El genocida Eduardo Ferro, responsable de la desaparición de Oscar Tassino, secuestro y torturas de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, del espionaje en democracia y otra larga lista de crímenes de lesa humanidad, ha sido nuevamente beneficiado por el Poder judicial uruguayo, a pesar que hace cuatro años ya había burlado al propio sistema judicial con su fuga a España y vergüenza internacional para el país.
El argumento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno se basó en vericuetos jurídicos a favor de las garantías del imputado ante el recurso de la defensa que cuestionaba la resolución de prisión preventiva dictada por la jueza penal Silvia Urioste.
Daniel Balcaldi, Daniel Tapié y Ricardo Míguez, son los jueces responsables de dejarle la puerta abierta a Ferro por si piensa fugarse nuevamente o accionar o atacar a sus propias víctimas. Además de dejar en claro nuevamente una señal de impunidad por parte de la generalidad del poder judicial frente a los delitos de lesa humanidad. De acuerdo a la ex jueza Mariana Mota (desplazada en su momento por llevar a cabo procesos contra delincuentes de lesa humanidad) se refirió a este tribunal de la siguiente manera: “A este tribunal no le vas a encontrar una sentencia que haga caudal de la normativa internacional, ni que considere derechos de lesa humanidad”.
El genocida Ferro decidió emprender la vuelta a Uruguay en busca de recuperar el beneficio de su jubilación como militar, restringida luego de su fuga. En su estrategia jurídica repitió el recurso hecho por varios criminales de lesa humanidad alegando la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad y de toda la parafernalia de las garantías del proceso que ya usó en el pasado para fugarse a España.
La posición del poder judicial a favor de la impunidad no es novedad, salvo casos aislados que lograron condenar algunos criminales, la norma ha sido actuar a favor de la negativa a juzgarlos, la destitución de jueces favorables al juzgamiento, la absolución o el actuar a favor de la dilación y en extremis actuando con celeridad para que los genocidas condenados gocen de beneficios como la prisión domiciliaria. Todo esto parte de un régimen de impunidad garantizado por todos los poderes del Estado y el sistema político para preservar el prestigio de las FFAA en su rol de garantes del poder del Estado como garantía del poder capitalista en Uruguay.
Hoy más que nunca, y de cara a un nuevo 20 de mayo, se necesita el más amplio repudio de los organismos de DDHH y sociales. Tenemos que ser miles quienes reclamemos por Justicia y cárcel común y efectiva de todos los represores de la dictadura, movilizados en las calles para acabar con la impunidad. | 
