Los datos de la mala evolución del desempleo y la economía española en el primer trimestre de 2021 lastran gravemente la recuperación económica, aunque el Gobierno lo niegue. En la comparecencia de este martes del presidente de Gobierno Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros haya tratado de vender la idea de que la situación evoluciona positivamente y que, con la vacunación masiva prevista para finales de agosto para el 80% de la población, el rebote económico en 2021 será el más potente junto al de la economía norteamericana. Se ha apoyado para ello en un dato del FMI, sin publicar en el momento de su comparecencia, indicando una previsión de crecimiento del 6,4% durante 2021, medio punto por encima del previsto en su anterior análisis. Sin embargo, lo cierto es que la situación económica sigue siendo muy comprometida.
El fuerte rebote del tercer trimestre de 2020, tras las caídas del primero, sobre todo del segundo, y el cuarto que finalizó con un crecimiento nulo, solo logró frenar la brutal caída del PIB de 2020 hasta una pérdida del 10,8%. Y el primer trimestre de 2021 no solo ha seguido con esa tónica, sino que todos los expertos hablan de una nueva profundización en la caída. Es decir, que casi hemos entrado en recesión, dos trimestres seguidos en caída del PIB, si no llega a ser porque el último trimestre de 2020 nos salvó, al borde de la campana, al quedarse en el canto del decrecimiento. Por lo tanto, la caída de la economía española tras el primer trimestre de 2021, se situará fácilmente por encima del 11%, por lo que aunque durante 2021 finalmente se crezca en el entorno del 6% como vaticina el FMI, aún quedaría recuperar casi la mitad de lo perdido en 2020. Y todo ello con un déficit superior al 10% y una deuda pública que ha alcanzado el 120% de PIB. Por lo tanto, el Estado español solo tendrá el año 2022 para cuadrar las cuentas, puesto que lo más probable es que para 2023 se restituya la disciplina presupuestaria de Bruselas y es se impondrán sin lugar a dudas nuevos y fuertes recortes sociales en sanidad, educación y servicios sociales.
Malos datos de empleo y paro que amenazan con ser peores
Los datos de empleo del INEM del mes de marzo recién publicados muestran a las claras cómo está golpeando la crisis social de la covid-19 sobre las y los trabajadores, pese al denominado “escudo social” del Gobierno y la supuesta “prohibición de los despidos” durante la pandemia. El resultado son 438.617 empleos menos y 401.328 parados más respecto a hace un año, según datos de los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo. Tras perder prácticamente casi un millón de empleos a lo largo del primer mes de la pandemia, a los que habría que añadir los de la economía sumergida que no se contabilizaron, transcurrido un año seguimos sin recuperar los niveles de empleo prepandemia. Y eso pese a la política flexibilizadora de los ERTE y las exenciones de la seguridad social, absolutamente favorables para las empresas y que han costado más de 40 mil millones de euros a las arcas públicas. Los ERTE han permitido a las empresas sacar y meter trabajadores de sus plantillas a conveniencia y prácticamente sin contrapartidas, más allá de la exigencia del mantenimiento del empleo que se ha mostrado como una gran falacia, si tenemos en cuenta la cantidad de despidos que ha habido ya y la enorme cascada de los que se anuncian, muchos de ellos en grandes empresas que, además, han continuado repartiendo dividendos y aumentando las retribuciones de los directivos.
Además, por si fuera poco, los ERTE todavía están ocultando una enorme capa subterránea de más que probable futuro desempleo, puesto que todavía tienen a 743.628 trabajadores bajo la cobertura del Estado, a los que hay que añadir los más de 470.000 autónomos que se encuentran en cese de actividad cubierta también por el Estado. En definitiva, la suma de todos los colectivos que actualmente de facto están sin empleo nos llevaría a una cifra total de desempleo estratosférica de 5,1 millones.
Todo ello, pese a que el mes de marzo, gracias a una relativa flexibilización de las medidas anti pandemia para no hundir la económica, en esa cínica y contradictoria guerra que mantiene el Gobierno central y los autonómicos entre la economía y la salud, mientras se sigue sin intervenir la sanidad privada, fortalecer la atención primaria o contratar rastreadores, no ya para combatir el coronavirus sino para atender debidamente también el resto de patologías y su prevención que en muchos casos van a suponer muertes y gran dolor social, han permitido una cierta reactivación económica, al calor de la Semana Santa y el buen tiempo de estos días.
Así pues, marzo ha supuesto una ligera mejoría del empleo, no tanta como se producía otros años al incluir la Semana Santa. El incremento del empleo ha sido el peor desde 2012, con la excepción de 2020 cuando más fuerte golpeó la pandemia. Aumentando la afiliación en una media de 70.790 cotizantes y bajando el desempleo, respecto al mes anterior, en 59.149 desempleados menos. Ello ha permitido bajar ligeramente el desempleo de los 4 millones quedándose en 3,95 millones de desempleados inscritos en las oficinas del INEM. A la espera de lo que diga la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre, seguimos en niveles de desempleo del 16% de la población activa. Por otra parte, se ha logrado descender los ERTE desde los 3,5 millones del año pasado a los algo más de 700.000 de ahora. El aumento de los empleados sitúa el nivel de afiliados a la Seguridad Social medio del mes de marzo en 18,92 millones de cotizantes, resultando ser 85.838 menos que un año antes.
Se disparan los anuncios de despidos en las grandes empresas
Hoy mismo y tras la publicación de los datos negativos de la evolución del desempleo, ha salido a la palestra la información de que H&M va a cerrar 30 tiendas de ropa y despedir a unos 1.100 trabajadores. Pero es que, junto a este gigante multinacional del comercio textil, se han ido desgranando a lo largo de las últimas semanas una importante lista de grandes empresas que pretenden hacer lo mismo, aprovechando las condiciones favorables de despido fácil y barato facilitado por las reformas laborales de Zapatero y Rajoy y la excusa de la pandemia.
Así tenemos los anuncios de El Corte Inglés que pretende despedir a cerca de 3 mil trabajadores; los 8 mil despidos de inicio que se ha planteado realizar CaixaBank tras su fusión con Bankia; los entre 1.500 y 2 mil de la fusión de Unicaja y Liberbank. Por no hablar de los despidos previsibles en el sector del automóvil que se encuentra en plena reestructuración hacia el coche eléctrico, que ya han comenzado con el anuncio de 630 despidos en la planta de Ford en Valencia. A lo que habría que añadir los cierres de empresas, se habla de más de 100 mil, y la transformación en ERE de muchos de los ERTE sobre todo en el transporte, el turismo y la hostelería por ser los sectores más afectados por la crisis generada por la covid-19. Sectores que en la economía española son básicos por estar vinculados al turismo que tiene un peso superior al 12% del PIB y el 13% del empleo.
La reestructuración de la banca, pese a las enormes ayudas públicas recibidas, se está realizando a costa de los trabajadores con despidos y empeoramiento de las condiciones de trabajo. Mientras Gorigolzarri, por ejemplo, va a recibir el triple de emolumentos de los que recibía como presidente de Bankia, que era banca pública no lo olvidemos con el 62% de su capital controlado por el Estado, donde recibía un sueldo, nada modesto, de 500.000 euros. Hasta alcanzar ahora en CaixaBank una retribución anual escandalosa de 1,65 millones en ingresos fijos, más una posible retribución variable de 200.000 euros más en caso de cumplir los objetivos. En una entidad en la que el Estado ha pasado a tener un 16% de participación y que por lo tanto sigue siendo cómplice de estas decisiones empresariales el autoproclamado “gobierno más progresista de la historia” que no le puso ninguna objeción a la fusión, facilitando el pelotazo empresarial de la Caixa y la pérdida casi segura del rescate bancario a Bankia. Por el contrario, a las y los trabajadores se les amenaza con el desempleo y se les atacan sus derechos laborales esenciales, y a los grandes directivos como vemos se les suben los ingresos a niveles estratosféricos. Y todo ello en un contexto que está concentrando el capital financiero a unos niveles de riesgo sistémico y que, por lo tanto, nos obligarán a rescatarlos de nuevo si se produce una nueva crisis financiera.
El sector del automóvil, recordemos el reciente cierre de Nissan a finales del año pasado, también aborda un proceso de reestructuración, sostenido en gran parte por los recursos públicos. Que ahora, además se verá beneficiado por la histórica bazuca de los fondos anti covid-19 de la UE, para adaptarse a la transición ecológica, junto a otros sectores como el del transporte y el energético. Todos ellos también están en proceso de abordar recortes de plantilla y rebajas en las condiciones laborales para aprovechar la cresta de la ola de los fondos europeos. Esas son las reformas estructurales que se están cocinando entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con la Comisión Europea para facilitar las ganancias de las empresas del IBEX 35 y del capital financiero y mejorar la productividad y la competitividad de la economía española. Todo a costa de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores y contando con la complicidad de la burocracia sindical de CCOO y UGT que más allá de actos simbólicos de protesta, como las recientes concentraciones frente a las delegaciones de gobierno, sigue firmando acuerdo tras acuerdo con la patronal y el Gobierno y sin plantear un programa serio de movilizaciones para derogar tan siquiera los aspectos más lesivos de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, tal y como plantean con la boca pequeña.
El elevado nivel de desempleo estructural existente que puede incluso dispararse aún más, la elevada precarización cada vez más extendida entre grandes capas de sectores de las y los trabajadores, los ataques a los derechos laborales, la ola de despidos que se avecina en la grandes empresas y los cierres de empresas hacen imprescindible levantar un programa unitario y de independencia de clase, de emergencia laboral y de lucha anticapitalista, antirracista, feminista y de la juventud, por ser los sectores más golpeados por la crisis. Un programa que debe defender como reivindicaciones mínimas esenciales la derogación total de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial, un salario mínimo de 1.500 euros y la nacionalización bajo control obrero de las empresas que cierren o despidan trabajadores, acompañado de un programa de inversión pública ofensivo y decidido para la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos, sobre todo en la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Para imponer y diseñar el programa de movilizaciones en la calle hay que imponer a las burocracias sindicales el frente único de lucha, sobre la base del desarrollo de asambleas democráticas de trabajadoras y trabajadores. La izquierda sindical tiene que ponerse a la cabeza de esta batalla. Porque solamente a través de la lucha de clases unitaria y continuada se podrá imponer un programa de este tipo a la patronal y al Gobierno de cara a lograr que la crisis la paguen los capitalistas. |
