Con una fuerte atención pública en las votaciones por el tercer retiro, otros proyectos siguen curso. Uno de estos proyectos es el denominado “impuesto a los super ricos” que mañana será votado en particular por la comisión de constitución
Si bien el proyecto ya fue votado en general, mañana se votarán en particular las distintas indicaciones que existen al proyecto. Hasta ahora las dos indicaciones más controvertidas son las propuestas por Camila Vallejo que apunta a establecer un 2.5% al patrimonio neto de las personas que tengan un patrimonio igual o superior a los US$22 millones. La otra indicación fue presentada por Matias Walker que apunta a establecer un gravamen a través de un impuesto a la renta pero enfocado en empresas y no personas, el aumento de este impuesto sería desde el 27% actual a un 30%.
Desde la oposición se ha mantenido la opción de que ambas disposiciones no son contrapuestas y por lo tanto debería, en el marco del debate legislativo, tender a fusionarse o complementarse.
Por otro lado el oficialismo rechazó la idea de un impuesto sobre el patrimonio y encendieron alertas sobre un alza importante a las utilidades de las grandes empresas ya que esto afectaría la “inversión”.
¿Basta un impuesto para superar la crisis?
La discusión sobre el impuesto a los super ricos ha tomado un ribete mundial, la misma ONU hizo un llamado a los gobiernos a aplicar algún impuesto a los que se han enriquecido durante la pandemia y es parte de un debate en la mayoría de los países.
Este debate se encuentra aún más vigente debido a los resultados que las principales fortunas del mundo han tenido durante la pandemia, sólo en Chile las familias más ricas aumentaron sus fortunas en más de un 70%, recursos que finalmente los adquieren a costa del sufrimiento de las grandes mayorías que deben vivir el aumento del desempleo, el hacinamiento y los estragos de la crisis sanitaria.
Avanzar en un impuesto a las grandes fortunas sin lugar a duda es un punto progresivo, sobre todo pensando que el actual plan del gobierno consta de aumentar el endeudamiento del país, pero este proceso no será sin la resistencia de los propios empresarios. Hace solo días algunos gremios de la minería anunciaron que de avanzar un proyecto así, evaluarían paralizar faenas e irse del país.
Este tipo de chantajes son totalmente inaceptables, y la clase trabajadora junto a los sectores populares, que son quienes vienen costeando la crisis, tiene el derecho a exigir la expropiación de toda empresa que cierre o amenace la continuidad de los puestos de trabajo si es que se llega aprobar un impuesto a las grandes empresas.
Así mismo hay que ser claro en que estos recursos deben ir para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, como lo es el acceso a un salario de emergencia de 550 mil pesos para toda familia que lo necesite, el aumento en el financiamiento en salud entre otras medidas. | 
