Luego de una asamblea publica en Plaza San Martin a la que asistieron agrupaciones medioambientales, antiespecistas, trabajadores de la salud, el FITU y otras agrupaciones de izquierda, nucleados en la Red Socioambiental Tucumán, se decidió movilizar, exigiendo principalmente la liberación inmediata de los 10 presos políticos ambientalistas en Andalgalá. Será este martes 27 a las 17 frente al Rectorado de la UNT, exigiendo también la desvinculación de la UNT con el Proyecto Mara (ex Agua Rica) como parte de un acuerdo entre el YMAD (UNT, gobierno nacional y provincia de Catamarca) y la multinacional Suiza Glencore, Yamana Gold y Newmont.
La fiscal Marta Nieva fijó una caución de 300 mil pesos a cada detenido para su liberación. Esta pretende que los detenidos —entre los cuales hay docentes, estudiantes, jubilados, comerciantes y artistas— paguen una cifra extorsiva de 3 millones de pesos en total para recuperar su libertad por haber defendido su territorio y el agua.
Esta caución viola el acuerdo de Escazú, que pone énfasis en proteger y dar herramientas a las personas defensoras de los DDHH en asuntos ambientales y de los cuales nuestro país es firmante. Pero que en los hechos termina siendo una herramienta de demagogia del gobierno de Fernández para ocultar su verdadera política extractivista.
La UNT, conducciones estudiantiles y política nacional extractivista
La UNT desde hace varios años que se ve envuelta en escándalos en torno a la explotación de La Alumbrera en su momento y actualmente con el nuevo proyecto de Aguas Ricas.
La universidad de Tucumán es parte de la compañía Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que luego de haberse asociado con Minera Alumbrera Limited, ahora acordó un nuevo acuerdo para la Explotación en el marco del proyecto Maras en la zona de Nevados del Aconquija. Por el cual la universidad recibe el 20% de las utilidades. Sin embargo la Universidad de Tucumán se ve envuelta en escándalos por desfalcos de fondos por millones de dólares y el procesamiento del ex rector Alberto Cerisola y la exoneración de una funcionaria Olga Cudmani. Al mismo tiempo que guarda silencio con respecto a la falta de licencia social en los territorios donde se llevan a cabo las explotaciones mineras, a pesar de las numerosas denuncias por contaminación, por filtraciones en los diques de cola y mineraloducto que van hacia Tucumán donde son tratados para luego ir al puerto de Rosario y al exterior.
Dentro del Consejo Superior, la complicidad con el proyecto minero Mara cuenta con el silencio y la pasividad los representantes estudiantiles del MPE y la Franja Morada, quienes se negaron a prestar la palabra a la movilización y asamblea al Rectorado durante la sesión del 13 de Abril.
Mientras que el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e IML, dirigida por la Agrupación Rumbo Estudiantil ligada al MPE, se negó a pronunciarse en contra de la mega minería y del pacto de la UNT con las trasnacionales y se negó a convocar a la concentración frente al consejo del pasado 13 de Abril, por no querer ponerse en contra de los intereses mineros, de los cuales nuestra facultad aporta los cuadros técnicos y científicos más importantes, así como también los directores del YMAD.
Estas agrupaciones estudiantiles son las representantes universitarias de las mismas fuerzas que a nivel nacional vienen sosteniendo el extractivismo desde el menemismo y que continuaron los gobiernos que lo sucedieron y que consiste en la voladura de la montaña a cielo abierto para la extracción de los minerales, liberando sustancias nocivas al medio ambiente.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner y, con el aumento de los precios de metales, se promulgó un decreto que permitía la liquidación de la totalidad de las divisas en el exterior. Cuyo proceso se profundizó durante la presidencia de Cristina Kirchner, con pocas modificaciones y sumándoles luego el veto a la Ley de Glaciares y la sanción de la Ley Antiterrorista que colabora a la criminalización de la protesta social.
Mientras que durante el gobierno de Macri, apoyado por la Franja Morada, se quitó las retenciones en 2016 a las exportaciones mineras. Hoy el gobierno de Alberto Fernández se prepara para pagar hasta el último peso al FMI y no tiene ninguna duda en subvencionar al fracking en Vaca Muerta y en toda la zona cordillerana, rica en molibdeno, boro, litio, oro y cobre, entre otros metales, como está sucediendo con Aguas Ricas y el proyecto Josemaría en San Juan.
Durante los últimos 20 años, el aumento de los proyectos mineros, bajo ningún punto de vista implicó una mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores catamarqueños o sanjuaninos, sino que ambas siguen siendo provincias pobres y con altas tasas de desempleo. No es de extrañar que en este marco tanto la Franja Morada como el MPE guarden silencio, ya que son funcionales a las políticas extractivas a nivel nacional que quiere pagarle al FMI y porque quieren formar parte del control de la caja chica de ingresos en la UNT.
La unidad de las luchas
En la provincia la mayor parte de la población se concentra en zonas de alta contaminación a lo largo de sus cuencas hídricas, degradadas por la contaminación de décadas de los ingenios y empresarios del azúcar, así como también la quema de caña sistemática que se desarrolla todos los años durante la zafra, que afecta la salud de miles de trabajadores tucumanos y generando problemas crónicos respiratorios. A esto suma una que Tucumán es una provincia con altas tasas de desempleo y trabajo en negro bajos salarios, y que en general presenta pocas oportunidades a la juventud y que son sostenidas por el gobernador de Manzur.
Sin embargo, siguiendo las protestas de los autoconvocados de la salud, junto con pueblos originarios y población en general que mantienen numerosos bloqueos en Neuquén, en la provincia empiezan a aparecer nuevos procesos de lucha, por mejores condiciones de vida. Trabajadores al quedar expuestos durante años a los pesticidas han desarrollado distintas enfermedades, como problemas en riñones, arritmias cardiacas y cáncer, es decir, son grupos de riesgo que no pueden trabajar y a los cuales la patronal les niega obra social y cualquier tipo de remuneración.
Mientras las empresas citrícolas se llevan millones y con 10 días de explotación de cosecha pagan los sueldos de todo un año de los trabajadores de la cosecha del limón.
Por eso es que desde la Secretaria de Medioambiente y de Actas del CECN se planteó la necesidad de unificar las luchas de los distintos sectores, que ponen en cuestionamiento las políticas nacionales y provinciales que implementan el extractivismo contaminante, que se basa en la explotación de miles de trabajadores, que viven en la miseria y son expuestos de manera constante a todo tipo de sustancias toxicas. Derivados de la minería (cuyos efectos fueron detectados en la provincia) industria citrícola y cañera. Por eso llamamos a los centros de estudiantes, a trabajadores, sindicatos, movimientos ambientalistas, etc., a concentrar el martes 27 de abril a las 17 en las puertas del Rectorado de la UNT, en donde exijamos: la liberación inmediata de los presos por luchar, desvinculación de la UNT y proyecto MARA, bajen las máquinas del Aconquija, todo el apoyo a los trabajadores del citrus y ¡Basta de extractivismo, el Gobierno es responsable!. | 
