“Estamos transitando la segunda ola’’ dijo el gobernador Rodolfo Suarez en conferencia de prensa. Según los datos oficiales en los últimos 10 días 6.894 personas dieron positivo de COVID-19 en Mendoza. El sistema de salud se encuentra al límite. Sin embargo para el gobierno las escuelas no son foco de contagios “más de 1000 positivos en la comunidad educativa, entre niños y niñas, trabajadores y trabajadoras se contagiaron desde la vuelta a la presencialidad.
Ante este escenario desde la Agrupación 9 de Abril declaran que:
Declaración de la 9 de Abril lista bordo del SUTE Mendoza
Ante el salto en la cantidad de contagios de contagios en el país y la duplicación de casos en la provincia desde la Corriente Nacional 9 de Abril/ Lista Bordó del SUTE exigimos al gobierno un conjunto de medidas elementales para garantizar la salud de trabajadores y trabajadoras de la educación y de todas las familias de la comunidad educativa, sin restringir el acceso a la educación de todas y todos. Pero para lograrlo planteamos impulsar asambleas en todas las escuelas para debatir y preparar medidas, organizarnos junto a la comunidad en Comisiones de Seguridad e Higiene.
“Suspensión temporaria de la presencialidad y medidas de emergencia YA”
En los últimos días, en la provincia de Mendoza se registró un aumento exponencial de los casos de contagios de COVID- 19, pasando de cientos a mil positivos por día, dejando al sistema de salud en una situación muy crítica.
La segunda ola está en pleno desarrollo. A nivel nacional, se registraron más de 24.000 casos positivos y se prevé que continúen aumentando. Y hay una realidad: hay cepas nuevas circulando que ya generaron la necesidad de restricciones y cierres de actividades en países como Chile (con alto porcentaje de vacunación) o Uruguay, que venía controlando los contagios. Ni hablar de la situación en Brasil que es una tragedia humanitaria sin comparación, país con el que compartimos frontera y no puede controlar el desastre sanitario y humanitario.
En este contexto, a pesar del negacionismo sistemático, decimos que las escuelas no están exentas de esta "segunda ola" y en ellas se han registrado cientos de casos por los que se debieron aislar “burbujas” o directamente cerrar escuelas enteras. El propio gobierno blanquea, en palabras de la ministra de Salud, Ana María Nadal, que ya hay más de 1000 positivos desde el inicio de clases, pero sostiene que es un número no significativo y que los contagios se dan fuera de la escuela. El mismo discurso que se repite desde el Ministerio de Educación de Nación y en cada distrito. ¿Acaso el virus discrimina adentro y afuera de la escuela para seguir diseminándose?
Esta situación que venimos denunciando desde la vuelta a la presencialidad. El Estado, desde el inicio, no garantizó las condiciones de seguridad e higiene para evitar que los establecimientos educativos se convirtieran en focos de contagio. No se proveyó elementos de higiene, con directivas confusas costó garantizar la excepción para personas de riesgos, y sobre todo, no tomó ninguna medida en relación al transporte, en el cual se amontonan los pasajeros sin ningún distanciamiento.
Con protocolos poco claros, muy laxos y malas condiciones edilicias el Gobierno y la DGE, que tuvieron un año entero para poner las escuelas en condiciones y no lo hicieron, ahora pretenden instalar el discurso de que “en las escuelas no hay contagios”. Sin embargo hay 70 docentes fallecidos en el país que dan noción de otra realidad.
Niegan que la actividad escolar implica muchas actividades conectas como el uso del transporte o el traslado a las escuelas, y solo responde a los intereses de las patronales que no quieren perder ni un centavo y presionan con mantener las escuelas abiertas para que los y las trabajadoras dejen sus hijos en las escuelas y sigan yendo a trabajar. Por esto se niegan a garantizar el derecho a licencia a madres y padres que necesiten cuidar de sus hijos e hijas cuando los cronogramas de presencialidad u otras circunstancias así lo requieran.
Porque la continuidad pedagógica y la presencialidad no puede ser a cualquier costo, es vital que nos organicemos. Hay que impulsar asambleas en las escuelas, hacer los relevamientos, garantizar colectivamente que se apliquen los protocolos y todas las medidas elementales de cuidado en cada escuela y organizarnos junto a la comunidad en comisiones de Seguridad e Higiene. Trabajadores y trabajadoras de la educación y las familias somos los principales interesados en que la educación funcione, pero en condiciones seguras. Tenemos que organizarnos en común, en asambleas y evaluar, junto con epidemiólogos y trabajadores de la salud, la situación de cada escuela, los riesgos y las condiciones. Es la única forma de que podamos cuidar la salud de toda la comunidad educativa frente al Estado que ni siquiera garantiza elementos de protección a trabajadores y trabajadoras de la salud pública.
Desde la Corriente 9 de Abril/Lista bordo del SUTE exigimos el cierre transitorio de las escuelas para evitar que siga creciendo la ola de contagios, y una vuelta a la virtualidad con medidas urgentes, sociales y económicas que garanticen la educación y la salud de todo el pueblo trabajador y las familias de la comunidad educativa.
Y exigimos a la CTERA que terminen con su rol de asistentes del Ministerio de Educación de la Nación.
Exigimos al gobierno de manera urgente:
Virtualidad transitoria hasta que disminuya la circulación del virus y los contagios, hasta que la presencialidad sea segura.
Plan de vacunación para todo el pueblo trabajador, testeos y rastreos masivos.
El plan de vacunación lanzado por la Nación resulta insuficiente y cubre un bajo porcentaje de la población. Es necesario que se ponga en marcha un plan de vacunación para todo el pueblo trabajador de forma masiva, acompañada de testeos y rastreos para poder frenar la ola de contagios. Se trata de saber en qué situación estamos para prevenir.
Mientras no podamos acceder a las dosis, en Argentina se produce el principio activo de la vacuna patentada por AstraZeneca y ya se lleva elaborado el equivalente a 40 millones de dosis, pero todas ellas se exportaron hacia México en vez de quedar en el país. Por eso apoyamos el proyecto del FIT-U para que se liberen las patentes de las vacunas y se declaren de utilidad pública los laboratorios que pueden fabricarlas, junto con el uso de toda la capacidad científica y técnica del país.
Licencias para madres y padres que deban cuidar a sus hijos
El gobierno provincial no acata la resolución 60/21 que a nivel nacional permite que la madre o padre pueda quedarse al cuidado de los y las niñas y ayudarles con las actividades virtuales. Esto significa un atropello muy grande, en especial para todas las mujeres trabajadoras que representan el 80% del conjunto de trabajadores de la educación. Está actitud misógina del gobierno, ya que a nadie se le escapa que la mayor parte de las tareas de cuidado dependen de mujeres, atenta también contra el interés superior de los y las niñas, ya que muchas veces deben quedarse solos o solas, cuando no hay una persona adulta que quede al cuidado exponiéndoles a accidentes u otros peligros. Es por eso que exigimos al Gobierno que acate la resolución 60/21 y conceda licencias a madres y padres que deban cuidar a sus hijos y terminar con esta actitud que pretende que las familias pongan de sus flacos bolsillos para pagar niñera. Las trabajadoras de la educación no llegan a fin de mes y el estado les tiende una trampa: cuidar a sus hijes o trabajar para darles de comer. Hay docentes que debieron renunciar, o van angustiadas a trabajar por miedo a que les ocurra algo a sus hijos o hijas, por eso exigimos terminar con este atropello urgente.
#Mas Para Educacion y salud y no para el FMI:
El presupuesto 2021 lanzado por el gobierno fue un gran golpe a los y las trabajadoras. En él se anunciaron grandes ajustes y recortes a sectores como salud y educación yendo en contra de las necesidades que presentaban estos sectores. En lo que va de 2021 se invirtió en Salud unos $ 87 574 millones. Mientras tanto, se destinaron $ 116 584 millones del Presupuesto Nacional al pago de intereses de deuda pública. A su vez, en el mes de febrero se destinaron 864 millones de dólares al FMI para refinanciar una deuda ilegítima y fraudulenta. Exigimos que se destine más presupuesto para educación y salud, acorde a la crisis sanitaria.
Que se destinen fondos para garantizar la conectividad y virtualidad de todos y todas las docentes y estudiantes, y la entrega de dispositivos y junto a la habilitación de redes de conexión a internet gratuito.
No se trata de pasar a una virtualidad expulsiva, como ya padecimos el año pasado. Cuidar la salud es fundamental, pero tiene que ir de la mano de garantizar el acceso y permanencia educativa para todos y todas.
Ningún estudiante sin docente, ningún docente sin trabajo. No al cierre de cursos. ¡Basta de precarización!
Se debe garantizar que todo docente con testeo positivo pueda tomarse su licencia correspondiente para reponerse y que el grupo de estudiantes pueda continuar el proceso educativo. Que se cubran las suplencias. Que se cubran los cargos sin docentes, que se fortalezca el acompañamiento pedagógico entre la presencialidad y la virtualidad sin sobrecargar al docente. Hay docentes sin trabajo que pueden cubrir esas necesidades, en llamados y con plenos derechos.
IFE de 40mil pesos para todas las y los trabajadores que están en la informalidad y que por las restricciones y la pandemia se ven impedidas en sostener a sus familias. Hoy en día, 6 de cada 10 niñas/niños/adolescentes son pobres en el país. Refuerzo y extensión de servicios de alimentos. La deuda es con el pueblo, con la salud, con la educación.
Nuestra salud y nuestras vidas importan!
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