La pandemia por coronavirus empeoró la gravísima situación que presos y presas de todo el país padecen a diario. Como dicen ellos mismos denuncian junto a organismos de derechos humanos y especialistas en el tema: "Las cárceles son centros de tortura".
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Declarada la pandemia, en distintos penales del país hubieron reclamos ante la desesperación de quienes están encerrados y ven que las condiciones de detención y el hacinamiento son una amenaza que minuto a minuto pone en riesgo su salud y sus vidas.
En abril de 2020, en la Unidad Penal 1 de Corrientes 23 presos de uno de sus pabellones tenían coronavirus por haber estado en contacto con un agente del Servicio Penitenciario provincial infectado. La cantidad de contagios elevó los casos positivos en la provincia, que en ese momento tenía un total de 78 casos confirmados. Es decir que en esa cárcel residía el 30 % de contagiados de toda la provincia de Corrientes.
En esta misma Unidad Penal el Estado asesinó el 19 de abril a Kevin Candía, un joven de 22 años que estaba preso allí desde hacían tres, cumpliendo una condena por el robo de un celular a una vecina. La primera versión estatal de manual fue que "los presos se mataron entre ellos". Pero la mentira duró poco, y las pericias determinaron que la bala que asesinó a Kevin era de las fuerzas de seguridad.
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Los presos de ese penal habían iniciado una huelga de hambre para pedir que se aceleren los pedidos de protección a la población de riesgo ante los posibles contagios de coronavirus, luego de que se confirmara un caso positivo de un oficial penitenciario. Exigían “medidas por la alta vulnerabilidad que existe en las cárceles en torno al covid-19”. En ese penal la capacidad es para 440 personas, pero se encuentran detenidas 670. Los presos tenían razón, el pico de contagios fue una muestra más que contundente.
El Comité Contra la Tortura de Corrientes había realizado días antes del asesinato de Candía una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde expresaban que “habiendo realizado el Servicio Penitenciario un censo de los casos de mayor riesgo y en condiciones de obtener beneficios como libertad asistida, condicionales, plazo razonable, y demás medidas para descomprimir la superpoblación en las unidades penales de esta ha dado inicio a más de 50 solicitudes de las que al día de la fecha no han sido resueltas por el Juzgado de Instrucción en turno habiéndose presentado las mismas al inicio de la feria judicial".
Lo sucedido con Kevin Candia en Corrientes fue una muestra de lo que ocurrió en distintos penales del país, como en Florencio Varela con el crimen estatal de Federico Rey, entre otros que son ocultados por el poder y permanecen impunes.
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En la provincia de Buenos Aires la situación es gravísima, el hacinamiento en cárceles y comisarías alcanzó su récord histórico.
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Presas y presos detenidos en esos lugares llevaron adelante huelgas de hambre y reclamos para intentar que el Ministro de Justicia Julio Alak, el gobernador Axel Kicillof y quienes tienen responsabilidad por lo que ocurre tras los muros den respuestas de fondo a las condiciones inhumanas en las que se encuentran.
La respuesta estatal fue la represión: más de mil quinientos detenidos fueron heridos en la brutal represión desplegada por el Servicio Penitenciario bonaerense en noviembre del año pasado.
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En esta segunda ola las condiciones de detención lejos de mejorar se mantienen y en algunos casos empeoraron. Falta de atención médica, torturas, falta de alimentación, son moneda corriente tras los muros. El crimen de Kevin es otro de los cuales es responsable el Estado, que en las cárceles y comisarías tortura todos los días. | 
