América Latina: la región más desigual del mundo
América Latina a la fecha acumula más de 55 millones de casos de coronavirus y 1,3 millones de muertos. Al comenzar el 2020 era la región más desigual del mundo, situación que empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza 22 millones de personas nuevas y 8 millones en la pobreza extrema.
Según el informe: "El Covid-19 exacerba las condiciones de desigualdad, de protección, de vulneración del ejercicio de derechos humanos, etcétera, precisamente por las fallas estructurales, por la negligencia de los Estados y por la falta de inversión publica en el acceso a derechos fundamentales, entre muchos otros elementos".
El Chile de Piñera: contra los pobres, el personal de salud y las libertades públicas
El informe destaca también que en Chile el presidente Sebastián Piñera aprovechó la emergencia de la pandemia para restringir los libertades democráticas y públicas. Buscando desactivar las protestas que persistía luego de la revuelta popular de octubre de 2019. Y al mismo tiempo que el gobierno legisló una "ley anti-barricadas" y se querelló contra 1000 jóvenes realizando montajes y falsas acusaciones, mantuvo una férrea represión contra las nuevas protestas.
"Las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente disminuyeron por causa de la pandemia de Covid-19, pero las que sí se celebraron solían encontrar como respuesta el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, a menudo con el resultado de lesiones graves. El gobierno hizo uso indebido de la legislación con el fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a la Ley de Seguridad del Estado e introduciendo nueva legislación penal. La pandemia afectó de manera desproporcionada a quienes vivían en situación de pobreza y a quienes dependían de los servicios públicos de salud, así como al personal sanitario del sector público."
Entre los elementos que se destaca en el informe sobre Chile podemos destacar los siguientes elementos:
- Chile es el país con más muertes de Covid-19 en relación a la proporción de habitantes.
- El gobierno mantiene en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
- Piñera presentó más de 1000 querellas contra manifestantes por Ley de Seguridad Interior del Estado bajo motivaciones políticas.
- Chile posee el índice más alto de impunidad en relación a casos de violaciones a derechos humanos.
- En Chile la pandemia afectó de manera desproporcionada a quienes viven en situación de pobreza y a quienes dependían de los servicios públicos de salud, así como al personal sanitario del sector público que es sometido a sobre cargar laboral, estrés y amenazas de sus directivos para que no denuncien públicamente esta situación.
- En la Araucanía el pueblo mapuche vive una situación de violencia constante por parte de fuerzas del Estado pero también por la violencia de particulares.
- En relación a la mujer, no se emitieron protocolos para proporcionar el servicio de aborto en tres casuales.
- En relación a la migración el gobierno de Piñera se ubica como una de los más intolerantes con el fenómeno destacando que la política está centrada en impedir regularizar su condición a los migrantes una vez están en el país.
Piñera: un gobierno contra los pobres, contra los trabajadores de la salud y contra las libertades públicas
El informe muestra las consecuencias de las políticas del gobierno de Piñera desde el inicio de la pandemia. En noviembre de 2019 aprobó la "ley anti barricadas" que restringe la protesta, otorga mayores facultades represivas a Carabineros y permite acusar sin pruebas a personas que interrumpan el tránsito vial. Gracias a esta ley hubo más de 200 presos políticos en su momento y más de 1000 querellas de parte del Estado contra jóvenes.
La pandemia también aceleró la crisis económica en el mundo y en Chile el gobierno aprobó en abril del 2020 la "ley de protección del empleo" que permitió el despido y la suspensión de millones de puestos de trabajo. Se estima que en 2020 se destruyeron 2 millones de empleos y la recuperación hasta la fecha sólo cubre un tercio de esa cifra, es trabajo precario ligado a servicios y construcción, y es principalmente informal. En Chile esto generó un aumento de los campamentos. Se estima que sólo en la Región Metropolitana se crearon 33 nuevas tomas reclamando el derecho a la vivienda. La Intendencia ha desalojado a más de la mitad por medio de la más cruda represión.
Y en materia de salud pública el gobierno de Piñera ha mantenido el subsidio a los privados, ha profundizado la desigualdad entre un sistema privado y un sistema público de salud. En donde el primero se concentra en no enfrentar casos de Covid-19 mientras la salud pública vive un inminente colapso por escasez de camas para pacientes críticos. Mientras el Estado sigue invirtiendo en armamento, mejoramiento de Carabineros, desfinanciando la salud y la educación pública.
Daniel Jadue, candidato presidencial del Partido Comunista ha afirmado que "el gobierno de Piñera ha fracasado". Lo cierto es que el gobierno de Piñera representa lo peor para Chile y sus trabajadores. Lo falso es si ha fracasado. Más bien ha sido representante de los grupos económicos y de las empresas multinacionales que se benefician de los múltiples saqueos a los recursos naturales y a los derechos sociales. Pero además, y lo que no dice el PC, es que buena parte de las leyes represivas y las leyes de despidos masivos han contado con el apoyo del Frente Amplio y del Partido Comunista respectivamente.
La política de Chile, y que une tanto al gobierno como a la oposición (incluyendo al Partido Comunista y al Frente Amplio que han votado sus leyes), es garantizar que la crisis la paguen los propios trabajadores. La ley de despidos y suspensiones, mal llamada “protección del empleo” sigue su curso otro año más. Los trabajadores consumen sus propios fondos de cesantía, o sus ahorros previsionales en el caso del tercer 10% o recibirán focalizadamente un IFE que proviene de fondos públicos, es decir: pagado con los impuestos que pagan los propios trabajadores.
La lógica debe ser la contraria. La crisis debe ser pagada por los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Pues sus ganancias han aumentado y durante años han saqueado la vida y los recursos naturales de los trabajadores.
Desde la Lista de Trabajadores Revolucionarios y el PTR proponemos 5 medidas de emergencia:
1) Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa no inferior a 550 mil pesos.
2) Prohibición de los despidos y suspensiones, derogando la ley de despidos y suspensiones. Cese de labores no esenciales y creación de Comités de Higiene para controlar estas medidas en todos los lugares de trabajo.
3) Unificación del sistema de salud privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados, aumentando personal de servicio y sueldo no inferior a 550 mil pesos.
4) Fin al toque de queda y la militarización, derogando las leyes represivas y liberando a los presos políticos de la revuelta popular de 2019.
5) Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y empresas mineras para financiar este plan de emergencia. | 
