El conflicto por el control del mercado de ADEPCOCA en la zona de Villa Fátima en La Paz, agravado luego de que el viceministerio de la Coca, emitió la Resolución Ministerial 068 trasladando el mercado a la zona de Kalajahuira, amenaza radicalizarse luego de la brutal represión policial a los cocaleros movilizados.

Cansados de los permanentes enfrentamientos en la zona de Kalajahuira donde se encuentra el recientemente trasladado mercado de la Coca, juntas vecinales y de transportistas de la región de los Yungas, exigen el desalojo de la sede sindical de la dirigente cocalera del MAS, Elena Flores. Al tiempo que los cocaleros dirigidos por Armin Lluta, opositores a Flores, anunciaron una radicalización de sus medidas advirtiendo con llamar a un bloqueo de las mil esquinas en la ciudad de la Paz, a partir del lunes 12 de abril.

Armin Lluta también denunció la posibilidad que desde el Gobierno de Luis Arce Catacora se pretenda “armar” un caso para detenerlo ilegalmente. Es decir, de la misma forma que se procedió, durante el Gobierno de Evo Morales, contra el dirigente Franklin Gutiérrez quien fue encarcelado por más de dos años. Recordemos que la salvaje represión que desplegó el Gobierno de Morales contra el sector opositor, en ese entonces, liderado por Gutiérrez, con muertos y encarcelamientos arbitrarios terminaron empujando a este sector detrás del bloque golpista. Se asimilaron así a la CONADE y le brindaron al reaccionario movimiento golpista algunas pinceladas de barniz popular.

Es por esta situación que la política de cooptar, dividir y perseguir a las organizaciones sociales opositoras -o circunstancialmente opositoras-, que despliega el MAS desde el Gobierno es peligrosa porque termina empujando a sectores populares, dirigidos por burocracias sindicales educadas por el MAS y por la derecha en la escuela de la subordinación, la corrupción y el arribismo, en brazos de la derecha golpista.

En este sentido, el caso de ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores de Coca) expresa claramente los intentos gubernamentales de mantener el control de las organizaciones sindicales y de productores favoreciendo mediante disposiciones ministeriales a dirigentes afines al MAS. Sin embargo, ADEPCOCA no es un caso aislado y no es sustancialmente diferente a lo que ha venido sucediendo sistemáticamente en todas las organizaciones sociales y sindicales, sean estas obreras, campesinas, indígenas, vecinales o de diversa índole.

Con esas medidas, el Gobierno del MAS, antes y ahora, ha buscado controlar y evitar protestas sociales recurriendo a las capas burocratizadas de las dirigencias campesinas y de los movimientos sociales que actúan casi como una policía política al interior de las comunidades, de los sindicatos, de las empresas, fábricas y centros de trabajo, limitando la lucha a “cobrar indemnizaciones” e impidiendo que las y los trabajadores, del campo y la ciudad, avancen en la coordinación y unificación de sus demandas o directamente permitiendo despidos, bajas salariales y violación de derechos laborales.

El caso de la burocracia sindical que ocupa la COB (Central Obrera Boliviana) con Juan Carlos Huarachi al frente, prorrogado durante el Gobierno de Evo Morales es reveladora de esto. Cumplieron ese papel durante el Gobierno de Morales, luego vieron conveniente sumarse al movimiento golpista, y luego, nuevamente, presionados por sus bases, desde abajo, ante la desastrosa y criminal gestión de la pandemia durante el Gobierno de Áñez, volvieron al redil gubernamental con Arce. De esta manera, en la actualidad, esta burocracia de la COB continúa prorrogándose y obstaculizando la posibilidad de incorporar a decenas, sino cientos de miles, de trabajadores y trabajadoras precarizadas que no están contemplados en la estructura orgánica de la central. Peor aún, ya que se niegan a convocar a congreso o a reconocer a directivas sindicales que no puedan controlar ganándose con esto el rechazo y desprecio de las mayorías trabajadoras del país que ven como sus organizaciones sindicales solo vienen sirviendo como escalera de carrerismo y corrupción.

La situación se hace cada vez más irritante toda vez que la cooptación estatal de las organizaciones sociales, solo puede sostenerse mediante una vulneración sistemática de los mecanismos de democracia interna de las organizaciones sindicales y sociales, más cuando los dirigentes abiertamente identificados con el MAS son crecientemente cuestionados por las bases de los diferentes sectores, como se evidenció luego del golpe de Estado en la ciudad de El Alto, cuando para poder movilizarse se tuvo que desconocer a los dirigentes corrompidos y nominar nuevas directivas de las juntas vecinales para poder enfrentar al golpismo.

La vulneración de la democracia interna de las organizaciones sociales, sobre la base de resoluciones ministeriales o de disposiciones judiciales como la sucedida con ADEPCOCA en diciembre pasado que reconoció a Elena Flores pese al rechazo de sus bases, no es suficiente. El Gobierno necesita desplegar mecanismos cada vez mayores de violencia policial contra los movilizados llegándose a casos de torturas como las que se evidenciaron por redes sociales por parte de policías contra dirigentes movilizados.

Frente a esto y en medio de la crisis por la que atraviesa el sector de los productores cocaleros, es necesario recuperar la independencia política de ADEPCOCA y de todas las organizaciones sociales y sindicales, para que las mismas vuelvan a estar al servicio de las demandas y necesidades de sus propias bases y que no sean instrumentalizadas ni por el MAS ni por la oposición derechista.

La subordinación semicolonial del país, causa de la violencia en los cocales

La disputa por el control del mercado de coca de Villa Fátima, expresa también un problema más profundo y de largo plazo, y es el problema de la subordinación del país a diversos acuerdos internacionales para la lucha contra el narcotráfico y que establecen una regulación rigurosa de la producción de la hoja de coca buscando de esta manera limitar el “desvío” de cuotas de producción al narcotráfico. Sobre esta base, en el país se establecieron solo dos mercados centrales de acopio y comercialización de coca, ubicados uno en Villa Fátima en La Paz, y el otro en Sacaba en Cochabamba.

Esta concentración de la producción cocalera se traduce en enormes flujos de dinero que se concentra en todas las actividades que se realizan en estos centros de acopio, alentando la disputa por su control por parte de diversos sectores que ven en su administración no solo un vehículo de control político de los productores y comercializadores sino también una forma de acelerado enriquecimiento. Esto ha alentado a lo largo de años el surgimiento de grupos de comercializadores y rescatiris que han terminado controlando el mercado de la coca para su propio beneficio e incluso usando esta institución contra los productores cuando se supone que ADEPCOCA debería ser dirigida y controlada por los mismos productores y productoras de base.

La herencia neoliberal y pro imperialista como la ley 1008, y diversas disposiciones que limitan la producción de coca, fueron mantenidas por el MAS durante los 14 años de Gobierno de Evo Morales, con la salvedad de trasladar la criminalización de la producción de coca a los Yungas de La Paz, y aumentando los niveles de producción en la región del Chapare con el objetivo de mantener el control de sus propias bases campesinas en Cochabamba.

Para terminar con este crónico enfrentamiento se hace urgente que las bases cocaleras y el conjunto de la población empecemos a discutir y a movilizarnos para cambiar la naturaleza del conflicto politizándolo y transformándolo de un conflicto sindical en una movilización antimperialista.

¡Por el libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca!

Los enfrentamientos de los últimos días, con el lamentable resultado de dos personas mutiladas por dinamita y decenas de heridos, así como las regulares detenciones y violencias policiales, ha llevado a que los dirigentes afines al Gobierno, del sector de Elena Flores, planteen la posibilidad de exigir la libre producción y comercialización de la coca. Ante estas declaraciones el viceministro del sector, Rolando Canceno, se apresuró a aclarar que “nosotros no vamos a permitir la libre comercialización de la hoja de coca” y exigió se normalicen las actividades en Kalajahuira, sosteniendo de esta manera esa política que subordina al país a estos acuerdos y que obligan al país y a las y los campesinos a cargar con las imposiciones externas.

Sin embargo, las declaraciones del burócrata afín al sector de Flores en el sentido de plantear la libre comercialización, no es una locura sino que expresa el sentimiento de miles de productores, vecinos y transportistas que ven la necesidad de terminar con una pelea de carácter reaccionario y que viene perjudicando a los mismos productores y comercializadores.

Desempolvar la vieja demanda de los sectores radicalizados del movimiento cocalero de los años 90, como es la libre producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca, que choca directamente con los dictados del imperialismo y sus organismos internacionales se hace urgente. Pero también, esta demanda, va dirigida contra el Gobierno de Arce que junto a la oposición golpista comparten un marco común que es el de respetar los dictados internacionales descargando todo el peso de la lucha contra el narcotráfico en las espaldas de campesinos y productores.

Es urgente el pronunciamiento de organizaciones sindicales, campesinas y obreras, exigiendo el fin de la represión policial sobre las y los campesinos y abriendo la discusión sobre la urgente necesidad de imponer mediante la movilización de todo el pueblo el libre cultivo y comercialización, para enfrentar en serio los dictados imperialistas sobre el país y que el MAS ha mantenido aplicadamente.