La División Norte de CODELCO, que se encuentra en la ciudad de Calama, está compuesta por cuatro divisiones en las cuales se produce casi el 60% de la producción de cobre estatal: Ministro Hales, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic y Chuquicamata.
Esta última es la división más grande de las cuatro. Es más, durante el año 2020 sólo Chuquicamata produjo 400.720 toneladas métricas de cobre fino (tmf), posicionándose por primera vez en segundo lugar, antecedida por la División El Teniente de Rancagua por una diferencia de 2.500 tmf.
Pero, también, es justamente en Chuquicamata donde se han abierto críticas por parte de las y los trabajadores en torno a la administración que ha llevado adelante el directorio que es elegido por el Presidente de la República de turno. Son varias las denuncias y cuestionamiento que hay en las y los mineros del cobre y que según esto apuntan a un nuevo intento de privatización de CODELCO con el respaldo del gobierno y el Ministerio del Trabajo.
Las denuncias hacen eco en la relación que tiene el directorio con el Consejo Minero, con los cuales existirían vinculaciones de las empresas privadas contratistas que comienzan a ganar terreno en diversas áreas de la división. Esto se refleja en el traspaso de funciones que eran propias de CODELCO, labores estratégicas y áreas de servicios a empresas privadas, como ha sucedido en el último tiempo en el Hospital del Cobre, el Terminal Vial y la protección industrial. Es más, a trabajadoras y trabajadores de CODELCO les han despedido o impuesto planes de egresos en áreas que posteriormente son traspasadas a empresas contratistas. Esto casualmente calza con que de los 5.000 despidos que han habido en la cuprífera estatal durante el último año, el 20%, es decir 1.001 trabajadores, pertenecían a Chuquicamata.
Lo más paradójico, aparte de que estas prácticas se lleven en una empresa estatal de “todos los chilenos”, es que la directiva que administra ha tenido una constante política anti sindical no sólo buscando el desafuero de 20 dirigentes por supuestos casos de corrupción, sino que además persigue y despide a todo un arco de trabajadoras y trabajadores que son parte de la actividad y vida sindical de los sindicatos °N 1, 2 y 3 o que buscan explicaciones ante los incumplimientos de contratos colectivos e individuales.
No bastando con la persecución, hay trabajadores que denuncian que se ha despedido a compañeras y compañeros de trabajo haciendo uso abusivo por la crisis sanitaria, en que los mandaban a trabajar a través de la modalidad de teletrabajo, y que posteriormente son despedidos y terceras empresas ocupan su lugar. Además de que constantemente la compañía no toma en cuenta a los sindicatos para anunciar nuevas políticas que terminan incluso intimidando a trabajadores, obligándolos a acogerse a planes de retiro de la empresa, todo esto en el contexto de que los precios del cobre se acercan a sus niveles históricos de los US$4 la libra para arriba.
En términos de la pandemia, también se denuncia el actuar del directorio quienes habrían dejado de hacer test PCR y que nada han hecho ante las aglomeraciones que se producen en las casas de cambio de los trabajadores.
Aún así desde CODELCO celebran que este año los excedente que entregaron al fisco aumentaron en un 55%, llegando a los US$2.078 millones debido al aumento de la producción en medio de la pandemia, pero a costa de mayor precarización, polifuncionalidad y flexibilización del trabajo, poniendo las ganancias por encima de las familias trabajadoras.
CODELCO y la lucha por el control obrero de la producción
El actuar descrito anteriormente, muestra que CODELCO como empresa estatal no se diferencia en muchos aspectos de las empresas privadas de la minería; para qué hablar de los niveles de contaminación del cual son responsable al igual que sus amigos del Consejo Minero.
Las políticas que lleva CODELCO adelante son un claro ejemplo de que la sola nacionalización de los recursos naturales sin control de trabajadores y trabajadoras, no garantizan mejores condiciones de trabajo, menos mejores condiciones para el conjunto de la población. Ni siquiera el “representante de los trabajadores”, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) Patricio Elgueta, recambio del anterior presidente Olguín que vendió a los trabajadores para el paro histórico del 12N, dentro del directorio de CODELCO; ha sido un factor para detener los planes de la compañía estatal contra las y los trabajadores.
Dentro de la compañía minera es importante revolucionar la administración que hay actualmente, pero esto no significa el recambio de los diferentes directores de la administración, sino que es necesario primero que todo poder revolucionar los sindicatos, buscar el fortalecimiento de la unidad y organización de las y los trabajadores. En CODELCO está planteada la necesidad de luchar por el control obrero de la producción, basado en el fortalecimiento y la confianza en la fuerza de las y los trabajadores, quienes a través de sus propios organismos se levanten de forma paralela al directorio formado por empresarios elegidos por Piñera y una representación burocrática de los trabajadores a través de la FTC, ejerciendo una verdadera fiscalización y control sobre las políticas productivas y organización de la compañía estatal. Esto es fundamental si se quiere terminar con la “privatización encubierta” a través de la subcontratación de las áreas estratégicas como sucede actualmente, por lo que el control obrero de la producción no se puede plantear si las y los trabajadores no buscan la unidad de las filas mineras, uniendo a las y los trabajadores de planta con los trabajadores contratistas, para lo cual es necesario terminar con el subcontrato y conquistar el paso a planta permanente de todas y todos los trabajadores.
Sabemos que una política como esta tendrá respuesta por parte del Gobierno, los políticos del régimen y los empresarios que se hacen carrera en CODELCO, incluso que podrían amenazar con despidos, retraso en los proyectos que se han invertido durante los últimos años; además de probables amenazas de la inviabilidad de la compañía para entregársela a los privados, poniendo incluso sobre la mesa que puede correr peligro las diferentes relaciones que tiene la División Norte con la comunidad. Ante esta posibilidad, será una necesidad avanzar del control obrero de la producción a la gestión directa por parte de las y los trabajadores junto a las comunidades de CODELCO, a través del cual no sólo se garantizará la vigilancia sobre la producción, sino la administración completa en términos de políticas productivas, laborales, tecnológicas y económicas en beneficio de las familias trabajadores y la población. Se podría garantizar incluso la reconversión tecnológica no sólo de la fundición de Chuquicamata y el tranque el Talabre que perjudica la salud de la población y terminar con la contaminación, sino de la compañía en su conjunto; además de decidir que las ganancias que genere la cuprífera estatal sean puestas al servicio de las y los propios trabajadores, como de las necesidades sociales de las personas, y no como el 10% de las utilidades que se siguen regalando a las F.F.A.A.
Para esto es necesario levantar una alternativa propia de las y los trabajadores, con independencia política de los empresarios y sus partidos, una herramienta política que plantee la necesidad de construir una corriente política revolucionaria de la clase trabajadora que se proponga conquistar este programa.
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