Chubut atraviesa, sin dudas, uno de sus momentos más complicados en lo económico, en lo social y también en lo político. Las diferencias expuestas entre los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo sobre la megaminería, son de forma y no de contenido, ya que todos son promineros. La diferencia radica en los tiempos de la votación del proyecto de zonificación minera del ejecutivo provincial. Arcioni quería en marzo, Linares y Cristina Fernández lo quieren después de octubre en base a un mero cálculo electoral.
Hoy la Iniciativa Popular (IP) está cajoneada y no quieren ni hablar de ella, pero tiene la firma de miles de chubutenses. Por eso, todos los bloques vienen impidiendo que se trate en la legislatura provincial.
Por su parte, el proyecto de zonificación minera, proyecto legislativo 128/20, que impulsa el gobernador Mariano Arcioni y que tiene como principal interesado al Gobierno nacional de Alberto Fernández, está listo para ser tratado en cualquier sesión de la legislatura, si consigue los 14 votos necesarios para que se apruebe. Este proyecto de zonificación apunta a la creación de “zonas de sacrificio” para el desarrollo de la actividad minera en las áreas menos pobladas de la meseta provincial, poniendo igual en peligro las cuencas acuíferas tal como denuncian las asambleas.
Corre el plazo de la iniciativa popular
Recordemos que la IP 2020 fue presentado en el tribunal electoral el 18 de noviembre, según consta en el acta, y fue a la legislatura el 23 de noviembre de 2020 . El proyecto de ley tiene la firma del 6 por ciento del padrón electoral y está avalado en el artículo 263 de la Constitución de Chubut. Pero hay aún incertidumbre respecto a cuando sería la fecha límite para su debate legislativo de la IP.
Mientras varios medios difundieron que la fecha tope para su tratamiento sería el 23 de mayo al cumplirse seis meses de su ingreso a la legislatura provincial, y algunos legisladores hablaron de anticipar su tratamiento, desde las asambleas plantean que sería el 26 de julio tomando como referencia el mismo artículo 263 de la Constitución provincial que contempla los días hábiles y descuenta de dicho plazo los de receso en la cámara.
El proyecto de ley de la IP 2020 es la herramienta legislativa elegida desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut –UACCh- para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios. Es que la IP es un proyecto de ley que permite la participación de la ciudadanía y requiere de su aval para ingresar y ser tratado en la legislatura provincial. Esta es la segunda vez que las asambleas del No A La Mina presentan un proyecto de estas características tras el fraude legislativo de la primera IP presentada y fraguada en 2014, acompañada entonces por la foto escandalosa del diputado que en pleno tratamiento del proyecto recibía órdenes de un empresario minero para hacerle modificaciones a la ley del pueblo.
La provincia de Chubut tiene una ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley fue sancionada en el año 2003 tras el contundente rechazo a la minería en una consulta popular en Esquel en la que más del 81 por ciento de la población votó no a la mina y echó a Meridian gold de su montaña. Desde entonces la Ley 5001, denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción, pero no es suficiente, ya que la misma ley plantea la posibilidad de zonificación minera en la que ahora Arcioni se sustenta para sacrificar el 70% del territorio provincial, a pesar de que el lapso de 120 dias estipulado para ello venció hace unos 15 años.
Por eso la IP 2020 precisa el contenido de la Ley 5001. Se agregan elementos químicos que se prohíben en la minería metalífera, al igual sucede con la Ley 7722 de Mendoza, como los antactos que es el reactivo químico que utilizaría el Proyecto Navidad.
Esta ampliación es necesaria ya que el gobierno nacional del Frente de Todos expresa la decisión de avanzar en la megaminería, es decir, entregar la meseta chubutense, al lobby minero para establecer zonas de sacrificio, como la ofrecida al proyecto Navidad en la meseta central de Chubut, cuya actual propietaria es la repudiada multinacional Pan American Silver, reconocida en América Latina por los estragos que dejó en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú.
Prohibición definitiva a la minería en Chubut o postergación para después de las elecciones
Desde el gobierno nacional miran con preocupación el avance de la Iniciativa Popular en Chubut y el impacto que tendrá en otras inversiones mineras previstas en el país. El secretario de Minería, Alberto Hensel, anunció la intención del Gobierno de trabajar sobre la carga tributaria de grandes proyectos mineros de manera de “facilitar inversiones millonarias que se puedan recibir del sector”, con la consecuente “generación de empleo”.
Las falsas promesas de empleo, cadena de valor y “generación de divisas” que realizan los funcionarios podrían darse de narices con la prohibición y antecedente que podría plantearse desde Chubut.
El gobernador Arcioni apoya la megaminería buscando tras la “diversificación de la matriz productiva” de la provincia que lleguen fondos para seguir pagando la deuda externa, por un lado, y dinero fresco para superar el déficit de la economía de la provincia, que se manifiesta en el atraso salarial a los trabajadores de la provincia, como a los jubilados, por el otro.
El discurso que esgrimen los gobiernos busca hacer mella sobre la urgencia de amplios sectores de la clase trabajadora desocupada y marginada, pero también sobre la expectativa de que las supuestas riquezas que produzca la minería se derramaran sobre el conjunto de la población.
En este contexto político en que el extractivismo se constituye en la falsa panacea para superar la crisis económica nacional, solo la más amplia movilización puede lograr la derrota de la zonificación y la aprobación de la IP. La experiencia del 2014, demuestra que la rosca parlamentaria está en función de los intereses de las mineras, el gobierno y la casta política provincial. La denuncia de coimas en diciembre pasado lo confirma. Pero también las experiencias de lucha en Mendoza y Catamarca nos alertan sobre lo endeble de una conquista legal.
Por un lado, el ejemplo de Andalgalá, donde la Corte Suprema de la Nación intervino en favor del proyecto minero Agua Rica declarando inconstitucional la prohibición de la megamineria que había dictado el Concejo Deliberante local, sienta un precedente al que el gobierno nacional puede echar mano en caso de que se apruebe la IP. Por el otro, la IP está sometida desde su nacimiento al arbitrio de una cámara legislativa provincial extremadamente lábil a cualquier negociado que beneficie a terratenientes, pesqueras, petroleras, y obviamente a las mineras. La división que hoy enfrenta en su seno, y que impide a Arcioni contar con los votos necesarios para aprobar el proyecto de zonificación, es producto de la especulación electoral en torno al costo político de la misma, y es diametralmente opuesta a la unidad expresada en la nula voluntad de debatir, jamas aprobar, la IP 2020.
Como lo demostró el pueblo de Mendoza, la defensa de lo conquistado depende siempre de una relación de fuerzas que se define en las calles, terreno propicio para expresar la voluntad popular. Sin la enorme movilización de diciembre de 2019, Mendoza sería hoy tierra arrasada por las mineras. Sin embargo, el proyecto de la represa Portezuelo del Viento, continúa en carpeta como una demostración de que en cuanto las condiciones sociales lo permitan se avanzará con la minería. Si pensamos en el parque eólico El Escorial que se proyecta en Chubut, resulta evidente que el gobierno avanza en la infraestructura necesaria para el desarrollo minero a la espera de doblegar la voluntad popular.
Con todo, lograr la aprobación de la IP sería un golpe político enorme para los planes de Arcioni y Fernandez. Un golpe que sólo puede lograrse, y sostenerse contra los embates del lobby minero, con la más amplia movilización en las calles. y la masividad se logra arrancando a las conducciones sindicales las medidas de fuerza que pongan en jaque al gobierno de los capitalistas. Como planteo Nicolas del Caño en ocasión de presentar en el Congreso Nacional el proyecto de ley para prohibir el uso de sustancias contaminantes en la minería y la minería metalífera, “sabemos que solo la lucha y la movilización del pueblo la juventud y la clase trabajadora puede derrotar esta ofensiva de saqueo y contaminación”.
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Justamente el proyecto del diputado del PTS en el FITU plantea plantea, además de la prohibición del uso de sustancias tóxicas y de la minería a cielo abierto, resguardar los salarios de los trabajadores de las mineras, las que también deberán hacerse cargo de los riesgos a la salud ocasionados a la población cercana a los yacimientos en funcionamiento hasta la sanción de la ley, asi como la remediación de los daños ambientales derivados. El proyecto también prevé la fiscalización de ley por parte de Comités de Control Obreros y Comunales Autónomos con carácter vinculante
Proyecto de Nicolás del Cañ... by La Izquierda Diario
Por ello, es necesario redoblar la iniciativa en las calles para imponer el tratamiento parlamentario de la IP antes de que el plazo legal establecido, sea en mayo o en julio,sirva de excusa a los legisladores para su no tratamiento. El pueblo de Chubut ya decidió desde hace 18 años, por el no a la megaminería. En plena pandemia logró en pocos meses juntar más de 40 mil firmas en 48 parajes y ciudades de la provincia. Preparar una gran movilización provincial, que surja desde cada asamblea de cada ciudad, para que se extienda como un reguero de pólvora y seamos miles en toda la provincia que golpeemos como un solo puño e impongamos el tratamiento y que se vote sin modificaciones. | 
