Por el momento tan sólo han ratificado la legislación necesaria para la emisión de deuda con la que Bruselas espera hacer frente al fondo de recuperación 17 países y falta que hagan lo propio Alemania, Estonia, Hungría, Austria, Finlandia, Rumanía, Países Bajos, Irlanda y Lituania. En el caso de Berlín, el proceso está paralizado por una demanda del Tribunal Constitucional. El comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, estima que el resto de los gobiernos aprueben los planes nacionales de reformas e inversiones pronto. Para que Bruselas pueda realizar la primera emisión de deuda en julio, los 27 deben de haber completado el proceso de ratificación en junio. De lo contrario, tendrán lugar nuevos retrasos.
El fondo de 800.000 millones de euros en ayudas de la UE, ha sido presentado como la gran solución a los estragos de la pandemia, pretende ser un “activador” de la economía de los países más afectados, entre ellos el Estado español. El retraso de estos fondos es una de las grandes preocupaciones del Ejecutivo de Sánchez, así como de los ministros de Finanzas de la Eurozona (el Eurogrupo), y, luego, de toda la UE (Ecofin). PSOE y Podemos consideran estas ayudas como la solución a la actual situación de la economía española.
Y es que cada gobierno, y el de PSOE y UP no es una excepción, debe de presentar un plan de reformas que la Comisión Europea considere aceptable, donde se contemplen, por tanto, todas las contrarreformas que la UE establece como condiciones. En el caso del Estado español estas contrarreformas apuntan en agudizar las facilidades a las empresas e incrementar la precarización del empleo mediante nuevas reformas laborales, así como realizar nuevas reformas de jubilaciones, aún más lesivas con los pensionistas. Además, Bruselas realizará un seguimiento para comprobar que se cumplen con estos planes, y dejará de enviar las ayudas en caso de que no se cumplan los objetivos.
Según los cálculos, a España le corresponden 140.000 millones de euros de los 800.000 millones del fondo anticrisis europeo “Next Generation UE”. De esta cantidad, 72.000 millones en inyección directa y el resto en préstamos. El Gobierno ha presentado su “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” como el mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente. Y tiene razón, pero será una inversión destinada a las principales empresas, mientras que para los trabajadores se impulsarán, al mismo tiempo, nuevas reformas laborales que faciliten los despidos, bajen los salarios y reduzcan las condiciones laborales. La “mochila austriaca”, un fondo que el propio trabajador se iría generando para pagarse su propio despido, es una de las reformas en la agenda del PSOE que aun tiene pendiente.
A diferencia de la crisis de 2008, Bruselas ha dado carta blanca a los países a endeudarse. Eso sí, deben de cumplir varios requisitos eufemísticamente aderezados: apostar por la transición ecológica y digital. Siguiendo estas indicaciones, el Ejecutivo de Sánchez ha decidido destinar dentro de su plan un 39% de la inversión a la transición ecológica, un 29% a la transición digital, un 10% a educación y formación y un 7% a I+D+i. Toda una coartada. Curiosamente, estas ayudas irán a parar al mismo tiempo a las empresas del IBEX-35. Bajo el nombre de inversiones en “transición ecológica” se maquillan lo que son ayudas y financiación con deuda pública de las empresas estratégicas del capital español, las que menos han sufrido la pandemia y han incrementado sus ganancias. Por ejemplo, Endesa aspira a llevarse hasta 19.000 millones de Euros de las ayudas europeas para el periodo post-covid, el 7,3% de los fondos totales.
El Plan de Recuperación contempla 20 reformas, aunque el grueso de las inversiones irán a parar a diez de ellas. A un mes del plazo para presentar dicho plan de reformas con el que hacer frente a la devolución de los fondos, la CE recuerda que el mercado laboral, las pensiones y la unidad de mercado son puntos básicos de las recetas a presentar para desbloquear los fondos. Así, el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, declaraba que “una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral es la primera prioridad”.
El Gobierno del PSOE, Podemos y el PCE, se prepara para aplicar todas estas contrarreforas que harán recaer la crisis sobre los sectores populares. Mientras tanto, los y las trabajadoras ya arrastran niveles alarmantes de desempleo, temporalidad y precariedad laboral. Urge levantar una izquierda anticapitalista de los y las trabajadoras, las mujeres, los migrantes y la juventud, que se organice con independencia de clase y se enfrente en las calles, centros de trabajo y universidades a los ataques de la patronal y sus gobiernos. |
