La minuta con la iniciativa fue aprobada por Morena, PT y PES, mientras que los partidos de la oposición de derecha, constituidos por el bloque PAN, PRI, MC y PRD, votaron en contra. El Partido Verde se abstuvo.
Con esta reforma, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) adquieren facultades para revocar a los titulares privados aquellos permisos que operen delictivamente a través del contrabando de hidrocarburos, conocido mejor como “huachicoleo”.
Esta práctica del huachicoleo ya era frecuente incluso antes de que la reforma energética fuera aprobada en 2013 por los partidos del “Pacto por México”. La periodista Ana Lilia Pérez, en su libro El cártel negro, narra cómo el trasiego ilegal de hidrocarburo se convirtió para los cárteles mexicanos como los zetas, en la principal fuente de ingresos, por encima de la droga y la extorsión, durante los sexenios de Fox y Calderón.
La periodista sustenta cómo, a través de las concesiones por transporte de combustible entregadas a particulares, los cárteles y las cúpulas “charras” del sindicato petrolero ordeñaban a PEMEX para vender en el extranjero cientos de miles de barriles a empresas refinadoras transnacionales.
Como escribimos aquí, recuperando información de la obra de Ana Lilia: “El presidente de la Canacar [Cámara Nacional del Autotransporte de Carga] en el sexenio de Fox era Manuel Gómez García, propietario de Intertransports y ex gerente del grupo Gor. Sus empresas comercializaban a Estados Unidos con total libertad hidrocarburo robado, según había reportado ya la propia área de inteligencia de Pemex. En el 2008 Manuel Gómez García fue ejecutado”.
La industria del transporte estaba engarzada por incontables tendones con el crimen organizado y los dirigentes del sindicato en ese entonces, comandado por el ahora “retirado” Carlos Romero Deschamps.
Estas prácticas alcanzaron un máximo escalofriante durante el gobierno de Calderón, momento del esplendor y ocaso del grupo de los zetas. No obstante, luego de la aprobación de la reforma energética en el 2013, y con el desmembramiento del cártel de la última letra, el huachicoleo se multiplicó.
Las empresas privadas de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación y exportación de hidrocarburos crecieron y se fortalecieron al amparo de la nueva ley peñanietista, lo que no hizo más que complejizar la distinción entre el negocio legal e ilegal del petróleo y sus derivados. Sin duda, muchas de las empresas ligadas al narco aprovecharon la ley para profundizar su expoliación a Pemex.
Los senadores de la 4T pretenden que con la nueva reforma, el encumbramiento de las empresas ligadas al negocio del trasiego de combustible llegue a su fin, reposicionando a Pemex como una empresa productiva y empoderada. Sin embargo, al no contemplar la expropiación de aquellas empresas fraudulentas, las promesas del resurgimiento de la empresa productiva del estado, son cuando menos, cuestionables.
Ante la avalancha de amparos que se prevé realizarán los empresarios y la derecha, como ocurrió con los amparos ejecutados con la aprobación de la reforma eléctrica, la cual se encuentra en suspensión definitiva gracias a un juez ligado al poder económico, el gobierno y los legisladores de la 4T buscan reformar también al poder judicial, para supuestamente “limpiar” los vestigios del “antiguo régimen” que quedan en la Suprema Corte, posicionando en esta institución reaccionaria a personajes afines.
Para garantizar una verdadera soberanía energética, es indispensable, como escribe Arturo Méndez, la “expropiación y renacionalización de toda la industria energética, bajo el control democrático de sus propios trabajadores, algo que no vendrá de la mano del gobierno de la 4T, que se queda a mitad de camino en sus intentos e impotente frente a los jueces que ganan millones sirviendo a los grandes empresarios”.
Solo así podrán servir realmente al interés nacional, es decir a los trabajadores y el pueblo. | 
