Según la versión de las autoridades policiales, un grupo de 17 detenidos iniciaron un motín con una quema de colchones, tras oponerse a una pesquisa “luego de algunos incidentes ocurridos a primera hora”. Franco Emanuel Gallardo (20 años) y Mateo Boris Visa (22 años) murieron intoxicados por inhalar los gases tóxicos de la combustión de los colchones de goma espuma y mantas.
Un fuerte operativo de la Guardia de Infantería se montó frente a la sede de la Brigada, que se encuentra al lado de la comisaría de Yerba Buena, en calle San Martín frente a la plaza de Marcos Paz. Lo llamativo es que el operativo se montó, según declaró el jefe Regional Norte comisario Luis Mansilla, con anticipación al inicio de la pesquisa que desató el supuesto motín.
Familiares de los detenidos se fueron enterando por los medios de comunicación de lo ocurrido y rodearon el edificio. Allí dieron su versión de los hechos a los medios, afirman que el incendio tuvo que ver con el hecho de que los presos eran obligados a salir a robar, y por la venta de drogas.
Lourdes Gallardo, hermano de uno de los reclusos fallecidos, describió el modus operandi: los mismos policías que realizan la vigilancia de un determinado lugar los obligan a robar tras liberar la zona, “son ellos mismos, ellos les entregan los robos a los chicos, en la aseguradora del Colmenar, en el drugstore”, en alusión a hechos recientes. La mujer también retrató las condiciones de hacinamiento en las celdas, “están como 20 personas en una celda de 3 por 2, es re chiquito el lugar y no tienen agua”, afirmó.
La mujer denunció que tras estar detenida en la comisaría la dejaron salir bajo amenazas: “me dijeron que le traiga plata para el comisario, si no les ponían dos armas y dos motos” para fraguar delitos que no cometieron a sus hermanos detenidos. Por esto realizó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía III acusando al subcomisario Juárez y el oficial López Díaz de la comisaría del Colmenar.
Noemí Chabán, madre de Emanuel Gallardo, declaró: “A mi hijo lo mataron, estaban cansados del maltrato y por eso llevaron a cabo los hechos. Además en esta unidad me pidieron 20 mil pesos para liberar a mi hijo. La fiscal Reuter sabía de esto, ella es responsable de la seguridad, ella estaba al tanto de los apremios y los pedidos de dinero. A mi hijo me lo devolvieron sin vida y esto no quedará así”. |