Xunta y el gobierno central no han alcanzado finalmente un acuerdo y el Tribunal Constitucional (TC) ha frenado la vacunación obligatoria en Galicia.
Así, Alberto Nuñez Feijóo expresó el martes 20 de abril después de reunirse con el delegado del Gobierno en Galicia, que su intención era alcanzar una “solución extrajudicial”, y criticó al gobierno central por haber interpuesto este recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la vacunación obligatoria. El TC todavía no se ha pronunciado sobre el fondo pretendido, y solamente ha realizado la suspensión cautelar. Aun así, el gobierno central y Xunta pretenden seguir negociando sobre este aspecto.
Además, Feijoo volvió a insistir en la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para concretar la situación en la que quedan los cierres perimetrales o el toque de queda una vez se acabe el estado de alarma.
El Ejecutivo presentó el recurso tras recibir el informe del Consejo de Estado contra el artículo en el que se plantea la obligación de vacunación. Además, el órgano consultivo también sugirió al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.
En su informe, el Consejo de Estado, consideró pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: “cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia”.
Concretamente, el apartado cinco introduce un artículo, el 38, a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado.
Esta segunda parte habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población. Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario, el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.
Entre las siete consideraciones principales de esta segunda parte, también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización. Este apartado de la ley también habilita medidas de control del «entorno inmediato» de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de «zonas afectadas», lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación o restricciones a las agrupaciones de personas.
Entre la lucha por las competencias se esconde una política similar
El actual conflicto entre la Xunta de Galicia y el gobierno central tiene que ver con una cuestión de aplicación de competencias, es decir, quien tiene el derecho de restringir las libertades individuales y colectivas en la sociedad.
Nosotros nos oponemos a esta política de responsabilizar individualmente a cada uno de nosotros de la situación actual y el devenir de la pandemia.
Creemos que la lucha contra la pandemia debe basarse en otras coordenadas. Más que centrarse en la restricción de la movilidad, el derecho de reunión y manifestación, el toque de queda, etc, debería de basarse en verdaderas medidas que puedan parar al COVID-19.
La posición “dura” del PP de Galicia defendiendo la vacunación obligatoria no es más que una escenografía de un discurso donde Feijóo dice primar la sanidad sobre la economía. Un discurso que puede parecer completamente opuesto al de Ayuso y el PP de Madrid, que defienden la “libertad” despreocupandose de los problemas sanitarios, aunque en el fondo ambos han sido partícipes de la nefasta privatización de servicios sanitarios, y son responsables de las deficiencias en la calidad asistencial.
Además, lo cierto es que según recientes encuestas solamente un porcentaje muy bajo de la población no está dispuesta a vacunarse, y ese porcentaje no afecta al necesario para la inmunidad de rebaño, que se alcanzaría cuando aproximadamente el 70 % de la población estuviera inmunizada. Sería una medida, la de la obligatoriedad, claramente de cara a la galería.
El verdadero problema en cuanto al desarrollo de la pandemia no es que la población no quiera vacunarse, o la indefinición legal de las medidas de restricción de libertades cuando finalice el Estado de alarma.
El verdadero problema es el lento ritmo de vacunación producto de la codicia capitalista que lleva a falsas promesas de las farmacéuticas y a la competencia entre Estados, los transportes congestionados, el mal estado del sistema de salud después de más de una década de recortes, así como el paro masivo y la pobreza generadas por esta nueva crisis económica capitalista.
Por eso nosotros planteamos que es necesario liberalizar la producción de vacunas, cuya investigación ha sido financiada masivamente con fondos públicos, y cuyos enormes beneficios solamente están disfrutando las grandes compañías farmacéuticas.
Es necesario a su vez aumentar los medios y el personal en la Sanidad Pública, así como acabar con todo tipo de precariedad y temporalidad laboral en el sector, del mismo modo que todos los recursos de la sanidad privada deberían ser puestos bajo control público. Además, se deben ampliar las flotas de buses y trenes para garantizar un aforo en el que se pueda mantener la distancia social de seguridad en el transporte público, hasta que se vacune a toda la población. | 
