El escándalo se destapó cuando un equipo de fiscalizadores del Seremi de Salud fue a investigar a seis personas que habían enviado a cuarentena y que habían dado la misma dirección. El equipo al llegar a calle Rupanco 3071 donde se encuentra la Constructora Inca, se percató primero de que no eran seis trabajadores los contagiados, sino, ocho trabajadores pertenecientes a la empresa.
Pero lo más irracional fue que encontraron que la empresa mantenía a los 8 trabajadores conviviendo directamente con otros 22, usando el mismo baño, casino y las mismas 16 piezas destinadas a trabajadores que provienen de otras localidades.
Esto en medio de una profunda crisis sanitaria, que en Calama se refleja en que durante los últimos meses han aumentado los contagios que llevó a la comuna a adoptar la restrictiva medida de cuarenta. Esto sumado a la crisis de la salud pública con el Hospital Carlos Cisternas (HCC), donde ya no existen camas críticas, ya que las 28 que hay están ocupadas. Por otra parte, la crisis sanitaria ha provocado una crisis social, siendo esta comuna parte de la región de Antofagasta que superó el 11% de desempleo, lo que tiene relación a que el 20% de las empresas medianas y pequeñas han cerrado dejando familias trabajadoras en la calle.
Respecto al actuar de la Constructora Inca, la Seremi Rossana Díaz, catalogó de “increíble irresponsabilidad” la situación, además se tuvo que enviar a todos los trabajadores a residencia sanitaria, abriendo un sumario sanitario y prohibiendo el funcionamiento de la constructora, la que podría ser multada hasta por 1.000 UTM.
Por Comités de Higiene y Seguridad bajo el control de sus trabajadores y por un verdadero Plan de Emergencia para enfrentar la crisis
Ante la brutal situación atravesada por los trabajadores de la constructora, que muestra el desprecio de los empresarios contra nuestras familias, poniéndonos por debajo de sus ganancias, es necesario sobre todo que en los sectores esenciales de trabajo, sean trabajadores quienes impulsen junto a profesionales de la salud, Comités de Higiene y Seguridad bajo control obrero, es decir, Comités que organizando la fuerza de las y los trabajadores, puedan determinar y decidir cuáles son las mejores condiciones para seguir produciendo, bajo el criterio de poner primero la salud y vida de las familias trabajadoras ante que las ganancias de la empresa, un comité que funcione democráticamente bajo asambleas resolutivas, con voz y voto de cada trabajador y delegados que sean revocables que sean quienes transmitan la posición de las bases hacia la patronal. Esta es una medida que en todo lugar de trabajo debería llevarse adelante como garantía mínima para resguardarnos.
Además, a raíz de la crisis social que vive la comuna con el desempleo y el aumento del trabajo informal, es fundamental luchar por conquistar un Plan de Emergencia basado en impuestos extraordinarios de las grandes fortunas y las mineras, las cuales durante el año de pandemia aumentaron sus ganancias, como Luksic que saquea el agua y el cobre en la comuna quien duplicó su fortuna este último año a US$23 mil millones o Ponce Lerou, dueño de SQM y explotador descarado del Salar, que llegó a los US$4.100 millones de patrimonio.
La misma lógica de los grupos privados a seguido CODELCO, quien no ha paralizado por ni un segundo la producción de cobre, siendo una minera estatal y alcanzando durante la primera ola los más altos niveles de contagio a diferencia de otras compañías mineras. Algo mínimo es que CODELCO deje de entregar el 10% de las ventas del cobre a las Fuerzas Armadas, que 2020 alcanzó un monto por US$1.048 millones para la represión [1]. Si transformamos este monto a pesos chilenos la suma supera los 747 mil millones de pesos, peor, aún si sacamos la cuenta del valor de las camas críticas y ventiladores mecánicos que investigó CIPER Chile [2], con este dinero se podrían adquirir 339.545 camas o catres clínicos eléctricos para la UCI o 233.437 ventiladores mecánicos, ambos implementos cotizados con los proveedores más caros. Es más,, sólo el 10% que se le regala a los represores del cobre de CODELCO equivale a 14 veces el presupuesto de salud del Gobierno para este 2021 [3]. Para qué hablar del presupuesto de la Municipalidad de Calama para el Plan Social Comunitario que no sobrepasa los 2.100 millones de pesos.
Recursos sobran si tomamos el robo del cobre para la represión, y el saqueo de nuestros recursos por parte de las transnacionales y grupos nacionales privados del país. Con un 20% de impuesto a las grandes fortunas y mineras podríamos dar una respuesta a la urgencia de la crisis sanitaria, garantizando mayor dotación de personal de la salud, terminar con el trabajo precario en los hospitales pasando a planta a todos y todas las trabajadoras, al igual que personal que garantice una trazabilidad más seria que la que hace el MINSAL, contar con insumos de sobra. En el plano de la crisis social, se podrían paralizar todos los servicios no esenciales, garantizando licencias pagas a las y los trabajadores, prohibir los despidos y terminar con la maldita Ley de Protección al Empleo que tiene a casi un millón de familias en la calle, además de garantizar un sueldo de emergencia universal mínimo de $550.000 para quienes han sido despedidos y a trabajadores informales. |
