la Red de Mujeres, la Barra de Cobreloa, entre otras organizaciones sociales.
El principal reclamo se ligaba a que las riquezas generadas por el cobre no se reflejaban en la comuna -algo que hasta el día de hoy sucede- respecto a la calidad de vida y los altos niveles de contaminación; esto articulado además al problema de salud pública, por un lado, que hasta la actualidad de los 39 establecimientos de salud, sólo 10 son públicos como el Hospital Carlos Cisternas (HCC) y centros de atención primaria ligadas a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES). Y, por el otro, a la educación, que repite la misma fórmula que la salud en la comuna, donde de los 80 establecimientos educacionales que hay al 2021, sólo el 46% son dependientes de la COMDES, mientras el resto son particulares y particulares subvencionados. Además, se suma que durante mucho tiempo sectores de la juventud, y que se volvió a expresar durante la rebelión popular del 2019, exigen como necesidad una Universidad Estatal para Calama, ya que más allá de la educación superior técnica para fortalecer la lógica de clúster de la minería y mano de obra para esta industria estratégica, no existe Universidad científico humanista, por lo que la mayoría de jóvenes tiene que viajar a diferentes regiones del país para estudiar.
Lamentablemente, después del paro comunal histórico, la única respuesta que hubo del gobierno y su representación regional fue la de crear el Fondo de Desarrollo del Norte (FONDENOR), lo que terminó desmoralizando a un sector de la Asamblea Ciudadana de Calama, y donde años posteriores, las demandas ligadas a cuestiones como el royalty o políticas de descentralización no han ido más allá que las propuestas que ha hecho Velásquez, hoy militante de la Federación Regionalistas Verde Social (FRVS) como diputado de la región, donde su estrategia no se ha enfocado en recuperar los recursos como el cobre, el litio y el agua, sino que buscar constantemente la redistribución y administración de la miseria, sin tocar en profundidad los intereses ni ganancias de los grupos capitalistas nacionales y las empresas imperialistas transnacionales.
Por último, volviendo a los años de luchas previas a la rebelión de octubre, la comuna fue testigo del paro nacional de CODELCO el año 2013 y la paralización con toma de la División Radomiro Tomic por la muerte de un minero, que terminó con la renuncia del Gerente General de la división. El 2014 también Calama junto a sus docentes fue parte de la “rebelión de las bases” en el segundo gobierno de Bachelet, en que durante dos meses las y los docentes lucharon contra la burocracia del Partido Comunista en el Colegio de Profesores, tras el conocido “telefonazo” de Jaime Gajardo.
Rebelión popular en medio del desierto
La rebelión fue el despertar del país entero contra la herencia de la dictadura que se reflejó en la conocida consigna “No son 30 pesos, son 30 años”. Fue el despertar de una fuerza de un movimiento de masas que hizo estallar la rabia acumulada durante las últimas tres décadas de saqueo. En este oasis en medio del desierto, volvieron a la palestra las problemáticas que antes actuaron como motor de movimientos sociales y de trabajadores por separado. La educación, la salud, las pensiones de hambre, los sueldos, la contaminación, la vivienda y el problema de los recursos naturales.
Miles de personas se hicieron parte de la rebelión, la juventud combativa que despertó el país en la comuna también se puso en la primera línea de enfrentamiento contra la represión de la policía, marchas masivas en las que participaron pobladores, estudiantes secundarios, trabajadores de diferentes rubros incluyendo las y los mineros de Chuquicamata. Se organizaron cabildos en la ciudad, el más numeroso organizado por la Coordinadora de la Defensa del Agua con alrededor de 200 participantes, pero a diferencia de otras ciudades a nivel nacional no se lograron levantar Asambleas Territoriales u organismos como el Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta, como organismo que apostaba a levantar la autoorganización y que buscase darle una dirección a la espontaneidad que mostraron los sectores de masas durante el estallido; no obstante, Calama expresó la rabia acumulada durante años de desigualdad y abandono.
El día 12 de noviembre, al igual que a nivel nacional, fue el punto más álgido de la rebelión, el paro más grande desde la vuelta a la “democracia”. Cortes y cierres de acceso en los puntos importantes de la ciudad desde la salida a Antofagasta, bloqueo de los caminos a San Pedro y Chiu Chiu, y las barricadas camino a Chuquicamata con el objetivo de paralizar por la fuerza la producción minera, debido a que la burocracia sindical de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), a través de Juan Olguín -quien después renunciaría a la presidencia- le garantizó deponer el paro antes de tiempo al gobierno de Piñera en su junta con el ministro de Trabajo y Minería, debilitando cualquier intento para que las y los mineros de planta del Distrito Norte de CODELCO pudieran paralizar. Aun así trabajadores y trabajadoras ligadas a la CUT local fueron parte de estas acciones, incluso mineros contratistas de la CTC apostaron a bloquear la ciudad junto a jóvenes y pobladores. Pero esto no fue suficiente para paralizar la división más importante de la cuprífera estatal, no obstante, en la tarde, y llenos de rabia tras la muerte de Robinson Gómez, quien fue atropellado camino a San Pedro, las calles y centro de la ciudad se llenaron de miles de manifestantes.
Lamentablemente, después de esa gran demostración de fuerzas, las direcciones oficiales de los movimientos sociales y el movimiento obrero, como la CUT dirigida por el PC, el día 15 de noviembre al consolidarse el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” firmada desde la UDI hasta el Frente Amplio- este último que además aprobó la Ley Antiprotesta que tiene a decenas de nuestros jóvenes presos en el país-, le garantizaron una tregua indefinida a Piñera, quien tambaleó con el paro del 12 de noviembre hasta el día de hoy, abriendo un momento para que comenzara a operar el desvío, canalizando la fuerza de la movilización a través del proceso constituyente, que como ya hemos visto tiene varias trabas que no permitirán resolver los problemas y demandas de octubre del 2019.
El actuar de las dirigencias sindicales vendidas y burocráticas, mostró cómo funcionan las posiciones estratégicas en manos de estos dirigentes que no les interesa salir de sus sillones, y abrió un brecha como un problema estratégico que es importante resolver- como lo es el unir las posiciones estratégicas como la minería, lugares donde la paralización de su producción tiene la capacidad de frenar los engranajes más importantes de la economía y el corazón del capitalismo en Chile-, junto a la fuerza de las poblaciones y la juventud. Para eso es necesario revolucionar los sindicatos y sacar a esos dirigentes del control burocrático de nuestros organismos, con ello está planteada la necesidad de forjar fracciones revolucionarias en los sindicatos y en estas posiciones que tienen un poder de fuego fundamental para poner las herramientas de los batallones centrales de la clase trabajadora a disposición de la lucha de clases.
En ese mismo sentido, la lucha es por expulsar a los dirigentes vendidos, exigir a las dirigencias de los sindicatos de CODELCO pasar de las acciones testimoniales a pelear por conquistar la unidad y organización de las y los trabajadores de CODELCO, que no se reduce sólo a las y los de planta, sino que la lucha por conquistar una fuerza imponente de la clase trabajadora parte por unir sus filas junto a las y los trabajadores contratistas. La división entre trabajadores de primera, segunda y tercera categoría como lo han impuesto por décadas los empresarios y este régimen sólo le sirve a los directivos de la compañía estatal y los dirigentes vendidos para mantener sus privilegios y cuotas de poder.
Esta fuerza podría ser un factor para resolver problemas estructurales que vive el pueblo trabajador, pobre y originario, impulsando la unidad y coordinación de este sector estratégico junto a las agrupaciones medioambientales, a la juventud, a las organizaciones sociales y poblacionales.
Que la crisis de la pandemia la paguen los empresarios
Los principales sindicatos de la minería y la CUT en medio de esta pandemia le han seguido asegurando la tregua al gobierno. Hemos visto cómo durante la pandemia las más afectadas han sido nuestras familias, mientras grandes grupos económicos como Luksic, Ponce Lerou y BHP aumentan sus ganancias, y CODELCO sigue financiando con el 10% de las ganancias del cobre a las represivas Fuerzas Armadas hasta el año 2031. Pero somos nosotros quienes pagamos la crisis sanitaria con un hospital y salud colapsada, con falta de insumos y profesionales, con aumento de la precarización y la informalidad del trabajo; no es casual que Calama esté dentro de la región con un desempleo por sobre la media nacional y que las ollas comunes se hayan multiplicado este último tiempo. Esto viene a profundizar el trabajo precario que existe en la juventud, y también con la herencia de la dictadura a través del subcontrato que divide la fuerza de la clase trabajadora, provocando la división entre trabajadores de planta y contratistas, cuando todos son parte importante de la producción que sostiene un país entero.
En ese mismo sentido, denunciamos a las grandes mineras que han mantenido la actividad productiva en Calama y toda la región, siendo estas parte importante de focos de contagios, donde las vacunas ni siquiera son para todas las y los trabajadores que han arriesgado sus vidas por la desidia empresarial. Sólo durante la primera ola del Covid-19, fueron más de 5 mil las y los trabajadores ligados a la minería quienes se contagiaron. También denunciamos que CODELCO, bajo la lógica de los grupos económicos privados, sigue esta misma forma de funcionar.
Es más, pese al alto precio del cobre, que llega a niveles sólo comparables al 2011, los impuestos que pagan las grandes mineras privadas disminuyeron en 31,6% durante el último año [4]. Mientras que la propia OCDE reveló que solo el 25% de los más ricos pagan impuestos por ganancias, por esto es que hemos planteado la urgencia de un plan de emergencia para la actual crisis sanitaria, porque no podemos seguir pagando la crisis sanitarias las y los trabajadores y el pueblo pobre. Hemos visto cómo son nuestros pares quienes siguen muriendo y enfermando, mientras el Hospital Provincial sigue sin dar abasto, con las camas críticas ocupadas diariamente, a pesar de que el Distrito Norte de CODELCO haya aportado la construcción de un nuevo módulo, no es casual que desde la comuna se transporten personas a la ciudad de Antofagasta o a la región Metropolitana; además la falta de personal de salud es concreta, el mismo referente COVID del HCC lo ha declarado en los medios locales.
Un plan de estas características debe contemplar financiamiento para: aumentar la contratación de trabajadores de la salud para acabar con la gran sobrecarga laboral que viven, además de dar una solución al problema de la cesantía; destinar recursos para aumentar la capacidad de trazabilidad en los consultorios, para así poder controlar los contagios; aumentar la capacidad de exámenes PCR; sueldos de emergencia equivalentes a la canasta básica familiar para todos quienes estén desocupados o suspendidos; y paralizar las actividades laborales no esenciales con licencias pagadas a todos sus trabajadores, sin despidos ni rebajas salariales. En ese mismo sentido, es importante que las y los trabajadores en sus lugares de trabajo levanten Comisiones de Higiene y Seguridad bajo su control junto a profesionales y trabajadores de la salud, que exijan a sus sindicatos llevar adelante estas iniciativas, para que sean las y los trabajadores quienes decidan cómo y en qué condiciones volver a producir, por eso hacemos el llamado a los sindicatos mineros y de la industria a levantar una gran campaña con estos objetivos.
Además, creemos que esta batalla debe ir acompañada junto a terminar con la precarización y división de la fuerza de la clase trabajadora, es decir, promoviendo ideas como la necesidad de un sueldo mínimo de $550.000, fin a la subcontratación y el multirut que es regla en la región, terminar con los contratos basuras como el subcontrato y el pase a planta de todos y todas, como también igual trabajo igual salario entre hombres, mujeres y trabajadores extranjeros. Además para terminar con los altos índices de desempleo, a través de la derogación de la maldita Ley de Protección al Empleo, prohibiendo los despidos por ley y reduciendo las horas de trabajo, para que la jornada laboral se reparta entre las manos de todos y todas quienes puedan trabajar, sin rebaja salarial y con un sueldo mínimo que parta de la canasta básica familiar.
Y porque sabemos que esta pandemia ha afectado a las mujeres, aumentando la violencia de género en los hogares y los femicidios- como lo vimos el mes pasado cuando fuimos testigos que Calama fue la ciudad de el casi primer caso de femicidio de este 2021 en la región, la misma semana en que se condenaba al femicida de Gabriela Contreras-, es importante pelear por un plan de emergencia contra la violencia machista, para que toda mujer que se encuentre sometida, ella y/o sus hijos/as, y/o personas a su cargo, a situaciones de violencia reciba una retribución estatal mensual, a la que tengan acceso todas las mujeres mayores de 16 años, con previsión social y servicio de obra social gratuito, extensivo a sus hijos/as u otras personas que estuvieran a su cargo. Refugios transitorios dignos y plan de vivienda estatal con impuestos a las grandes empresas inmobiliarias. Además, una de las demandas más sentida de millones de mujeres tiene relación a los derechos reproductivos, sexuales y su derecho a decidir, por lo mismo la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito sigue aún más vigente.
También creemos que es absolutamente factible terminar con la contaminación, y el cáncer, que tiene a la comuna saturada enfermando al conjunto de la población, lo que es más urgente en el contexto de pandemia donde se es más propenso a contagiarse por COVID-19, a través del control obrero de la producción peleando por la reconversión tecnológica de la industria para dejar de dañar el medio ambiente y a nuestras familias. El control obrero de la producción requiere de la organización de las y los trabajadores, que a través de sus organismos sindicales de manera democrática tengan la capacidad de fiscalizar y vigilar los movimientos de las patronales en la minería y la industria en beneficio de la salud de los trabajadores y la comunidad.
Para resolver las necesidades de la población y el pueblo trabajador: Nacionalización de los recursos naturales y empresas estratégicas bajo control obrero
Para dar una solución de fondo a las demandas que se expresaron en octubre y resolver los problemas que aquejan al conjunto de la población, es necesario tocar los intereses, ganancias y enfrentar a los dueños del país y los capitales transnacionales. En la región de Antofagasta existen recursos y grandes riquezas que si estuviesen en manos de las y los trabajadores junto a las comunidades, podrían solventar los problemas de la región e incluso el país.
Para esto es necesario nacionalizar los recursos como el cobre, el litio y el agua bajo gestión de las y los trabajadores y comunidades aledañas.
Pero cuando hablamos de nacionalización, no nos referimos a repetir la fórmula de CODELCO, que hace años viene intentando una ofensiva desde su directorio y los gobiernos de turno hacia el camino de la privatización. Por lo que en CODELCO está planteada la necesidad de luchar por el control obrero de la producción, es decir, la necesidad de fortalecer los sindicatos como organismos, que basados en la organización y la confianza en la fuerza de las y los trabajadores, se levanten de forma paralela al directorio formado por empresarios elegidos por Piñera y una representación burocrática de los trabajadores a través de la FTC, ejerciendo una verdadera fiscalización y control sobre las políticas productivas y organización de la compañía estatal. Esto es fundamental si se quiere terminar con la “privatización encubierta” a través de la subcontratación de las áreas estratégicas como sucede actualmente, por lo que el control obrero de la producción no se puede plantear si las y los trabajadores no buscan la unidad de las filas mineras, uniendo a las y los trabajadores de planta con los trabajadores contratistas, para lo cual es necesario terminar con el subcontrato y conquistar el paso a planta permanente de todas y todos los trabajadores.
Sabemos que una política como esta tendrá respuesta por parte del gobierno, los políticos del régimen y los empresarios que se hacen carrera en CODELCO, incluso que podrían amenazar con despidos, retraso en los proyectos que se han invertido durante los últimos años, además de probables amenazas de la inviabilidad de la compañía para entregársela a los privados, poniendo incluso sobre la mesa que puede correr peligro las diferentes relaciones que tiene la División Norte con la comunidad. Ante esta posibilidad, será una necesidad avanzar del control obrero de la producción a la gestión directa por parte de las y los trabajadores junto a las comunidades de CODELCO, a través del cual no sólo se garantizará la vigilancia sobre la producción, sino la administración completa en términos de políticas productivas, laborales, tecnológicas y económicas en beneficio de las familias trabajadores y la población. Se podría garantizar incluso la reconversión tecnológica no sólo de la fundición de Chuquicamata y el tranque el Talabre que perjudica la salud de la población y terminar con la contaminación, sino de la compañía en su conjunto; además de decidir que las ganancias que genere la cuprífera estatal sean puestas al servicio de las y los propios trabajadores, como de las necesidades sociales de las personas, y no como el 10% de las utilidades que se siguen regalando a las F.F.A.A.
Una recuperación así hasta el final de nuestros recursos estratégicos, no sólo permitiría resolver las necesidades sociales, sino que también podría ser un aporte para cambiar el modelo productivo del país y los lugares más atrasados, lo que a la vez sería un paso importante para enfrentar la dependencia de los capitales extranjeros y el modelo extractivista-exportador.
Para enfrentar el profundo problema de la vivienda, que tiene a más de 900 familias hacinadas en 5 campamentos, hay que levantar un plan de viviendas y obras públicas, que ponga fin al negocio inmobiliario y haga realidad el derecho a la vivienda, y que sea gestionado por trabajadores, comités de vivienda y organizaciones populares que llevan años luchando por este derecho.
A la vez que el problema de los servicios básicos, como el agua potable y la electricidad a la que un porcentaje importante de la población no tiene acceso, es fundamental terminar con la privatización de nuestros derechos básicos. Por esto planteamos la estatización sin indemnización y bajo gestión obrera de las empresas de electricidad, agua y servicios públicos. Hay que terminar con este saqueo y abolir el Código de Aguas de la dictadura, que ha permitido a los empresarios nacionales y extranjeros tener prácticamente entubados y secos los ríos del Desierto de Atacama.
Parte de terminar con el saqueo y la explotación a destajo, es defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, los que por años han sufrido a manos de grandes empresarios nacionales como Ponce Lerou, Luksic y transnacionales como Albemarle, la sequía como sucede en el Salar arrebatándole a los pueblos sus derechos sobre el territorio ancestral.
La nacionalización de los recursos naturales bajo la gestión obrera y de las comunidades, puede ser un aporte a terminar con la centralización, la cual es imposible pensar si los recursos siguieran en manos de las grandes transnacionales que son las que terminan dando las coordenadas de las política económicas estratégicas del país. Por eso la gestión y la distribución democrática de las riquezas de forma racional por parte de trabajadores y comunidades debe ir acompañada de un programa que plantee a la vez el monopolio del comercio exterior, si queremos realmente terminar con la dependencia del país a los capitales extranjeros. Acompañado de la nacionalización de la banca y el crédito en una banca estatal única gestionada por los trabajadores, para evitar la evasión y huida a los paraísos fiscales, asegurar los ahorros de los pequeños ahorristas y centralizar el ahorro nacional. Asimismo, poner fin al pago de la deuda pública externa, ya que son miles de millones de dólares que siguen yendo a parar a manos de los especuladores. |
