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La hipocresía del gobierno no conoce de límites cuando de lo que se trata es jugar con los derechos de las y los trabajadores. Luego de más de un año desde que la crisis económica y sanitaria abierta por la pandemia del COVID19 se extendiera a nivel nacional, y con leyes que atentan contra los derechos de los trabajadores, el gobierno sigue sin dar una respuesta de raíz a los graves problemas que vive hoy el pueblo trabajador.
Si no les bastó con ley de “protección del empleo” votada incluso por el partido Comunista, que habilita las suspensiones de decenas de miles de trabajadores, hoy también buscan decidir sobre las pensiones de las y los trabajadores, quienes como última solución a las paupérrimas medidas del gobierno como el bono clase media, necesitan de un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones para paliar la crisis.
Ya el presidente Sebastián Piñera ha señalado la posibilidad de ir al mismísimo Tribunal Constitucional -organismo heredado de la dictadura- a manifestar la inconstitucionalidad de dicha ley que hoy se encuentra aprobada en la cámara de diputados, de la misma manera con la que amenazó en ocasiones previas, frente a la misma cuestión.
Secundando esta posición se encuentra el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien respaldó al multimillonario mandatario frente a su amenaza de dirigirse al Tribunal Constitucional.
"Hay un fallo del TC que dice que este tipo de retiros -sobre todo fundamentándolo en las modificaciones transitorias- no son constitucionales. Y uno esperaría que quienes juran respetar la Constitución lo hagan", señaló al Congreso, de acuerdo al medio Cooperativa.
Además delgado en defensa del gobierno, señaló que se han llevado a cabo acciones en beneficio de los sectores más golpeados por la crisis.
"Cualquier persona que diga que el Gobierno no ha hecho nada en materia de transferencia, lo invitaría a leer todas las minutas que los mismos parlamentarios tienen. Hay una transferencia importante, el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos, pero a veces competir en paralelo con recursos que son de los mismos trabajadores, que son mayores que los bonos o que un IFE, por supuesto que un parlamentario puede decir "yo prefiero esta otra alternativa", manifestó.
Tales declaraciones no son más que excusas de un gobierno que ha sido incapaz de responder a las necesidades más urgentes del conjunto de la población, tras haber fracasado en su Plan Paso a Paso, mientras su alarde por el proceso de vacunación en Chile va quemando sus cartuchos cada día que pasa, mientras se mantienen las alarmantes cifras de contagios y fallecidos por el Covid-19.
La tozudez y negligencia de un gobierno debilitado
Tal parece que el proceso de vacunación, aquel salvavidas político con el cual el gobierno buscaba equilibrar la desfavorable situación en la que se encontraba durante los peores momentos de la pandemia el 2020, de bastante poco le ha servido en este momento, en que los miles de contagios y cientos de fallecidos se acumulan cada día.
Por otra parte, se han vuelto notorias las precarias iniciativas que han tenido frente a las demandas más básicas del pueblo trabajador, quienes cada día exponiéndose al contagio, tampoco están a salvo del desempleo, las suspensiones, y lo recortes a sus derechos sociales. Incluso desde la bancada de su propio conglomerado, Chile Vamos, han manifestado que de votarse la ley que permite el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, irán por su aprobación.
Y es que este gobierno empresarial, no muestra indicio alguno de dar alguna respuesta de raíz a las exigencias de la población, de hecho todo lo contrario. Es cuestión de ver su rechazo al impuesto a las grandes fortunas, mostrándose como un claro enemigo de cualquier iniciativa que signifique tocar el bolsillo de sus grandes amigos los empresarios. O el mismo bono a la clase media, ante el cual saltaron miles de reclamos frente a las exigencias requeridas para poder postular.
Es tan desesperante la situación que afecta a la clase trabajadora y sectores populares actualmente, que miles de chilenos depositan sus esperanzas en este tercer retiro de los fondos de pensiones, ante un escenario sanitario totalmente incierto, en que el gobierno y su séquito de ministros han mostrado una total desafección con las grandes mayorías que necesitan una respuesta estructural.
Es por tanto que el camino de organización y lucha se hace inminente para poder enfrentar a este gobierno que oscila entre los ataques a las libertades democráticas y los derechos humanos, y las indignantes medidas frente a la crisis.
Sólo con la fuerza de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, podremos imponer un plan de emergencia sanitaria, en solidaridad con las y los trabajadores de la salud. A su vez, la pelea por un ingreso universal de emergencia, prohibición de despidos y derogación de la Ley de Suspensiones, sueldo mínimo de $550.000 entre otras demandas. Un impuesto extraordinario a las grandes mineras, y la nacionalización de los recursos naturales como el cobre y el litio resultan fundamentales, para financiar los derechos que demanda el pueblo trabajador.
¡Que de una vez por todas sean los grandes empresarios quienes paguen la crisis! | 
