Perú supera los 153.000 muertos por COVID-19, según Sinadef, así se convierte en el segundo país Latinoamericano con mayores decesos por cada millón de habitantes. Sin testeo molecular masivo, con la sanidad pública colapsada, sin vacunación y sin declarar de utilidad pública todo el sistema privado de la salud, el gobierno está muy lejos de frenar estas cifras catastróficas.

Las cifras de contagios y muertes va en aumento cada día y es que ante la segunda ola de la Covid-19, el gobierno de Francisco Sagasti insiste en las mismas medidas que han fracasado. Por ello apuesta por mantener los centros comerciales, centros mineros, restaurantes y casinos abiertos, los cuales muy pocas veces respetan los protocolos de bioseguridad. Asimismo, las campañas electorales fueron realizadas sin distanciamiento y muchas de ellas se dieron en lugares cerrados, lo cual habría contribuido a masificar los contagios.

El Minsa ha confirmado 57.230 hasta ayer, es decir, solo el 37% está incluido en el registro oficial de muertos por la pandemia. El 63% restante son víctimas sospechosas y compatibles de la infección, cuyas causas de muerte aún deben ser aclaradas por las autoridades pese a ser personas registradas en el Sinadef como decesos por el virus.

Hasta la fecha hay 14,747 personas hospitalizadas y 2,636 personas en UCI con ventilación mecánica. Estas cifras ponen en evidencia, una vez más, que el gobierno transitorio de Sagasti no tiene un plan para el incremento de camas UCI a nivel nacional, de igual manera, la escasez de oxígeno, que es otra de las causas de muerte de los pacientes contagiados de Covid-19, se ha convertido en un negocio muy rentable que beneficia únicamente a los empresarios de este rubro, quienes aprovechándose del dolor de los familiares, le están sacando el máximo beneficio a la alta demanda de este bien. Asimismo, las clínicas privadas siguen cobrando fortunas por hospitalización y atención. Actualmente hay miles de familias endeudadas por años, muchas de ellas han tenido que vender sus bienes como casa y terreno, para poder pagar por el oxígeno y la atención médica.

El acceso limitado a las pruebas moleculares y de antígenos cuyo precio en el mercado privado bordea los 100 dólares, precio que solo un porcentaje muy reducido de la población puede cubrir, también se ha convertido en otro de los factores que conllevan a la propagación del Covid-19. Frente a esto, el estado ha demostrado su incapacidad para cubrir esta necesidad de primer orden que contribuiría a combatir la propagación masiva a través de de la realización de las pruebas necesarias para aquellas personas que presentan síntomas. Una vez más, los pobladores de menos recursos son los más perjudicados ya que son ellos los que no pueden acceder a estas pruebas o se endeudan para hacérselas.

Si bien el plan de vacunación ya terminó con la primera línea y ha comenzado con los adultos mayores de 80 años, ha quedado nuevamente expuesto el centralismo, ya que la mayor cantidad de vacunas han quedado en Lima y los adultos mayores de las otras regiones del país aún no han sido vacunados.

Para poder salir de esta crisis sanitaria es determinante que se liberen las patentes, de esa forma la producción de las vacunas se multiplicaría y podría llegar a los países pobres más rápido y al conjunto de su población. Así mismo, se tiene que declarar de utilidad pública todo el sistema de salud privado y las plantas de oxígeno para ponerlos al servicio de la vida y la salud de la población afectada por la pandemia.