En la ciudad, son muchas las mujeres que se dedican a recolectar cosas de la basura o son parte de cooperativas de cartoneros que trabajan con esos centros de reciclado. Es una foto que hoy se puede ver en cualquier barrio y a cualquier hora del día. Una de las formas más precarias que tienen para llevar el pan a sus casas.
Con el nombre de "Ecofem" Centro Verde Inclusivo, el gobierno de Martín Llaryora quiere presentar como igualdad de género a un espacio para el acopio y reciclado de basura con nombre rimbombante. En el predio ubicado en barrio Gral Bustos, trabajaran mujeres por sueldos que no llegan a la canasta básica; la misma política que para la inclusión de personas trans al programa de servidores urbanos por $10.000.
Parches para grandes problemas
"Una política de género que nos permite ir en búsqueda de una sociedad amigable con el ambiente y, sobre todo, más justa”, destacó el intendente durante la inauguración. Pero, Lo que se presenta como una salida a la cruda realidad de estas personas no soluciona sus problemas estructurales. Por el contrario, estas políticas cristalizan las desigualdades, dando a los más postergados los peores trabajos, sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene y con formas de contratación que lejos están de garantizar los derechos laborales.
Casi la totalidad de las mujeres que se dedican a la recolección de residuos, son jefas de hogar. Deben realizar largas jornadas de trabajo para garantizar un ingreso, además de tener que realizar las tareas domesticas y el cuidado de los niños. Eso quiere decir que muchas realizan una doble jornada de trabajo, donde el tiempo no alcanza para llegar a fin de mes. Muchas de ellas deben de salir a trabajar junto a sus hijos o hijas ya que no tienen con quien dejarlos al cuidado. En ese sentido es que el municipio en vez de buscar una salida estructural a esos problemas de esas familias, solo hace un parche y lo vende con bombos y platillos como la solución final.
En la inauguración también anunciaron la apertura de un Punto Género compuesto por equipos capacitados pertenecientes al Ministerio de la Mujer. La ministra, Claudia Martinez, sostuvo que "el “Ecofem” está asociado a corrientes que vienen trabajando desde el eco-feminismo". Nada dijo del bajo presupuesto destinado para atender la problemática de la violencia de género, ni de las condiciones de precarización en las que trabajan las profesionales del Polo de la Mujer.
Esto muestra que es parcial la capacidad del Estado para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y disidencias. Sin presupuesto acorde, no hay política publica eficaz para frenar la violencia hacia las mujeres. Hacen falta mas refugios, ayudas económicas, vivienda para las víctimas y sus familias, e incluso más profesionales. En el caso de la población trans qué hace años viene exigiendo inclusión laboral para poder elevar sus condiciones de vida y la única respuesta es cajonear todos los proyectos presentados. No está en las agendas de los gobiernos como prioridad resolver la vulnerabilidad vital y estructural, donde son expulsadas del sistema constantemente y condenadas a la prostitución.
La realidad de los de abajo
En Argentina, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), es el ente que agrupa a la mayoría de las personas que se dedican a estos trabajos ya sea en relación con el Estado o con grandes empresas privadas. En el 2020, contaban que eran más de 150.000 personas en el país dedicados a la recolección de residuos y su posterior clasificación. De los cuales 15.000 están nucleados en 120 cooperativas dentro de dicha federación. Un dato para medir el impacto de estas cooperativas es que reciclan al menos 200 mil toneladas mensuales.
Sin embargo, no hay a nivel nacional ninguna ley que regule el trabajo de quienes cartonean y reciclan. En las pocas provincias donde lo está, son contratados bajo monotributo o a través de programas estatales como el caso de "Ecofem" . Lo cual les deja desprotegidos al momento de hacer exigencias para mejorar sus condiciones laborales.
Desde que inició la pandemia, la pérdida de puestos de trabajo o los que surgieron con condiciones de precariedad absoluta, afectaron principalmente a las mujeres y a las personas trans.
A las puertas de una segunda ola de contagios, las mujeres y disidencias sexuales necesitan salidas reales: puestos de trabajo con todas las medidas de seguridad e higiene, en planta permanente y con un salario igual a la canasta básica familiar.
Quienes trabajan en la municipalidad hace años denuncian que se hace oído sordo a sus reclamos sobre las condiciones de trabajo, indumentaria, herramientas, etc. ¿Qué nos hace creer que Llaryora y demás funcionarios van a escuchar a estas trabajadoras? Una vez más los gobiernos se aprovechan de la dura realidad de miles para hacer demagogia. | 
