El pasado domingo 25 de abril organizaciones sociales junto a los padres de Cecilia Gisela Basaldúa, la joven mochilera asesinada en abril del año pasado en Capilla del Monte, se movilizaron desde el Jardín de la Memoria de la plaza San Martín de Capilla del Monte para denunciar las irregularidades en la investigación y exigir el esclarecimiento del caso.
La movilización y la nueva audiencia de "juicio ético y feminista a la justicia patriarcal" de la que participaron familiares y amistades de la joven fue organizada por el movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte y el colectivo feminista Abya Yala.
Cecilia tenía 36 años, era artesana y fue vista por última vez el 5 de abril del año pasado y apareció asesinada en un "campo -basural" veinte días más tarde.
El 6 de marzo último la Fiscal de Cosquín, Paula Kelm, decidió elevar la causa a juicio con Lucas Bustos como único imputado, resolución que fue rechazada por los padres de la víctima, por la Secretaría de Derechos Humanos y por el abogado Sergio Sánchez, defensor de Lucas Bustos, albañil de 24 años, al que los familiares de Cecilia califican como "perejil", ya que no lo vincula prueba alguna con el femicidio de Basaldúa.
La familia de Cecilia apunta a Mario Mainardi como principal sospechoso. Fue quien le dio alojamiento y el último en verla con vida. En su domicilio se encontraron rastros de sangre que no fueron analizados y una testigo ocular clave, llamada María denunció que el 4 de abril estaba en una fiesta en la casa de Mainardi y a la madrugada vio como Mainardi, Viviana "la rasta" Juárez y dos hombres, Ramon y Zárate golpearon, amordazaron y subieron a un auto a la joven. Cuando fue a la comisaría a declarar descubrió que Ramon y Zárate eran policías.
María ha expresado que "corre peligro y ya fue amenazada por el propio Mainardi", según sus dichos este le dijo que va a "terminar en un basural y que saben que tiene una hija, que la fiscal le hacía la pata y que iba a hacer cualquier cosa para ayudarlo". Aparte, nunca se explicó dónde estuvo retenida Cecilia durante tres semanas antes de ser encontrada y por qué hubo reiteradas comunicaciones telefónicas entre el sospechoso y otros presuntos encubridores.
Desde Pan y Rosas, el PTS, junto a la Red de Trabajadores Precarizados nos sumamos a la denuncia de la familia y seguimos denunciando que el estado es responsable.
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