Dentro de la exposición de motivos de la iniciativa a partir de la cual fue expedida la LGES se expresa que, con la propuesta de esta nueva Ley secundaria, y en supuesta sintonía con el artículo 3ro constitucional, se busca “garantizar una cobertura universal en educación… desde el nivel inicial hasta el tipo superior”, además, se dice que se reconoce “… a las maestras y maestros como agentes de transformación social y se establecieron mecanismos para dignificar y respetar su labor.”
En el apartado referido se comenta además que “…se estableció la necesidad de elaborar el Acuerdo Nacional Educativo con los siguientes objetivos: contribuir a la formación del pensamiento crítico y la recuperación de valores… fortalecer el tejido social… y construir relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos.”
Posteriormente, el texto plantea que “El acuerdo nacional es una clara muestra de que los cambios se producen mediante el diálogo, sin imposiciones, a través del uso de la razón y el Derecho, como es la convicción del Gobierno de la República.”
Se afirma, además, que la iniciativa en comento es una “construcción colectiva”, pues según, en ella se incluyeron las propuestas y experiencias de especialistas, profesionistas, académicos, investigadores, autoridades universitarias y educativas, así como del público en general, las cuales supuestamente fueron recabadas a través de seis foros regionales de consulta sobre legislación secundaria en materia educativa, llevados a cabo entre el 27 de junio y el 11 de julio de 2019: nada más lejos de la realidad.
Los seis foros mencionados fueron eventos llevados a cabo a discreción, con una convocatoria que tuvo una difusión raquítica, por lo tanto, las bases de trabajadores académicos y administrativos de las universidades no tuvieron voz para manifestar las difíciles realidades que enfrentan debido a las profundas condiciones antidemocráticas, de precarización laboral, violencia institucional y corrupción que imperan en las universidades públicas del país.
La voluntad que sí quedó plasmada en la Ley General de Educación Superior fue la de los rectores y las cúpulas burocráticas universitarias, quienes tuvieron audiencias previas con el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, así como con el entonces presidente de la Comisión de Educación del Senado, el morenista Rubén Rocha Moya, quien actualmente es candidato a la gubernatura de Sinaloa. ¿Por qué afirmamos eso?
El 20 y 21 de junio de 2019, pocos días antes del inicio de los foros mencionados anteriormente, acaeció la LV Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el organismo encargado de pasar los planes imperialistas de la OCDE, el FMI y el BM para la educación en México.
En dicho evento Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presentó una propuesta ante esa Asociación y el Subsecretario, la cual fue apoyada y tiene que ver con un planteamiento que fue presentado con un tinte progresista pero que contiene un fondo sumamente antidemocrático. La idea expuesta en ese momento por Guerra Liera pregonó que “los congresos de los estados se abstengan de reformar las leyes orgánicas de las universidades públicas porque ello representa un atentado y violación de la autonomía universitaria”.
La propuesta se plasmó en el artículo 2 de la Ley en cuestión, quedando establecido que: “Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su órgano de gobierno colegiado”.
Es importante subrayar que esta Ley especifica que las consultas deben tener el visto bueno de los órganos de gobierno universitarios, los cuales pueden bloquear en última instancia la aprobación de leyes orgánicas democráticas.
Este es, pues, un freno legal a todo ímpetu democrático que pueda surgir en universidades. Dado el férreo control que a nivel fáctico tienen caciques universitarios y sus grupos políticos sobre los órganos de gobierno, en los hechos esta Ley establece, prácticamente, que se les pregunte si aceptan que se reformen las leyes orgánicas universitarias al amparo de las cuales se han enquistado en puestos directivos -en algunos casos durante décadas-, logrando controlar las instituciones públicas de educación superior del país.
No es algo fortuito que el rector de la UAS sea quien presentó esta idea, ya que dicha universidad se encuentra secuestrada desde hace 15 años por el jefe político de Eulogio Guerra: Melesio Cuén (exrector UAS 2005-2009), quien es presidente del Partido Sinaloense (PAS), también conocido como la “universidad-partido”, instituto político que nace en 2012 producto del uso clientelar de la UAS y con el cual el Morena ha establecido una alianza por la gubernatura de ese Estado de cara a las próximas elecciones.
Sobre el caso particular de la UAS, el Congreso de Sinaloa, con amplia mayoría morenista, envió a la congeladora diversas iniciativas de reforma a su Ley Orgánica, las cuales se habían hecho llegar por profesores y estudiantes con el objetivo de luchar, en el plano legal, contra la universidad-partido; ahora, gracias a esta ley secundaria, esas iniciativas no podrán ser siquiera discutidas. Sin embargo, hay que entender que este candado legislativo afecta a todas las universidades públicas del país.
El mencionado Rocha Moya, como presidente de la Comisión de Educación del Senado, llevó a cabo la función de cabildear que ese interés en particular quedará establecido en la Ley: el daño que Rocha le ha hecho a la educación pública nivel superior en México es gravísimo. Ello se hizo supuestamente en nombre de la defensa de la autonomía de las universidades, no obstante, de quien en realidad buscan “defenderse”, es de las comunidades universitarias organizadas que quieren tomar en sus manos el destino de la educación superior.
Ahora bien, en relación al aspecto de la gratuidad y universalidad de la educación superior, el artículo 66 refiere: “Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, a partir de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto en esta ley, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos”… Finalmente, la fracción II del tercero transitorio del artículo 77 de esta Ley establece que: “La gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2021-2022”.
Es decir, la cuestión de la gratuidad de la educación superior queda supeditada a lo que se destine del presupuesto federal a las universidades del país; cifra que año tras año ha sido insuficiente, tendencia que no cambiará por voluntad del gobierno federal ni del poder legislativo. Por los elementos expuestos es que decimos que esta Ley General de Educación Superior es antidemocrática y demagógica desde el inicio de su elaboración hasta el momento de su publicación y entrada en vigor.
La gratuidad de la educación superior bajo las condiciones laborales e institucionales actuales en universidades supone preservar e incluso acentuar la estructura de precarización que a nivel superior se expresa en la figura emblemática de “profesor de asignatura”, sin estabilidad laboral.
Tomando en cuenta las situaciones que están ocurriendo en las universidades del país, cuyos casos emblemáticos encontramos en las injusticias laborales que recientemente se han hecho visibles gracias al movimiento de profesores de asignatura de distintas escuelas y facultades de la UNAM, preguntamos ¿A través de estos planteamientos de la LGES se logrará la dignificación de las maestras y los maestros de educación superior y se respetará su trabajo?, ¿Podrán construirse relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos tal como expresa la exposición de motivos de esta Ley?, ¿Será la LGES un garante de gratuidad de la educación superior tal como Rubén Rocha Moya, principal impulsor de la misma, pretende hacer creer? Evidentemente no.
Sin embargo, sostenemos que trabajadores académicos y administrativos, así como estudiantes de todo el país, no debemos arrodillarnos frente al hecho consumado: la única salida posible para combatir a las cúpulas burocráticas y a los cacicazgos universitarios, para lograr más presupuesto para universidades a la par de mejores condiciones laborales y una mejor educación superior que esté al servicio de los trabajadores y los sectores populares, es la organización y movilización de los estudiantes, docentes y trabajadores a nivel nacional y de manera independiente a las autoridades universitarias, los partidos del régimen y el gobierno.
Es necesario además avanzar en la perspectiva de que las universidades deben ser administradas por las comunidades universitarias, es decir, estudiantes y trabajadores tanto académicos como administrativos, para que estas estén al servicio de las grandes mayorías. Es también urgente construir un plan de lucha del conjunto del sector educativo para la defensa de la educación. Por ello consideramos como una necesidad apremiante asistir al Encuentro Nacional en Defensa de la Educación Pública por la Asamblea Inter-UNAM convocado para este 8 de mayo.
Movilicémonos contra esta y otras reformas como en el caso de las UMAS, pero también por una prohibición real del outsourcing, así como por vacunas para todas y todos antes de la vuelta a clases presenciales. Una buena oportunidad para ello es movilizarnos este 1º de Mayo de manera unitaria, combativa e independiente e los partidos políticos del régimen y del gobierno. | 
